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21 de julio de 2016

Población afrocolombiana, la más golpeada por la guerra

Las mujeres afrodescendientes denuncian que han sido las más afectadas por la guerra. / Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas
COLOMBIA
Sandra López


El 75% de los casi 5 millones de afrodescendientes vive en la pobreza, sin acceso a servicios públicos, y más de 700,000 son desplazados.

Cuando se habla de población afrodescendiente en Colombia hay una coincidencia entre las organizaciones que la representan: que desde 1504, año en que los españoles trajeron el primer lote de esclavos desde África y pese a que en 1852 el entonces presidente José Hilario López abolió la esclavitud, la comunidad afrocolombiana ha carecido desde siempre de reconocimiento como ciudadanos sujetos a derechos, a igualdad de oportunidades y a no ser discriminados.

Según el último censo poblacional realizado en 1985 por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, la población afrocolombiana supera los 4.3 millones —incluyendo las categorías de raizal (habitantes del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina), palenqueros (descendientes de esclavos cimarrones que huyeron a sitios de difícil acceso y fundaron poblaciones autónomas que llamaron palenques), negros y mulatos —, lo que representa un 10.4% del población nacional.

Investigaciones recientes de la Dirección Nacional de Planeación (DNP) revelan que el 75% de la población afro del país recibe salarios inferiores al mínimo legal de 800,000 pesos, equivalente a unos US$276, y su esperanza de vida se ubica en un 20% por debajo del promedio nacional, que en el 2014 estaba en 76 años. Asimismo, aproximadamente el 85% de la población afrodescendiente vive en condiciones de pobreza, marginalidad, sin acceso a todos los servicios públicos básicos, con mínima calidad de vida.

La DNP señala que la calidad de la educación secundaria que recibe la juventud afrocolombiana es inferior en un 40% comparada con el promedio nacional. En los departamentos de la zona Pacífico, de predominante población afrocolombiana, de cada 100 jóvenes que terminan la secundaria, sólo dos ingresan a la educación superior.

Pero si hay algo que ha golpeado a esta comunidad ha sido el conflicto armado que cumple más de 50 años y que llegará a su fin con la inminente firma del acuerdo de paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), anunciada el 23 de junio en La Habana, donde se llevan a cabo las negociaciones desde noviembre del 2012.

La gubernamental Unidad para las Víctimas —que brinda atención, asistencia y atención integral a personas afectadas por el conflicto armado—, al 1 de mayo del 2016 registra 7’762,840 víctimas, de las cuales 707,933 son afrocolombianas y 1,000 son palenqueros. De acuerdo con el Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano (CONPA), Colombia tiene hoy más de 6 millones de desplazados internos y tres de cada 10 personas desplazadas son afrocolombianas.

Desplazamiento masivo

Daniel Gómez, investigador del Observatorio de Discriminación Racial —que aporta elementos jurídicos e investigaciones académicas para incidir en los debates sobre la discriminación racial— dice a Noticias Aliadas que el conflicto armado ha vulnerado los derechos de esta comunidad “especialmente en el desplazamiento masivo”. Explica que esto no solo los priva de sus territorios sino que “como grupo étnico las comunidades negras tienen prácticas culturales relacionadas con la pesca o producción agrícola que hacen que el desplazarse pierdan su subsistencia tradicional”.

Según Ariel Palacios, de la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas (CNOA), que forma parte del CONPA, “a los daños del desplazamiento forzado hay que sumarle asesinato de los líderes que desarrollan un proceso de resistencia”. La Defensoría del Pueblo ha registrado 185 miembros de comunidades afrodescendientes que en el 2015 pidieron protección al gobierno colombiano por amenazas provenientes de diversos grupos armados ilegales.

Palacio advierte también sobre la falta de información sobre la reparación que están recibiendo las víctimas de este grupo étnico que se han acogido a la Ley 1448 de junio del 2011 que comprende restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición a quienes hayan sufrido, individual o colectivamente, por la guerra. “Los informes no dan cuenta del número diferenciado de víctimas afrodescendientes reparadas”, señala.

“Gracias a las Ley 70 de 1993 [que reconoce el derecho a la propiedad colectiva de las comunidades negras] se han titulado unas 5 millones de hectáreas a cinco consejos comunitarios, pero existen otros 30 comunidades ancestrales cuya tierra no tiene garantías jurídicas”, asegura, añadiendo que el proceso de titulación se hace lento debido a que “muchas de estas tierras se contraponen a los proyectos minero energéticos del Estado y de empresas extranjeras”.

Clara Inés Valdez, del área de Mujer y Género del CNOA, destaca que “las mujeres afro hemos sido las más afectadas por la guerra, no sólo en el marco del abuso sexual, sino porque nuestros esposos y nuestros hijos han sido asesinados”.

Palacios dice que incomprensiblemente “nosotros como organizaciones independientes no hemos tenido la posibilidad de una conversación en La Habana para abordar los impactos diferenciados del conflicto y cuáles son el conjunto de políticas diferenciadas que se están abordando en los diálogos de paz. Han ido víctimas afrocolombianas independientes a hablar de sus casos, pero no de forma colectiva”.

Ventana de oportunidades

Pese a todo, la posibilidad de la firma de un acuerdo de paz ilusiona a esta población. “Para nosotros los territorios deben mantenerse en paz, principalmente para nuestros hijos e hijas, para evitar el deterioro del medio ambiente y para los impactos en la vida comunitaria. Esperamos que las mujeres negras que no tienen tierras tengan la posibilidad de un acceso a ella de manera individual o colectiva y que la paz nos traiga desarrollo social en materia de acceso a la salud, a la educación, recreación, hábitat”, dice Valdez.

“El proceso de paz abre una ventana de oportunidades en lo que tiene que ver con el diseño del Estado y pueden incidir en la inclusión, participación y espacios de decisión política para esta población”, sostiene a su vez Gómez.

Y mientras se espera la firma definitiva de la paz, en el plano político las organizaciones y representantes políticos luchan para que se corrijan las desigualdades y que esta población sea incluida, con un enfoque diferencial étnico en los planes de desarrollo nacionales.

Desde el Congreso de la República, la representante a la Cámara Guillermina Bravo, quien lidera el grupo de 13 congresistas afrocolombianos, sostiene que hay que aprovechar la celebración del Decenio Internacional para los Afrodescendientes, proclamado por las Naciones Unidas a celebrarse entre el 2015 al 2024, para impulsar programas de actividades en busca de autoreconocimiento, justicia, equidad y desarrollo.

“Tener igualdad de oportunidades como cualquier otro colombiano para desarrollo económico”, afirma a Noticias Aliadas.

Bravo considera que es importante vigilar las políticas públicas que ya existen para que se cumplan y sobre todo “necesitamos tener una verdadera radiografía de nuestra población para poder tomar acciones asertivas y no divagar”.

La legisladora informa que para esto último su grupo impulsa en el Congreso “un proyecto de ley de caracterización de nuestra población. Planteamos que el próximo censo lleve preguntas más específicas para la población afrodescendiente porque necesitamos saber cuántas niñas y niños están en el sistema educativo para tomar las acciones pertinentes, cuántas mujeres afrocolombianas tienen oportunidad en la agricultura o a acceder a una vivienda digna o a un empleo”.

Señala que además presentarán otro proyecto que buscará la inserción de afrodescendientes en las altas ramas del poder público y otro de igualdad de oportunidades con énfasis en la educación y en el trabajo.

Fuente: Noticias Aliadas
Licencia: libre reproducción mencionando la fuente.


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