Publicidad

5 de julio de 2016

“Es una ofensa que te den 30.000 euros por la muerte de un hijo que pudo evitar”

Una sentencia atribuye al Estado la responsabilidad sobre el asesinato de José por otro interno en la prisión de Córdoba. “¿No hubiera habido dimisiones o ceses si hubiera fallecido un funcionario?”, exige la APDH-A.

OLIVIA CARBALLAR

“Lo que ha pasado es como si hubieran matado a un animal. Nadie nos ha llamado, nadie nos ha pedido disculpas, nadie nos ha dicho lo siento. Ni el director de la cárcel, ni ningún funcionario. Nadie”, dice indignada Yanet Márquez tras conocer la sentencia que atribuye al Estado la responsabilidad sobre el asesinato de su hermano, José, por otro interno en un baño de la prisión de Córdoba. “Existe una clara responsabilidad del Estado, dado el insatisfactorio cumplimiento de las medidas exigibles para garantizar la seguridad de los reclusos así como la integridad física de las personas encomendadas a su custodia”, concluye la sentencia.

Ambos estaban recluidos en un módulo de aislamiento y, por tanto, de especial vigilancia por su peligrosidad. “La sala, si bien está dotada de una cámara que transmite las imágenes, controlada por funcionarios de instituciones penitenciarias desde la garita del módulo, a unos 20 metros de la misma, no abarca el cuarto de baño, por obvias razones de protección de la intimidad. No sólo no consta que estuviera prohibido sino que al parecer estaba permitido que ambos internos, pese a su peligrosidad, pudieran dirigirse y permanecer en el cuarto de baño, en el que, reiteramos, no había cámaras y por tanto no estaban vigilados”, añade la sentencia.

“Pero es más -destaca el tribunal-, el módulo estaba atendido por sólo cinco funcionarios, uno de los cuales se encontraba siempre en el denominado búnker cuya función era la observación, mediante dos monitores, de la totalidad del recinto, es decir, los pasillos así como los patios y las salas de día; por ello, y dada la escasez de monitores, el funcionario encargado del búnker iba haciendo barridos, cambiando de cámaras de una a otra, recorriendo así la totalidad de las existentes en los patios y salas de día”.

Es decir, existe una clara insuficiencia de funcionarios; se produce una falta continuada de vigilancia -“el propio subdirector de Seguridad afirmó en su declaración que a raíz de estos hechos se incrementaron el numero de monitores”, indica la sentencia-, y se permite que los dos presos estén en un espacio, el baño, que escapa totalmente a la vigilancia, cuando se podría haber evitado con la simple prohibición de entrar a la vez.

“Es que es eso, es una muerte que se podría haber evitado”, insiste Yanet. La sentencia, que condena a 18 años de prisión al acusado, condenado anteriormente por otro asesinato, establece una indemnización para las dos hijas de José de 125.000 euros para cada una, de 30.000 euros para la madre y de entre 1.000 y 1.500 para los hermanos. “Nosotros, los hermanos, no esperábamos nada, pero que le den a mi madre 30.000 euros por la muerte de un hijo que se podía haber evitado es una ofensa. Nadie se lo va a devolver, pero eso es una ofensa”, repite Yanet, que asegura que van a recurrir la sentencia.

Según la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A), que ha estado siguiendo el caso, la inspección penitenciaria ya había constatado que con los medios e infraestructura existentes no era posible un control que evitara el fallecimiento. “El deber de velar por la vida e integridad física ha sido plenamente incumplido. El deber de la reinserción también fracasa a tenor del 48% de reincidencia tras la prisión existente en población masculina”, detalla la asociación. Se trata, insiste, de un asunto reiterado por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura dependiente del Defensor del Pueblo Estatal, que aún está tramitando la queja elevada por la familia de José y la asociación. “Demostrado el mal funcionamiento de un servicio de forma grave, con consecuencias irreparables, ¿no sería lógico que se hubieren asumido responsabilidades por alguien o se hubiere cesado a alguien? ¿No hubiera habido dimisiones o ceses si hubiera fallecido un funcionario?“, exige la APDH-A.

Según sus datos, entre 2006 y 2014, fallecieron 20 presos por agresión en las cárceles españolas, más de dos al año. “Es necesario un cambio para acabar con el régimen de vida más duro de prisión o, al menos, se establezcan medidas para reducir sus efectos y el número de afectados. Este hecho confirma la inutilidad del régimen. La dureza del sistema al que están sometidos los presos en este régimen genera situaciones de tortura psicológica que, sin justificar, no evitan y sí permiten este tipo de hechos”, sostiene la asociación.

Fuente: LaMarea

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Publicidad