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5 de junio de 2013

Expulsión inminente de un activista zaragozano 'sin papeles'

Expulsión inminente de un activista zaragozano 'sin papeles'

Zaragoza, España
DIEGO SANZ PARATCHA. Periódico Diagonal


La reforma de la justicia gratuita puede precipitar la expulsión de un activista senegalés de la Red de Apoyo a Sin Papeles de Zaragoza, sin medios económicos para pagar los 800 euros para las tasas del recurso contra la orden.

Ka, durante una charla del 15M en Zaragoza /
Arainfo
Alassane Ka, un activista de la Red de Apoyo a Sin Papeles de Zaragoza de nacionalidad senegalesa espera su expulsión inmediata del Estado español el jueves 6 de junio después de haber sido detenido el miércoles 29 por no tener permiso de residencia. El activista, que también ha participado en el movimiento antidesahucios de Zaragoza, se encuentra recluído en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) del barrio madrileño de Aluche desde el sábado.

Ka, vecino de Zaragoza desde 2006, no ha podido presentar el recurso contra la orden que le coloca en riesgo de ser expulsado porque en el momento de recibirla se encontraba detenido. Elsa, de la Red de Apoyo, explica a DIAGONAL el cúmulo de circunstancias que pueden conducir a este comprometido activista al vuelo que saldrá mañana jueves a las 18.30 del aeropuerto de Barajas con dirección a Senegal. "La expulsión se deriva en realidad de una detención anterior", relata. "La jueza decidió hace un mes ponerle la orden en vez de una multa, pero en realidad la notificación no la ha recibido su abogada de oficio hasta el momento en que Alassane se encontraba detenido después de otro control por papeles".

La abogada de oficio, cuya obligación es presentar el recurso, decidió que esta nueva detención la tenía que llevar otro letrado, circunstancia de la que Alassane no fue avisado en comisaría, según relata Elsa. Además, en los procedimientos de expulsión la asignación de un abogado en el turno de oficio era automática hasta la última reforma del ministerio de Justicia, que obliga a presentar una solicitud por escrito. Resultado: entre la detención y el traslado al CIE de Aluche, dos días muertos sin poder presentar el recurso. Sin esperar a la justicia gratuita, Ka tendría que haber pagado 800 euros en tasas para presentar el recurso contencioso administrativo contra su expulsión, una muestra, según el comunicado de la Red de Apoyo, de que “las tasas establecidas por la “Ley Gallardón” muestran aquí su auténtica realidad, que no es más que limitar los derechos de las personas, especialmente de aquellas sin recursos económicos que son las que requerirían de una mayor defensa y protección”.

A través del abogado de oficio que le fue asignado el viernes, Ka sí ha podido presentar una solicitud para que se aplace la expulsión que todavía no ha sido respondida por el juzgado. "En teoría deberían de responder antes de que se produjera la expulsión, pero en otras ocasiones ya ha pasado que la respuesta a esta solicitud llegue cuando la persona ya ha sido expulsada", explica Elsa. Según ha relatado el propio Ka desde el CIE de Aluche, este se encuentra "lleno" de ciudadanos senegaleses que esperan su deportación para mañana jueves. "Sólo de Zaragoza hay cuatro en total. Ayer mismo la policía estuvo haciendo redadas en los locutorios y muchos otros compañeros de la red han decidido quedarse en sus casas porque saben que el jueves hay un vuelo", afirma la activista.

De la redada al avión

Sus compañeros en la Red destacan que Ka ha sido privado de libertad “en el marco de lo que puede considerarse una redada racial, en contra de la población inmigrante” y puede ser expulsado sin que exista “ninguna acusación penal contra su persona”. Este tipo de redadas han sido oficialmente prohibidas desde 2012, cuando una circular de la dirección general de Policía trasladó instrucciones para que se dejaran de hacer este tipo de controles. Dicha orden fue recibida con escepticismo por organizaciones de inmigrantes y de derechos humanos.

En el Estado español la mera estancia sin permiso de residencia no está tipificada como delito, sino que supone una infracción administrativa similar a una multa de tráfico. El ingreso en un CIE, que se puede prolongar hasta 60 días, es una medida cautelar en espera de hacer efectiva la expulsión, si bien en un alto porcentaje de casos ésta no se llega a producir.

Fuente: Periódico Diagonal
Licencia: Creative Commons

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