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27 de mayo de 2013

Una sentencia “políticamente correcta”, mediáticamente eficiente y socioambientalmente criminal

por Organizaciones Valle del Huasco (Chile)

La sentencia de la Superintendencia de Medio Ambiente constituye un peligroso antecedente para las comunidades afectadas por megaemprendimientos, en tanto desconoció el historial de denuncias y sanciones del proyecto Pascua Lama y desoyó la voz de las organizaciones que por más de 10 años han dado cuenta de la inviabilidad de este proyecto minero binacional.



Para las comunidades y organizaciones del Valle del Huasco que llevamos años denunciando la irresponsabilidad con que Barrick Gold opera en la naciente de nuestras cuencas, la sentencia de la Superintendencia fue hecha a la medida de la transnacional minera, la que durante todo el proceso presionó para seguir trabajando. Esto no quita mérito a la rigurosidad y seriedad con que operó la autoridad en términos técnicos, sino que evidencia la voluntad política del Estado de Chile de desoír las opciones de desarrollo local, de manipular la opinión pública a su antojo y de imponer un extractivismo salvaje que depreda las fuentes de agua y de vida de nuestros territorios.

Estamos frente a una sentencia que reconoce que el titular “ha deliberadamente incumplido un alto número de compromisos que, es preciso recordar, él mismo adquirió para verse beneficiado con la calificación favorable del proyecto” (Resolución Exenta Nº 024, de 15 de febrero de 2006). Los 4 meses de investigación, luego de la autodenuncia que hiciera la transnacional para atenuar las sanciones, dejaron al descubierto que la minera no construyó adecuadamente el Canal Perimetral Norte, lo que causó dos aludes que provocaron afectación de aguas y vegas. A su vez, tras la fiscalización de este desastre, se tuvo conocimiento de que hay una serie de obras relacionadas al manejo de aguas, comprometidas en la RCA, no construidas, así como otro considerable número que fueron contruídas ilegalmente. Además se comprobó manejo de resultados en la calidad del agua y ocultamiento y omisión de información (Decreto 37). Agravando todo esto, la autoridad mandató medidas provisionales, que la empresa decidió criminalmente no cumplir (Resolución 107) lo que demuestra el permanente desinterés por la vida y la salud de las comunidades aguas abajo.

Sin embargo, todo lo anterior, gravísimo por cierto, es referido solo a los hechos verificados desde diciembre a febrero de 2013, obviando el historial de atropellos a la RCA con que ha operado la empresa, cuestión que solicitamos formalmente fuera considerada. Es decir, en esta sanción no se incluyó la ya probada afectación a los glaciares, la no construcción de obras viales comprometidas, las malas condiciones laborales, el robo de aguas sancionado en 2007, el arrojar aguas contaminadas con coliformes fecales al río, en fin cuestiones que de haber sido incorporadas, inevitablemente habrían supuesto la revocación de la Resolución de Calificación Ambiental y el cierre definitivo del proyecto.

Esta sentencia entonces, si bien da una señal a las empresas de que deberán operar mejor de ahora en adelante, adolece de una amnesia que deja impune todo el daño ya producido; dando la impresión de que la nueva institucionalidad ambiental no es más que un remozamiento de aquella que ha permitido la degradación acelerada de nuestros bienes comunes.

Para nosotros, las multas decretadas por la Superintendencia son insignificantes frente a los daños irreparables producidos en las nacientes de nuestras aguas. Por lo tanto, más que la paralización transitoria y la multa, lo que vuelve realmente relevante esta sentencia, es que desde el Estado se reconoce lo mismo que las comunidades hemos venido sosteniendo hace más de 10 años: Barrick es una minera irresponsable, ha mentido, se burla de la institucionalidad, ha impactado de manera sostenida e intencionada el medio ambiente y constituye una amenaza, amparada por las autoridades, para los ecosistemas glaciares y periglaciares, y con ello para la vida y la salud de las miles de personas que habitan el Valle del Huasco en Chile, y la provincia de San Juan en Argentina.

Los abajo firmantes defendemos enfáticamente el derecho a la vida y reiteramos que no descansaremos hasta que logremos el cierre definitivo de este destructivo proyecto Pascua Lama.

Atte,

Asamblea por el Agua del Huasco Alto

Comité Ecológico y Cultural Esperanza de Vida

Comunidad Diaguita Patay Co

Consejo de Defensa del Valle del Huasco

Grupo Ecológico Atacama Limpio

Pastoral Salvaguarda de la Creación

Comisión Agua y Vida. Iglesia Evangélica Presbiteriana, Chigüinto

Unidos por el Agua, Conay

Pajareteros Alto del Carmen

Sindicato de la Construcción, Provincia Huasco

Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA

*Fuente: OLCA

Fuente: piensaChile.com

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