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10 de octubre de 2012

Justicia se abre paso

México
Noticias Aliadas


A punto de romperse impunidad de responsables de agresiones contra defensores de derechos humanos.

México es después de Colombia, el lugar más peligroso en América Latina para activistas, más aún si son mujeres, afirmó Alejandra Anchieta, directora del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC).

Según Anchieta, en la lista de agresiones contra las activistas se incluyen amenazas, seguimientos, vigilancia, acoso, secuestros, desapariciones forzadas, tortura, criminalización, detenciones arbitrarias, y hasta la muerte. En los últimos tres años, las agresiones contra las mujeres activistas se incrementaron en 25% y 11 de ellas fueron asesinadas tras denunciar a funcionarios públicos y empresarios, agregó en declaraciones recogidas por la prensa.

Pero la impunidad de la que gozan los responsables de agresiones contra defensores de los derechos humanos podría estar llegando a su fin con la orden detención emitida el 1 de octubre por la Procuraduría General de Justicia del sureño estado de Oaxaca, contra 12 presuntos autores materiales del asesinato de Bety Cariño y el observador finlandés Jyry Antero Jaakkola, perpetrado en abril del 2010 en la comunidad indígena de San Juan Copala, Oaxaca, cuando participaban en una caravana convocada por organizaciones sociales que demandaban la paz en esa localidad que se encontraba bajo control de paramilitares.

Cariño, indígena mixteca, era directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos, asociación civil que trabaja en proyectos de educación popular, derechos indígenas y de la mujer en Oaxaca.

Los abogados de los familiares de las víctimas David Peña y Karla Micheel Salas, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, resaltaron en conferencia de prensa que “estamos ante la posibilidad real de que se sancione y castigue penalmente a los asesinos materiales de defensores de derechos humanos. Una vez que se cumplimenten las órdenes de aprehensión y se inicie el proceso contra ellos por asesinato, podremos decir que se empieza a romper la impunidad en Oaxaca”.

Peña y Salas precisaron que Cariño y Jaakkola habrían sido ultimados por integrantes del grupo paramilitar llamado Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (UBISORT), —vinculado al Partido Revolucionario Institucional que volverá al poder en diciembre tras ganar las elecciones de julio pasado—, “que recibía dinero del [entonces] gobernador Ulises Ruiz y de otros funcionarios del gobierno de Oaxaca”.

“Por primera vez se darán pasos contra la impunidad solapada y fomentada por el ex gobernador Ulises Ruiz”, indicó Peña.

Las órdenes de detención fueron emitidas por el delito de “homicidio calificado” ya que la Procuraduría, como parte de su labor de investigación, obtención de testimonios, realización de pruebas periciales y colaboración de las familias de las víctimas y sus abogados, logró acreditar que los responsables actuaron con premeditación, alevosía y ventaja.

“Esto no ha terminado aún”, dijo Omar Esparza, esposo de Cariño. “Es sólo un paso más en ese largo camino que hemos recorrido en estos dos años y medio, pero sin lugar a dudas es un nuevo aliento para seguir buscando justicia”. —Noticias Aliadas.

Fuente: Noticias Aliadas

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