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9 de octubre de 2012

Condenan a México por violar derechos de trabajadoras

Sindicalistas dicen que evitarán a toda costa reforma laboral

México
CIMAC Noticias

Por Guadalupe Cruz Jaimes


El Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) condenó al Estado mexicano por la violación de los derechos laborales de las y los trabajadores del país, la cual se agrava cuando se trata de las mujeres, ya que ellas se emplean en las peores condiciones.

La trasgresión de derechos se deriva de la contratación flexible como el outsourcing, figura recién incorporada por la Cámara de Diputados en la reforma laboral, denunció Enrique Fabela, integrante del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM).

Durante la presentación del dictamen de la audiencia temática “Violencia contra los trabajadores”, que realizó el TPP en mayo pasado en esta ciudad, Fabela acusó que la reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) “institucionalizó lo ilegal” como la subcontratación, que resta responsabilidades a los empleadores.

El TPP capítulo México está integrado por personalidades de alta reputación moral nombrados por el Consejo de la Fundación Internacional Lelio Basso y la Liberación de los Pueblos, tales como Nora Cortiñas, fundadora de Las Madres de la Plaza de Mayo (Argentina), y otras defensoras y defensores de los Derechos Humanos (DH) a nivel internacional.

El Tribunal sesiona en nuestro país desde octubre de 2011 y continuará aquí hasta 2014. Su finalidad es visibilizar la situación de violencia laboral en México tras la firma de los Tratados de Libre Comercio (TLC), principalmente el TLC con América del Norte (TLCAN).

El TPP refirió que el Estado mexicano viola su propio marco jurídico (LFT y la Constitución), y diversos convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), al mermar los derechos de las y los empleados, por ejemplo la libertad sindical.

La sentencia del TPP no es vinculatoria jurídicamente, pero tiene como fin dar a conocer a nivel internacional las violaciones a los DH laborales en México. Representa además una sanción moral contra el Estado mexicano.


En el país sólo 5 por ciento de los 44.5 millones de trabajadoras y trabajadores están sindicalizados, el 90 por ciento de estas organizaciones son “blancos o patronales”, es decir no representan los intereses de la fuerza laboral.

Fabela refirió que la falta de sindicatos está relacionada con que cada vez más el personal es subcontratado o se encuentra en la informalidad (sin seguridad social y con bajos salarios). Esta situación se agudiza en el caso de los 18.5 millones de trabajadoras por su “precaria” situación laboral.

Las mujeres representan 42 por ciento de la fuerza de trabajo y 55 por ciento de ellas apenas percibe dos salarios mínimos (alrededor de 118 pesos).

De los 18.5 millones de trabajadoras, sólo 5.5 millones tiene acceso a servicios de salud ligados a su ocupación, debido a que al estar subcontratadas o en la informalidad no tienen acceso a la seguridad social.

Otro ejemplo de esta realidad es que en el país mientras 51 por ciento de los hombres tiene acceso a una pensión, la proporción de trabajadoras con ese derecho apenas llega a 10 por ciento.

Además, 16 de cada 100 mujeres labora de forma parcial; es decir, se ocupan en alguna actividad económica, pero tienen tiempo disponible y la necesidad de trabajar más horas para completar su ingreso. En esta condición sólo se encuentra 9 de cada 100 hombres.

Humberto Montes de Oca, vocero del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), añadió que la resolución del TPP es una “condena anticipada” a la reforma laboral, por incorporar en la ley dichas formas de contratación. El sindicalista advirtió “vamos a hacer todo para que no pase” la modificación a la LFT.

La primera de estas acciones será un foro el próximo miércoles en la sede del SME, donde se reunirán organizaciones sindicales como la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y el Frente Sindical Mexicano (FSM), a fin de acordar una agenda de “unidad y acción” en contra de la reforma.

Durante el foro realizarán un balance legislativo y el análisis de los mecanismos jurídicos que pueden interponer para echar atrás los cambios a la ley laboral, que perjudican todavía más la situación de las y los trabajadores.

Fuente: CIMAC Noticias

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