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15 de septiembre de 2012

Pasos hacia una paz duradera

Colombia
Noticias Aliadas

Susan Abad


Verdad y reparación a víctimas, tema incierto en negociaciones entre gobierno y FARC.

Luego de más de 50 años de enfrentamientos y varias negociaciones fallidas ente el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el presidente Juan Manuel Santos inició un nuevo acercamiento con el principal grupo guerrillero del país en busca de la pacificación.

Los primeros avances —que según reveló el mandatario, se iniciaron hace año y medio y tienen seis meses desarrollándose en La Habana— llevaron a la firma, el 6 de agosto, de una agenda temática de cinco puntos que se empezará a discutir en Oslo, Noruega, el 8 de octubre bajo el nombre de Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.

El anuncio de los temas a discutir: Política de Desarrollo Rural, Participación Política, Fin del Conflicto, Drogas Ilícitas y Víctimas, así como la importancia que al parecer otorgarán a cada punto y los nombres de las personas que representarán en la negociación a la sociedad colombiana, fue en general del agrado de la población, pero dejó incertidumbre sobre las más de 4 millones de personas que han sufrido por el asesinato y reclutamiento forzoso de sus familiares, además de secuestro, extorsión, desplazamiento y lesiones permanentes por parte de la guerrilla.

Cifras oficiales registran unas 5,000 personas desaparecidas por el grupo guerrillero. Unos 2,000 colombianos y colombianas se han inscrito ante el gobierno como víctimas de crímenes de esa guerrilla, incluyendo 135 casos de violencia sexual.

Víctimas no están representadas
Pese a que el presidente Santos ha manifestado que el compromiso con la verdad será el eje del proceso y que las víctimas tienen derecho a saber “qué pasó y quiénes son los responsables”, para el ex vicepresidente del gobierno encabezado por Álvaro Uribe (2002-2010), Francisco Santos, “queda claro que [en esta negociación] no les interesan las víctimas. Por ese puntico pasaron velozmente”, advirtió en su columna audiovisual en internet.

En conversación con Noticias Aliadas, Clara Rojas, directora de la organización País Libre, que aboga por los secuestrados y desaparecidos, aseguró que “las víctimas no nos sentimos representadas en el grupo negociador. Nos preocupa que este acuerdo sea un acuerdo para la impunidad”. Rojas, quien fue rehén de las FARC durante seis años, reclama que “la verdad no debería ser tema de negociación, sino un requisito previo antes de sentarse a los diálogos. Las FARC anunciaron desde febrero que no continuarían secuestrando y no están cumpliendo su compromiso”.

Sin embargo, para Marco Romero, director de la no gubernamental Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), la negociación es inicialmente favorable.

“Es una gran decisión para el país porque la paz definitiva es la única forma de evitar que se sigan multiplicando por cientos de miles las víctimas en Colombia”, dijo a Noticias Aliadas: “En el contexto de la continuidad de la guerra, la viabilidad de garantizar los derechos de las víctimas es muy restringida”.

El experto en desplazamiento forzado analiza que “el acuerdo que hasta ahora se ha dado a conocer tiene un elemento muy importante y es que el gobierno acepta discutir la problemática agraria del país como parte de la agenda. Colombia tiene una de las economías agrarias más anacrónicas del mundo. Un índice de concentración de la tierra de 0.37, medida en el coeficiente Gini [que determina el grado de desigualdad de la distribución del ingreso o la desigualdad de la riqueza de una región], y niveles de pobreza rural que superan el 67%; es decir, la mayoría de tragedias y víctimas del conflicto se concentran en las zonas rurales”.

Tenencia de la tierra
Archivos hallados en el computador del Mono Jojoy —como se conoció a Víctor Julio Suárez, el principal jefe militar de la guerrilla cuando fue abatido en setiembre del 2010— detallan que las FARC poseen alrededor de 48,000 Ha de tierras en todo el país, valoradas en aproximadamente US$37 millones, en su mayoría fruto del despojo a campesinos, indígenas y afrodescendientes a través de mecanismos de violencia e intimidación.

Sin duda, la relación entre la problemática social del campo y la tenencia de la tierra será uno de los puntos más difíciles de concertar en la reparación de las víctimas. Santos ha recordado que su gobierno ha avanzado con la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, sancionada en junio del 2011, con la cual se busca restituir las tierras que les han sido despojadas o que han abandonado por el conflicto.

Sin embargo, a más de un año de habilitarse la ley, la contralora Sandra Morelli asegura que sólo se ha revisado el 2% de las 19, 000 solicitudes de restitución presentadas por las víctimas.

“Las FARC tienen que entender que para avanzar en un proceso de negociación serio se requiere verdad, reparación y solicitud de perdón a las víctimas que ha dejado su accionar violento”, afirma a su vez a Noticias Aliadas el senador Juan Fernando Cristo, del Partido Liberal Colombiano, gestor de la creación de una comisión de la verdad en el “Marco Legal para la Paz”, iniciativa jurídica de reforma a la Constitución aprobada en junio pasado por el Congreso de la República, que otorga al gobierno los instrumentos para una justicia transicional en caso de la desmovilización de algún grupo armado ilegal.

Para Cristo, “el reconocimiento de los derechos de las víctimas en este proceso le dará la legitimidad ética y política que necesita un proceso de paz de esta naturaleza”. Agrega que espera que “con el avance de las negociaciones se encuentren mecanismos que permitan escuchar la voz de las víctimas”.

El director de CODHES aspira a que “la paz contribuya a romper la brecha urbano-rural que ha hecho que la sociedad rural ponga todos los costos de la guerra y viva todas las desigualdades de la sociedad”.

“El dilema del desplazado es que en el mundo rural encuentra una oportunidad productiva acorde con su cosmovisión, su capital cultural y social, mientras que en el mundo urbano encuentra mejores servicios sociales. La solución es buscar la manera de que la gente regrese con acompañamientos productivos, pero que además pueda tener unas nivelaciones en derechos ciudadanos”, concluye Romero. —Noticias Aliadas.

Fuente: Noticias Aliadas

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