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14 de julio de 2011

Perú sumando experiencias de Colombia y Bolivia en la lucha por una Ley de Consulta previa libre e informada de los pueblos indígenas

Perú
CNR
14/07/2011



En el Perú desde hace un par de años el derecho a la consulta de los pueblos indígenas quedó trunco cuando el Presidente Alan García observó la Ley de Consulta Previa que hasta hoy no logra ser definida y aprobada en el Congreso de la República. En este marco y ante la falta de mecanismos claros que permitan el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios, se han producido diversos enfrentamientos en torno a la actividad extractiva de los recursos naturales, triplicándose el número de conflictos en el actual Gobierno de García de 88 a 234, recordándose los casos emblemáticos del proyecto Tía María (Arequipa), Río Blanco-ex Majaz (Piura), el Baguazo en la selva peruana y recientemente en Puno, que han dejado lamentables pérdidas humanas.

Al respecto dando una mirada a este problema que también afecta a otros países de la Región. Por ejemplo en Colombia a pesar de tener una ley que permite la consulta de los pueblos indígenas y afro descendientes en las decisiones territoriales y culturales, se da el caso del desconocimiento de las poblaciones afectadas para hacer uso de la misma. Es así que María Clara Galvis, Consultora Colombiana de la Fundación para el Debido Proceso Legal, nos remarca que es una responsabilidad vital de toda empresa desde el minuto en que se imagina un proyecto, determinar aplicar un proceso de consulta previa antes de cualquier diseño, según se reitera en un reciente informe de la comisión de la corte interamericana y según dictamina el convenio 169 de la OIT.

Por otro lado, tomando el caso de Bolivia, que si cuenta con la creación y promulgación de una Ley de Hidrocarburos, hay todavía también obstáculos que se derivan básicamente de la falta de consultas previas y de estudios de impacto ambiental y social en la realización de actividades de exploración y explotación, procedimiento legal que debe quedar claro en la ley, según nos explica el representante del Centro de Estudios Jurídicos de Bolivia ,Iván Bascopé.

Finalmente en el caso actual del Perú, el director de Políticas de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), César Gamboa, destaca la importancia de la ley de consulta previa, como un nuevo elemento de la democracia participativa. Alertó que “En muchas oportunidades, la empresa extractiva hace su propio estudio de impacto ambiental, sin las exigencia de un Estado que le diga que tiene que fomentar la participación de las comunidades que viven en el lugar donde se realizará el proyecto” y explicó que a 16 días de finalizar el Gobierno de Alan García se quedan pendientes dos proyectos de ley en el Congreso de la República del Perú, que por su diseño aún afectan y excluyen a gran parte de la población originaria, que ahora deberán ser asumidos por el próximo Gobierno de Ollanta Humala.

* Informe CNR: Juana Edith Martínez M.

Datos OXFAM:
Según un informe “El derecho a la consulta previa libre e informada de los pueblos indígenas- La Situación de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú”, elaborado por la Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF) para OXFAM, se destaca que los problemas derivados de la falta de adecuados procesos de consulta, afectaría al menos, a unos 15 millones de personas indígenas y a casi 6 millones de afro-descendientes en los cuatro países estudiados. Por ello es necesario establecer mecanismos para que los pueblos indígenas no sólo sean partícipes de las decisiones que afectan sus derechos sino artífices de su progreso como propietarios reales y –en muchas ocasiones- ancestrales de las tierras donde habitan.

Foto: Consulta previa a los pueblos indígenas (CNR)
Fuente: CNR

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