3 de septiembre de 2013

Crímenes de guerra seguirán impunes

Memorial de las Víctimas del Mozote.
Foto: Eric Rojas. CC. Wikimedia
El Salvador
Tomás Andréu


Candidatos presidenciales no derogarán Ley de Amnistía por crímenes cometidos durante el conflicto armado.

Ninguno de los candidatos que buscan llegar a la presidencia de El Salvador en los comicios del 2014, solicitará la derogación de la Ley de Amnistía que cerró la posibilidad de juzgar los crímenes de guerra que se cometieron durante el conflicto armado que vivió el país centroamericano desde 1980 hasta la firma de los Acuerdos de Paz entre la guerrilla del Frente Farabundo Martí para Liberación Nacional (FMLN) y el gobierno del entonces presidente Alfredo Cristiani (1989-94) en enero de 1992.

Más de 20 años después, la izquierda y la derecha tienen algo en común: no quieren abrir las heridas del pasado y juntas ven hacia el futuro, según sus propias palabras. Así, ambas fuerzas políticas le dan la espalda al informe de la Comisión de la Verdad (CV), publicado en enero de 1993. Dicho documento registra las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado que dejó más de 75,000 muertos, más de 8,000 desaparecidos y millones de dólares en pérdidas de infraestructura.

Días después de la presentación del informe de la CV, la Asamblea Legislativa aprobó la llamada Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz que concede “amnistía amplia, absoluta e incondicional” a todas las personas que cometieron violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado.

Noticias Aliadas preguntó a los principales candidatos a la presidencia salvadoreña si en sus planes de gobierno está incluida una derogatoria de la normativa.

“La amnistía vino a reconciliar a la familia salvadoreña”, declaró el candidato presidencial de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Norman Quijano. “Derogarla sería dañino para la reconciliación. Si en aquel tiempo se dijo borrón y cuenta nueva, ¿por qué tenemos que abrir las heridas 20 años después?”.

El mismo tono usó el expresidente Elías Antonio Saca (2004-2009) —quien postula a un segundo mandato con el Movimiento Unidad, compuesto por viejos partidos de derecha como Concertación Nacional, Demócrata Cristiano y la Gran Alianza por la Unidad Nacional, esta última una escisión de ARENA— que se pronunció sobre la Ley de Amnistía a través de su equipo de campaña: “La postura de él sigue siendo la misma que ha mantenido siempre. Los Acuerdos de Paz establecieron ciertos criterios, parámetros y decisiones donde figura la Ley de Amnistía, por lo tanto, debe mantenerse tal cual. Hay que tomar en cuenta que no es competencia del Órgano Ejecutivo la derogatoria de leyes”.

Decepción por FMLN
Si bien organismos defensores de derechos humanos no esperan nada de la derecha salvadoreña en el tema de la Ley de Amnistía y en la reparación de las víctimas del conflicto, tampoco esperaban sorpresas desagradables como las que dio el gobernante FMLN.

El FMLN ganó los comicios del 2009 con el experiodista Mauricio Funes como candidato presidencial, poniendo fin a 20 años de gobierno de ARENA. Aunque el FMLN siempre fue un duro crítico de la impunidad de los responsables de los crímenes de guerra, Funes despejó las dudas al anunciar el 2 de setiembre del 2008, cuando era candidato presidencial, que “le pediré a los diputados [del FMLN] que no lo hagan [promover iniciativas para derogar la Ley de Amnistía]. Ya lo hemos discutido en el interior del partido”.

Y así fue. El FMLN no echó mano de sus energías para derogar o modificar la Ley de Amnistía. Su actual candidato presidencial, el actual vicepresidente Salvador Sánchez Cerén, un excomandante guerrillero, tampoco buscará modificar la normativa.

“Primero quiero decir que nosotros cerramos un conflicto a través de unos Acuerdos de Paz. Esos acuerdos abrieron una nueva etapa en El Salvador. Es ejemplo para América Latina y para el mundo. El desarrollo, para construirlo, se necesita construirlo en paz. Ahora nosotros [el FMLN] estamos viendo al futuro y el futuro tiene que ser de oportunidades para todos”, dijo a Noticias Aliadas.

Para Benjamín Cuéllar, director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (UCA), “la oferta electoral de ahora es tan precaria, porque nadie es capaz de levantar la esperanza. Cualquiera de los candidatos que gane la presidencia gobernará como gobernó Funes y como gobernaron los anteriores presidentes de ARENA”.

Alianza con militares
En junio pasado, un grupo de militares establecieron una alianza pública con el FMLN y a partir de entonces Sánchez Cerén y su compañero de fórmula, el también excomandante guerrillero Óscar Ortiz, actual alcalde de Santa Tecla, capital del suroccidental departamento de La Libertad, tienen como asesor en Defensa Nacional a un militar activo, el coronel Roberto López Morales, mencionado por la CV y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de haber tenido conocimiento de los planes para asesinar a los sacerdotes jesuitas de la UCA y a dos de sus colaboradoras el 15 de noviembre de 1989, al haber participado en la reunión en la que se planificó la masacre y no hizo nada por impedirla.

“Él es un cómplice y encubridor. Él sabía que iban a matar a los jesuitas. Quizás por miedo no levantó la mano cuando preguntaron quién no estaba de acuerdo con el asesinato, pero después pudo haber levantado el teléfono y llamar a la UCA y decir, `miren, los van a matar´. Imaginemos que no lo hizo porque no había teléfono. ¿Por qué no colaboró con la Comisión de la Verdad dando la información que él tenía?”, afirmó enérgicamente Cuéllar a Noticias Aliadas.

La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) ha batallado para que se derogue la Ley de Amnistía. Su directora, María Silvia Guillén confesó a Noticias Aliadas su profunda decepción por la actitud del FMLN.

“El gobierno de Mauricio Funes y del FMLN han sido muy parecidos a los gobiernos anteriores en la lógica de que ‘a mí me nombraron para administrar el futuro y no para juzgar el pasado’. FESPAD cree sin dudas que el gobierno del FMLN tiene una deuda histórica, porque esperábamos que este gobierno se tomara en serio la reparación de las víctimas, pero que también se buscara en serio la verdad y la justicia y a eso [este gobierno] le tuvo temor. Eso me dio muchísima tristeza”, dijo Guillén.

Aunque Funes ha pedido perdón en nombre del Estado por los crímenes ocurridos en la guerra, incluyendo el asesinato de monseñor Óscar Arnulfo Romero (1980), la masacre de El Mozote (1981) y la matanza de los jesuitas, todos casos documentados por la CV, para Cuéllar ese gesto no es suficiente.

“No sirve de nada [pedir perdón]. La peor muerte que ha habido con este gobierno es la de la esperanza de la gente”, afirmó. “No hay un compromiso con las víctimas ni con la verdad. El compromiso es con el partido o con los dueños del partido. La política de proteger criminales es lo que hace que El Salvador sea difícil para vivir en él. La gente también se va de este país por la impunidad”. —Noticias Aliadas.

Fuente: Noticias Aliadas


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