por Paula Correa (Azkintuwe)
15/05/2011
La vocera de los presos políticos mapuche, Natividad Llanquileo, se refirió a la compleja situación que viven los comuneros condenados a 20 y 25 años por el tribunal de Cañete, quienes están en huelga de hambre hace dos meses, en la segunda movilización que realizan para exigir un trato igualitario de la justicia chilena.
15/05/2011
La vocera de los presos políticos mapuche, Natividad Llanquileo, se refirió a la compleja situación que viven los comuneros condenados a 20 y 25 años por el tribunal de Cañete, quienes están en huelga de hambre hace dos meses, en la segunda movilización que realizan para exigir un trato igualitario de la justicia chilena.
Los comuneros ya registran una baja de peso promedio que supera los 22 kilos y un delicado estado de salud a raíz de los daños que sufrieron en el movimiento del 2010. Ramón Llanquileo sufrió una descompensación y fue trasladado al hospital de Angol. Hay que recordar que la Corte de Apelaciones de Temuco falló a favor del director regional de Gendarmería, que le permite trasladar a los 4 mapuche a centros hospitalarios.
Así lo confirmó su hermana la vocera, Natividad Llanquileo, quien declaró que "lo trasladaron al hospital para realizarle exámenes, los cuales no salieron muy bien ya que existe un monitoreo cada media hora. Se ve muy debilitado, delgado y las cosas se complican para los tres detenidos. Quizá mañana puedan sacarlo del hospital, no sabemos, porque el escenario se ve muy complejo".
Lo mismo aconteció ayer miércoles con Jonathan Huillican, quien debió ser trasladado al Hospital de Angol para estabilizar sus graves descompensaciones. Sin embargo, Natividad advirtió que los comuneros están con buen ánimo y que mantendrán la huelga "hasta las últimas consecuencias". Una decisión que preocupa a familiares y amigos, más aún cuando el gobierno ha señalado a través del subsecretario de Presidencia, Claudio Álvarado, que ya no tiene nada más que hacer en este caso, que está en manos de los tribunales de justicia.
En este sentido los comuneros piden que se revisen lo antes posible los recursos que están en la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones de Concepción, donde llegó la querella por ley antiterrorista por los delitos del juicio de Cañete, convirtiéndose en una nueva demanda civil por los mismos hechos que podría generar una nueva condena.
Ante ello, la vocera mapuche declaró que "es posible que se ratifique la sentencia en la Corte de Apelaciones o que se dicte otra resolución en el juicio oral, lo que implica nuevas condenas. Se podría recurrir a tribunales internacionales, pero esto tomaría mucho tiempo, quizá terminemos llorando sobre la leche derramada ante un problema que no se pudo solucionar antes, aún cuando existen consecuencias que se podían prever y actuar antes de tiempo". Esta acción judicial estaba en tabla, pero fue eliminada y no se han vuelto a tener noticias sobre cuándo se discutirá.
Recurso de Nulidad
Mientras tanto en la capital, a contar de las 9 horas de hoy jueves, en la Segunda Sala de la Corte Suprema, comenzarán los alegatos por el recurso de nulidad que presentó la defensa de los cuatro huelguistas. Por los comuneros alegará el jefe de estudios de la Defensoría Penal Pública del Biobío, Pelayo Vial, mientras que por el Ministerio Público lo hará el fiscal a cargo de la acusación, Andrés Cruz. Se estima que los alegatos se prolongarán por al menos tres días.
La Segunda Sala estará integrada por los ministros Nibaldo Segura, Rubén Ballesteros, Jaime Rodríguez, Hugo Dolmestch y Carlos Künsemüller. Entre los argumentos que presentará la defensa se cuentan las graves vulneraciones de las garantías constitucionales de los condenados Héctor Llaitul Carrillanca, Ramón Llanquileo Pilquiman, José Huenuche Reiman y Jonathan Huillical Méndez. Pelayo Vial argumentará que los imputados no tuvieron derecho a una defensa eficaz, tal como lo establece la Constitución, porque la fiscalía usó testigos protegidos para obtener las condenas.
Según los defensores, en el juicio oral no fue posible contrapreguntar adecuadamente a los seis "testigos sin rostro" que presentó la fiscalía, debido a que desconocían su lugar de origen y los motivos que los impulsaron a declarar. Sin embargo, de acuerdo a la defensa, estos testigos protegidos fueron favorecidos con el desestimiento de la Fiscalía de Cañete de seguir investigación en su contra por los mismos hechos delictuales por los que se condenó a los comuneros.
Asimismo, Vial expondrá que uno de los testigos protegidos, el Nº 26, mintió deliberadamente en su declaración, a la fiscalía y la PDI, con el fin de no ser imputado en el atentado contra el fiscal Elgueta. El defensor expondrá en su alegato que este testigo incluso reconoció su mentira en el juicio. Por su parte, la fiscalía argumentará que el juicio se basó en una investigación "objetiva, responsable y seria" y resaltará que "el veredicto reconoce que los hechos indagados tienen características terroristas", aunque no se aplicó la Ley Antiterrorista en las condenas.
A la audiencia asistirán autoridades nacionales e internacionales ligadas a la defensa de los derechos humanos, como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para este tema, Amerigo Incalcaterra; la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Fríes; además de parlamentarios como el senador Alejandro Navarro (MAS). Esta mañana, además, el vicepresidente del Senado, Juan Pablo Letelier, se reunió con el titular de la Corte Suprema Milton Juica, para plantearle su preocupación por el llamado "Juicio de Cañete" y la señal negativa que se da a la comunidad internacional desde Chile al aplicar la mencionada normativa.
Según el legislador el país se verá afectado al dar muestras de que acá hay terrorismo, en circunstancias que "el país está libre de ese mal". "Además el uso de estas herramientas contra los mapuche deja a Chile como un país en el que se discrimina a las minorías y se violan los derechos humanos", dijo.
Duras condenas
Cabe recordar que el 22 de febrero pasado, el Tribunal Oral Penal de Cañete declaró culpables a Llaitul y los otros tres miembros de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) por el delito de homicidio calificado frustrado en la persona del fiscal Mario Elgueta, además de un robo con intimidación. Otros 13 mapuches fueron absueltos. El 22 de marzo, el tribunal leyó la sentencia definitiva y condenó a Llalitul a un total de 25 años de cárcel, mientras que Llanquileo, Huenuche y Huillical recibieron de 20 años de cárcel cada uno por los mismos delitos.
Desde el 15 de marzo, los cuatro se encuentran en huelga de hambre líquida en la cárcel de Angol en demanda de la nulidad del juicio. En su opinión, para condenarlos se usaron las herramientas que contempla la Ley Antiterrorista, entre ellas los testigos protegidos. El año pasado, estos cuatro comuneros, junto con otros 30 presos mapuches, realizaron una huelga de hambre de 82 días en protesta contra la aplicación de la Ley Antiterrorista en sus juicios. El gobierno se comprometió a retirar las querellas presentadas bajo esa norma, pero la Fiscalía del Biobío insistió en aplicar la polémica ley.
En esta línea la vocera de los comuneros movilizados hizo un llamado a la población chilena a apoyar esta causa para destrabar la situación y buscar una solución política y efectiva a un conflicto que lleva años activándose una y otra vez y que aún el Estado chileno ha podido solucionar. Este llamado encontró eco en la organización humanitaria Amnistía Internacional, que a través de su nueva directora local, Ana Piquer, manifestó su preocupación por la "penalización" de la protesta social y la huelga de los comuneros mapuche en Chile.
"Nos preocupa esta penalización de la protesta social, que es la señal que se da con la aplicación de la ley antiterrorista en algunos casos", afirmó Piquer en una entrevista. La actuación de las fuerzas de seguridad en territorio mapuche, asi como en marchas y actos de protesta pública ha sido cuestionada últimamente en diversas ocasiones por agrupaciones de derechos humanos, organizaciones sociales y los propios tribunales de justicia. Según Piquer, "en Chile existe la sensación de que los derechos humanos son un tema del pasado, pero no algo relevante hoy en día".
Uno de los principales blancos de AI fue la aplicación de la ley antiterrorista. "En términos generales es razonable que el Estado quiera tener una legislación específica para hacer frente al terrorismo", admitió Piquer. Pero esa legislación "contiene algunos aspectos que hemos criticado", como que "no se aplique a casos que efectivamente constituyan terrorismo de acuerdo a estándares internacionales". Otra crítica es el recurso de la fiscalía a los llamados "testigos protegidos", que a juicio de Piquer "debería ser una situación sumamente extrema, cuando efectivamente existiese un riesgo para la seguridad del testigo, y aún así no debería impedir que la defensa pudiera interrogarle o solicitar su inhabilitación".
12/05/2011Así lo confirmó su hermana la vocera, Natividad Llanquileo, quien declaró que "lo trasladaron al hospital para realizarle exámenes, los cuales no salieron muy bien ya que existe un monitoreo cada media hora. Se ve muy debilitado, delgado y las cosas se complican para los tres detenidos. Quizá mañana puedan sacarlo del hospital, no sabemos, porque el escenario se ve muy complejo".
Lo mismo aconteció ayer miércoles con Jonathan Huillican, quien debió ser trasladado al Hospital de Angol para estabilizar sus graves descompensaciones. Sin embargo, Natividad advirtió que los comuneros están con buen ánimo y que mantendrán la huelga "hasta las últimas consecuencias". Una decisión que preocupa a familiares y amigos, más aún cuando el gobierno ha señalado a través del subsecretario de Presidencia, Claudio Álvarado, que ya no tiene nada más que hacer en este caso, que está en manos de los tribunales de justicia.
En este sentido los comuneros piden que se revisen lo antes posible los recursos que están en la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones de Concepción, donde llegó la querella por ley antiterrorista por los delitos del juicio de Cañete, convirtiéndose en una nueva demanda civil por los mismos hechos que podría generar una nueva condena.
Ante ello, la vocera mapuche declaró que "es posible que se ratifique la sentencia en la Corte de Apelaciones o que se dicte otra resolución en el juicio oral, lo que implica nuevas condenas. Se podría recurrir a tribunales internacionales, pero esto tomaría mucho tiempo, quizá terminemos llorando sobre la leche derramada ante un problema que no se pudo solucionar antes, aún cuando existen consecuencias que se podían prever y actuar antes de tiempo". Esta acción judicial estaba en tabla, pero fue eliminada y no se han vuelto a tener noticias sobre cuándo se discutirá.
Recurso de Nulidad
Mientras tanto en la capital, a contar de las 9 horas de hoy jueves, en la Segunda Sala de la Corte Suprema, comenzarán los alegatos por el recurso de nulidad que presentó la defensa de los cuatro huelguistas. Por los comuneros alegará el jefe de estudios de la Defensoría Penal Pública del Biobío, Pelayo Vial, mientras que por el Ministerio Público lo hará el fiscal a cargo de la acusación, Andrés Cruz. Se estima que los alegatos se prolongarán por al menos tres días.
La Segunda Sala estará integrada por los ministros Nibaldo Segura, Rubén Ballesteros, Jaime Rodríguez, Hugo Dolmestch y Carlos Künsemüller. Entre los argumentos que presentará la defensa se cuentan las graves vulneraciones de las garantías constitucionales de los condenados Héctor Llaitul Carrillanca, Ramón Llanquileo Pilquiman, José Huenuche Reiman y Jonathan Huillical Méndez. Pelayo Vial argumentará que los imputados no tuvieron derecho a una defensa eficaz, tal como lo establece la Constitución, porque la fiscalía usó testigos protegidos para obtener las condenas.
Según los defensores, en el juicio oral no fue posible contrapreguntar adecuadamente a los seis "testigos sin rostro" que presentó la fiscalía, debido a que desconocían su lugar de origen y los motivos que los impulsaron a declarar. Sin embargo, de acuerdo a la defensa, estos testigos protegidos fueron favorecidos con el desestimiento de la Fiscalía de Cañete de seguir investigación en su contra por los mismos hechos delictuales por los que se condenó a los comuneros.
Asimismo, Vial expondrá que uno de los testigos protegidos, el Nº 26, mintió deliberadamente en su declaración, a la fiscalía y la PDI, con el fin de no ser imputado en el atentado contra el fiscal Elgueta. El defensor expondrá en su alegato que este testigo incluso reconoció su mentira en el juicio. Por su parte, la fiscalía argumentará que el juicio se basó en una investigación "objetiva, responsable y seria" y resaltará que "el veredicto reconoce que los hechos indagados tienen características terroristas", aunque no se aplicó la Ley Antiterrorista en las condenas.
A la audiencia asistirán autoridades nacionales e internacionales ligadas a la defensa de los derechos humanos, como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para este tema, Amerigo Incalcaterra; la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Fríes; además de parlamentarios como el senador Alejandro Navarro (MAS). Esta mañana, además, el vicepresidente del Senado, Juan Pablo Letelier, se reunió con el titular de la Corte Suprema Milton Juica, para plantearle su preocupación por el llamado "Juicio de Cañete" y la señal negativa que se da a la comunidad internacional desde Chile al aplicar la mencionada normativa.
Según el legislador el país se verá afectado al dar muestras de que acá hay terrorismo, en circunstancias que "el país está libre de ese mal". "Además el uso de estas herramientas contra los mapuche deja a Chile como un país en el que se discrimina a las minorías y se violan los derechos humanos", dijo.
Duras condenas
Cabe recordar que el 22 de febrero pasado, el Tribunal Oral Penal de Cañete declaró culpables a Llaitul y los otros tres miembros de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) por el delito de homicidio calificado frustrado en la persona del fiscal Mario Elgueta, además de un robo con intimidación. Otros 13 mapuches fueron absueltos. El 22 de marzo, el tribunal leyó la sentencia definitiva y condenó a Llalitul a un total de 25 años de cárcel, mientras que Llanquileo, Huenuche y Huillical recibieron de 20 años de cárcel cada uno por los mismos delitos.
Desde el 15 de marzo, los cuatro se encuentran en huelga de hambre líquida en la cárcel de Angol en demanda de la nulidad del juicio. En su opinión, para condenarlos se usaron las herramientas que contempla la Ley Antiterrorista, entre ellas los testigos protegidos. El año pasado, estos cuatro comuneros, junto con otros 30 presos mapuches, realizaron una huelga de hambre de 82 días en protesta contra la aplicación de la Ley Antiterrorista en sus juicios. El gobierno se comprometió a retirar las querellas presentadas bajo esa norma, pero la Fiscalía del Biobío insistió en aplicar la polémica ley.
En esta línea la vocera de los comuneros movilizados hizo un llamado a la población chilena a apoyar esta causa para destrabar la situación y buscar una solución política y efectiva a un conflicto que lleva años activándose una y otra vez y que aún el Estado chileno ha podido solucionar. Este llamado encontró eco en la organización humanitaria Amnistía Internacional, que a través de su nueva directora local, Ana Piquer, manifestó su preocupación por la "penalización" de la protesta social y la huelga de los comuneros mapuche en Chile.
"Nos preocupa esta penalización de la protesta social, que es la señal que se da con la aplicación de la ley antiterrorista en algunos casos", afirmó Piquer en una entrevista. La actuación de las fuerzas de seguridad en territorio mapuche, asi como en marchas y actos de protesta pública ha sido cuestionada últimamente en diversas ocasiones por agrupaciones de derechos humanos, organizaciones sociales y los propios tribunales de justicia. Según Piquer, "en Chile existe la sensación de que los derechos humanos son un tema del pasado, pero no algo relevante hoy en día".
Uno de los principales blancos de AI fue la aplicación de la ley antiterrorista. "En términos generales es razonable que el Estado quiera tener una legislación específica para hacer frente al terrorismo", admitió Piquer. Pero esa legislación "contiene algunos aspectos que hemos criticado", como que "no se aplique a casos que efectivamente constituyan terrorismo de acuerdo a estándares internacionales". Otra crítica es el recurso de la fiscalía a los llamados "testigos protegidos", que a juicio de Piquer "debería ser una situación sumamente extrema, cuando efectivamente existiese un riesgo para la seguridad del testigo, y aún así no debería impedir que la defensa pudiera interrogarle o solicitar su inhabilitación".
*Fuente: Azkintuwe
Fuente: piensaChile.com
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