Guatemala
12/04/2011
Ileana Alamilla
Hay, en los medios guatemaltecos, torrentes de información, algunas triviales y otras importantes, que llenan los espacios periodísticos escritos, radiales y visuales; y luego, desaparecen, sin dejar huella.
12/04/2011
Ileana Alamilla
Hay, en los medios guatemaltecos, torrentes de información, algunas triviales y otras importantes, que llenan los espacios periodísticos escritos, radiales y visuales; y luego, desaparecen, sin dejar huella.
Muchas veces, la reflexión crítica es ahogada por esa avalancha imparable. Pero lo que casi nunca aparece, por paradójico que parezca, es el tema del derecho a la libertad de expresión del pensamiento.
Ha sido tradicional que este derecho carezca de interés para la ciudadanía ya que lo consideran como exclusivo de los periodistas. El derecho a la información tampoco se asume en su doble función: informar y ser informado, a pesar de que ambas dimensiones constituyen bases fundamentales para el ejercicio de los demás derechos humanos.
Esta condición provoca una desvalorización y desinterés en reivindicar dichas garantías. Ni siquiera las organizaciones sociales las incorporan en sus plataformas de lucha.
Por eso, el silencio que impera en las comunidades rurales e incluso en la capital, en relación con actos ilegales vinculados al crimen organizado y la narcoactividad, es algo natural.
El Estado ha sido complaciente, permeable y vulnerable a la penetración de la criminalidad en sus propias estructuras, convirtiéndose en incapaz para combatirla, lo que nos expone a continuar conviviendo con las actividades ilegales que, eventualmente, se transforman en “normales”.
En los departamentos hay una fuerte presencia de esos grupos que actúan con libertad, hasta llegan a suscitar admiración en algunas personas, tanto que los defienden o encubren frente a las autoridades, pero también hay que reconocer que estos delincuentes intimidan, imponen, generan temor y pueden definir y decidir sobre la vida cotidiana.
Las zonas fronterizas, de difícil control, ofrecen condiciones idóneas para sus acciones, pero también las áreas urbanas, las carreteras, los municipios, en donde han tejido redes. No es sólo el narcotráfico como en el pasado, hoy está diversificado: cultivo, comercio, lavado y hasta tumbe de droga; otros trafican combustible o maderas, se dedican a la trata de personas, extorsionan, secuestran, roban furgones y carros, trafican armas y otros ilícitos.
Entre su ámbito de decisión está delimitar las agendas informativas. Dada la debilidad institucional y la indefensión generalizada, esos grupos tienen capacidad de decidir sobre lo que puede publicarse y evitar lo que les perjudica; pueden tender cortinas de humo, distorsionar o distraer la opinión pública, cuentan con grandes áreas de influencia y recursos cuantiosos para desempeñar un papel de liderazgo.
En medio de este caos se encuentran las y los periodistas y comunicadores que han sufrido censura y autocensura, ante los temas que les afectan a esos actores criminales, lo que se traduce en una virtual desinformación sobre lo que está sucediendo, similar a lo que ocurrió durante el conflicto armado, sólo que antes fue el Estado contrainsurgente el que amordazó a la prensa y hoy hay otros censores de dicha libertad.
Una muestra de lo que sucede es la poca información que se publica sobre la narcoactividad en departamentos que todos sabemos la sufren cotidianamente. En todo el 2010, en cinco medios escritos, se incluyeron 35 notas sobre Alta Verapaz, 22 sobre Petén y 14 sobre Huehuetenango.
Es hora de empezar a pensar cómo blindar nuestro ejercicio profesional.
Guatemala, 11 de abril de 2011
Ha sido tradicional que este derecho carezca de interés para la ciudadanía ya que lo consideran como exclusivo de los periodistas. El derecho a la información tampoco se asume en su doble función: informar y ser informado, a pesar de que ambas dimensiones constituyen bases fundamentales para el ejercicio de los demás derechos humanos.
Esta condición provoca una desvalorización y desinterés en reivindicar dichas garantías. Ni siquiera las organizaciones sociales las incorporan en sus plataformas de lucha.
Por eso, el silencio que impera en las comunidades rurales e incluso en la capital, en relación con actos ilegales vinculados al crimen organizado y la narcoactividad, es algo natural.
El Estado ha sido complaciente, permeable y vulnerable a la penetración de la criminalidad en sus propias estructuras, convirtiéndose en incapaz para combatirla, lo que nos expone a continuar conviviendo con las actividades ilegales que, eventualmente, se transforman en “normales”.
En los departamentos hay una fuerte presencia de esos grupos que actúan con libertad, hasta llegan a suscitar admiración en algunas personas, tanto que los defienden o encubren frente a las autoridades, pero también hay que reconocer que estos delincuentes intimidan, imponen, generan temor y pueden definir y decidir sobre la vida cotidiana.
Las zonas fronterizas, de difícil control, ofrecen condiciones idóneas para sus acciones, pero también las áreas urbanas, las carreteras, los municipios, en donde han tejido redes. No es sólo el narcotráfico como en el pasado, hoy está diversificado: cultivo, comercio, lavado y hasta tumbe de droga; otros trafican combustible o maderas, se dedican a la trata de personas, extorsionan, secuestran, roban furgones y carros, trafican armas y otros ilícitos.
Entre su ámbito de decisión está delimitar las agendas informativas. Dada la debilidad institucional y la indefensión generalizada, esos grupos tienen capacidad de decidir sobre lo que puede publicarse y evitar lo que les perjudica; pueden tender cortinas de humo, distorsionar o distraer la opinión pública, cuentan con grandes áreas de influencia y recursos cuantiosos para desempeñar un papel de liderazgo.
En medio de este caos se encuentran las y los periodistas y comunicadores que han sufrido censura y autocensura, ante los temas que les afectan a esos actores criminales, lo que se traduce en una virtual desinformación sobre lo que está sucediendo, similar a lo que ocurrió durante el conflicto armado, sólo que antes fue el Estado contrainsurgente el que amordazó a la prensa y hoy hay otros censores de dicha libertad.
Una muestra de lo que sucede es la poca información que se publica sobre la narcoactividad en departamentos que todos sabemos la sufren cotidianamente. En todo el 2010, en cinco medios escritos, se incluyeron 35 notas sobre Alta Verapaz, 22 sobre Petén y 14 sobre Huehuetenango.
Es hora de empezar a pensar cómo blindar nuestro ejercicio profesional.
Guatemala, 11 de abril de 2011
- Ileana Alamilla, periodista guatemalteca, es directora de la Agencia CERIGUA. http://cerigua.info/portal/
Fuente: ALAI
Licencia: Copyleft
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