Amnistía Internacional
Uno no se imagina que el sueño se puede acabar en un ratito en este camino. […] [El militar] me llevaba de la mano por el monte. Me llevó lejos de las vías del tren, estábamos solos. Me dijo de quitarme la ropa para ver si traía droga. Me dijo que me dejaba ir si hacía lo que le decía.
Margarita (nombre ficticio), migrante salvadoreña de 27 años, describe cómo un soldado abusó sexualmente de ella.
Más de 200 millones de personas en el mundo son migrantes. Abandonan sus países de origen huyendo de la miseria, inseguridad, y de la falta de oportunidades. Como Margarita, durante el trayecto pueden quedar atrapadas en los países de tránsito, y sufrir los abusos y la violencia sexual incluso por parte de los funcionarios públicos. Otras personas que migran se ven sometidas a detenciones prolongadas e indefinidas, o, en ocasiones, para tratar de sortear el control de las fronteras, caen engañadas en redes de trata. En el país de destino, sin embargo, se encuentran con una realidad muy distinta: discriminación, explotación, y prostitución y trabajos forzados.
Los derechos de las personas migrantes son derechos humanos. Pese a ello, muchas no pueden reclamar sus derechos porque se encuentran en situación administrativa irregular. Sin embargo, los Estados deben proteger a estas personas, independientemente de su condición jurídica. Para fortalecer su protección jurídica, los gobiernos cuentan con la Convención de los Trabajadores Migrantes, uno de los tratados de derechos humanos básicos.
Por esta razón le pedimos al Gobierno español que ratifique la Convención de los Trabajadores Migrantes, sitúe los derechos de las personas migrantes en el centro de las políticas migratorias, y fortalezca su protección jurídica, contribuyendo así a combatir la discriminación, a promover unas condiciones de vida y de trabajo dignas, y a garantizar los derechos de todas las personas trabajadoras migrantes, independientemente de su situación administrativa.
Más de 200 millones de personas en el mundo son migrantes. Abandonan sus países de origen huyendo de la miseria, inseguridad, y de la falta de oportunidades. Como Margarita, durante el trayecto pueden quedar atrapadas en los países de tránsito, y sufrir los abusos y la violencia sexual incluso por parte de los funcionarios públicos. Otras personas que migran se ven sometidas a detenciones prolongadas e indefinidas, o, en ocasiones, para tratar de sortear el control de las fronteras, caen engañadas en redes de trata. En el país de destino, sin embargo, se encuentran con una realidad muy distinta: discriminación, explotación, y prostitución y trabajos forzados.
Los derechos de las personas migrantes son derechos humanos. Pese a ello, muchas no pueden reclamar sus derechos porque se encuentran en situación administrativa irregular. Sin embargo, los Estados deben proteger a estas personas, independientemente de su condición jurídica. Para fortalecer su protección jurídica, los gobiernos cuentan con la Convención de los Trabajadores Migrantes, uno de los tratados de derechos humanos básicos.
Por esta razón le pedimos al Gobierno español que ratifique la Convención de los Trabajadores Migrantes, sitúe los derechos de las personas migrantes en el centro de las políticas migratorias, y fortalezca su protección jurídica, contribuyendo así a combatir la discriminación, a promover unas condiciones de vida y de trabajo dignas, y a garantizar los derechos de todas las personas trabajadoras migrantes, independientemente de su situación administrativa.
¡Actúa!
Fuente: Amnistía Internacional España
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