Noticias Aliadas
Ejecutivo retrocede en intento de facilitar libertad de militares procesados por graves violaciones a derechos humanos.
Sólo 13 días estuvo en vigencia el decreto legislativo (DL) 1097 promulgado por el Ejecutivo el 1 de setiembre y que de aplicarse hubiese dejado en libertad a policías y militares que cometieron violaciones a los derechos humanos entre 1980 y el 2003.
Sólo 13 días estuvo en vigencia el decreto legislativo (DL) 1097 promulgado por el Ejecutivo el 1 de setiembre y que de aplicarse hubiese dejado en libertad a policías y militares que cometieron violaciones a los derechos humanos entre 1980 y el 2003.
La norma provocó innumerables pronunciamientos de cuestionamiento por parte de organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales que pedían su derogatoria por considerar que las violaciones graves a los derechos humanos son imprescriptibles.
Pero no fue sino hasta que el 13 de setiembre, cuando el escritor Mario Vargas Llosa dirigió una carta al presidente Alan García en la que le dice que debido al DL 1097 renuncia a la presidencia de la Comisión Encargada del Lugar de la Memoria —proyecto para recordar a las víctimas de la violencia política que vivió el país entre 1980 y el 2000—, que el Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley proponiendo la derogatoria del cuestionado decreto.
Vargas Llosa señala en su misiva que el DL 1097 “a todas luces, constituye una amnistía apenas disfrazada para beneficiar a buen número de personas vinculadas a la dictadura y condenadas o procesadas por crímenes contra los derechos humanos —asesinatos, torturas y desapariciones—, entre ellos al propio ex dictador y su brazo derecho”, en referencia al ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000) y su asesor Vladimiro Montesinos.
El 14 de setiembre el Congreso de la República aprobó por amplia mayoría —con un solo voto en contra, el del vicepresidente, congresista y militar retirado Luis Giampetri, del partido de gobierno— la derogatoria de la norma. Ese mismo día, el presidente García juramentó al nuevo gabinete que lo acompañará en el tramo final de su mandato que concluye en julio del 2011. En el nuevo gabinete quedó fuera el hasta entonces ministro de Defensa Rafael Rey, principal promotor del DL 1097.
En los pocos días que estuvo en vigencia la referida norma se acogieron a ésta más de 20 integrantes del destacamento militar conocido como Grupo Colina, que perpetró las matanzas de estudiantes y pobladores por las cuales Fujimori fue condenado a 25 años de cárcel como autor mediato.
Aunque el 15 de setiembre la primera Sala Penal Especial declaró inconstitucional e inaplicable la norma en la medida en que es contraria a la Constitución, los tratados internacionales y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, algunos abogados y defensores de derechos humanos advierten que los pedidos presentados en ese tiempo deben ser resueltos, es decir, los jueces deben pronunciarse.
Los organismos de derechos humanos, dirigentes sindicales y del movimiento popular reclaman ahora la derogatoria de los DL 1094, 1095 y 1096 que García promulgó junto con el 1097 y que permiten a las fuerzas militares usar armas en forma indiscriminada para disolver protestas sociales a las que definen como “grupo hostil”, y que pretenden considerar los delitos comunes cometidos por militares como si fueran de función y por tanto que sea el fuero militar el que los juzgue y no el fuero común, como corresponde.
El Instituto de Defensa Legal indicó que es preocupante la definición sobre “grupo hostil”, “pues es tan amplia que podría ser instrumentalizada para criminalizar aún más algunas protestas sociales, específicamente, las protestas de los pueblos indígenas”. —Noticias Aliadas.
Pero no fue sino hasta que el 13 de setiembre, cuando el escritor Mario Vargas Llosa dirigió una carta al presidente Alan García en la que le dice que debido al DL 1097 renuncia a la presidencia de la Comisión Encargada del Lugar de la Memoria —proyecto para recordar a las víctimas de la violencia política que vivió el país entre 1980 y el 2000—, que el Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley proponiendo la derogatoria del cuestionado decreto.
Vargas Llosa señala en su misiva que el DL 1097 “a todas luces, constituye una amnistía apenas disfrazada para beneficiar a buen número de personas vinculadas a la dictadura y condenadas o procesadas por crímenes contra los derechos humanos —asesinatos, torturas y desapariciones—, entre ellos al propio ex dictador y su brazo derecho”, en referencia al ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000) y su asesor Vladimiro Montesinos.
El 14 de setiembre el Congreso de la República aprobó por amplia mayoría —con un solo voto en contra, el del vicepresidente, congresista y militar retirado Luis Giampetri, del partido de gobierno— la derogatoria de la norma. Ese mismo día, el presidente García juramentó al nuevo gabinete que lo acompañará en el tramo final de su mandato que concluye en julio del 2011. En el nuevo gabinete quedó fuera el hasta entonces ministro de Defensa Rafael Rey, principal promotor del DL 1097.
En los pocos días que estuvo en vigencia la referida norma se acogieron a ésta más de 20 integrantes del destacamento militar conocido como Grupo Colina, que perpetró las matanzas de estudiantes y pobladores por las cuales Fujimori fue condenado a 25 años de cárcel como autor mediato.
Aunque el 15 de setiembre la primera Sala Penal Especial declaró inconstitucional e inaplicable la norma en la medida en que es contraria a la Constitución, los tratados internacionales y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, algunos abogados y defensores de derechos humanos advierten que los pedidos presentados en ese tiempo deben ser resueltos, es decir, los jueces deben pronunciarse.
Los organismos de derechos humanos, dirigentes sindicales y del movimiento popular reclaman ahora la derogatoria de los DL 1094, 1095 y 1096 que García promulgó junto con el 1097 y que permiten a las fuerzas militares usar armas en forma indiscriminada para disolver protestas sociales a las que definen como “grupo hostil”, y que pretenden considerar los delitos comunes cometidos por militares como si fueran de función y por tanto que sea el fuero militar el que los juzgue y no el fuero común, como corresponde.
El Instituto de Defensa Legal indicó que es preocupante la definición sobre “grupo hostil”, “pues es tan amplia que podría ser instrumentalizada para criminalizar aún más algunas protestas sociales, específicamente, las protestas de los pueblos indígenas”. —Noticias Aliadas.
Fuente: Noticias Aliadas
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