En breve verá la luz un informe de la ONU que detalla una década de violencia continuada en África Central
Ruanda-RD Congo
Jordi Palou-Loverdos
¿Tiene relación los genocidios de Rwanda y Congo con España y sus tribunales; con la ONU, EEUU y Gran Bretaña? Más de la que parece. ¿Y qué nos importa? Nos toca más de cerca de lo que podemos pensar. Hace pocos días la prensa internacional se hacía eco de la filtración de un informe del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU (UNHCHR) sobre 10 años de violencia continuada en la República Democrática del Congo (1993-2003). Este informe de casi 600 páginas debe ver la luz en los próximos días y veremos en qué términos después del revuelo internacional y las enormes amenazas –veladas y a plena luz- que se están produciendo por numerosos actores internacionales- incluidos gobiernos- en múltiples direcciones.
Ruanda-RD Congo
Jordi Palou-Loverdos
¿Tiene relación los genocidios de Rwanda y Congo con España y sus tribunales; con la ONU, EEUU y Gran Bretaña? Más de la que parece. ¿Y qué nos importa? Nos toca más de cerca de lo que podemos pensar. Hace pocos días la prensa internacional se hacía eco de la filtración de un informe del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU (UNHCHR) sobre 10 años de violencia continuada en la República Democrática del Congo (1993-2003). Este informe de casi 600 páginas debe ver la luz en los próximos días y veremos en qué términos después del revuelo internacional y las enormes amenazas –veladas y a plena luz- que se están produciendo por numerosos actores internacionales- incluidos gobiernos- en múltiples direcciones.
La ONU dice que Rwanda podría ser culpable de genocidio en la RD Congo
Dicho informe filtrado de la ONU pone de manifiesto con contundencia, después del estudio de miles de documentos y de más de mil testimonios recogidos por los expertos, la crudeza de las matanzas producidas de forma sistemática contra población de la etnia hutu, tanto refugiados rwandeses como población civil congoleña, principalmente durante las dos guerras (de septiembre de 1996 a julio de 1998 y agosto de 1998 en adelante).
Según dicho informe, se procedió a la masacre deliberada de personas, incluyendo en especial ancianos, niños y mujeres, hutus rwandeses y congoleños sin excepción y sin poder ser en ningún caso consideradas muertes accidentales o colaterales de la guerra. Según las pruebas recogidas, dichas masacres estuvieron “bien planeadas y altamente organizadas”, haciéndose referencia a más de 600 actos criminales sistemáticos con cientos de miles de víctimas como resultado.
En la misma línea que las resoluciones judiciales españolas, la ONU pone de manifiesto ahora que, además de la muerte directa por armas ligeras o pesadas, las muertes se tuvieron lugar también por otras formas de producir genocidio como privación de alimentación y desplazamientos forzosos de población (refugiados hutus y población civil congoleña, cuyas víctimas fueron también mayoritariamente hutus), agresiones sexuales o sometiéndoles a condiciones de inanición y enfermedades que provocarían con toda probabilidad su muerte. Sólo hay que detenerse un instante para ir más allá de las cifras (millones, en plural, más allá de las 800.000 víctimas del genocidio oficial en Rwanda) y tomar consciencia del sufrimiento –individual, familiar y colectivo- que hay tras cada víctima para acercarse a la magnitud de la tragedia (que desgraciadamente continúa).
Aunque en dicho informe no se establecen responsabilidades individuales por dichos crímenes, sí se atribuye la responsabilidad principal al ejército de Rwanda -y sus aliados locales- y también se concretan los crímenes que podrían haberse producido en esa década estudiada, pudiendo los hechos constituir crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra e incluso susceptibles de ser calificados como genocidio.
Curiosamente lo que ha levantado revuelo en el Gobierno de Rwanda es este último crimen, el de genocidio, no los dos primeros, no discutidos por Rwanda y ya de por sí crímenes internacionales gravísimos. Y no es por casualidad: la prensa internacional, sin dejar de recordar la enorme tragedia producida en el genocidio de Rwanda de 1994 con mayoría de víctimas tutsis, no ha dejado de replantearse el papel de Paul Kagame y sus acólitos en dicho genocidio, cuestionando severamente la versión de éste y su cúpula que reclama que él fue quien detuvo dicho genocidio. Esta versión se va desmontando como un castillo de naipes y este informe de la ONU no hace más que acelerar la caída.
Muchos afirman que habrá que reinvestigar lo que sucedió realmente durante en genocidio del año 1994 en Rwanda, incluido el informe secreto de 1994 del representante norteamericano del ACNUR en Rwanda Robert Gersony, embargado por la propia ONU, recogido en la investigación de los tribunales españoles a través del testimonio del ex ministro de exteriores ruandés –entre otros- y que documentó más de 30.000 asesinatos en sólo tres meses después que Kagame tomara el poder por la fuerza después de cuatro años de guerra tras su invasión de Rwanda desde Uganda y “parara oficialmente el genocidio”. Sólo de esta manera los responsables de crímenes internacionales – sin distinción étnica ni política de ningún tipo, como prevé el Estatuto del Tribunal Penal Internacional para Rwanda- podrían rendir cuentas ante la justicia sin distinción partidista.
Hay que decir que la planificación precisa y el alto grado de organización del ejército de Rwanda en la ejecución de crímenes ya fueron puestas de manifiesto en otros dos Informes de la ONU de los años 2001 y 2002 (http://www.veritasrwandaforum.org/informes.htm), en ese caso en relación al pillaje sistemático de recursos naturales como oro, diamantes, coltan, estaño, y casiterita, entre otros, junto a multinacionales norteamericanas, europeas, africanas y orientales (minerales preciosos incorporados en nuestros móviles, ordenadores, consolas además de armamento inteligente y estratégico).
¿Qué tribunal puede investigar estos crímenes internacionales en la RD Congo?
El informe acaba preguntándose qué tribunal podrá hacerse cargo de la investigación y enjuiciamiento de estos crímenes. Es una pregunta esencial para que la impunidad de los mismos, ya de hace años, no continúe retroalimentando el conflicto violento como lo hace hasta nuestros días. Aunque la idea de investigar estos crímenes en la RD Congo es anterior, los expertos de la ONU empezaron a trabajar en ello en julio de 2008, pocos meses después de que el 6 de febrero de 2008 los tribunales españoles hicieran público un Auto de Procesamiento de 40 altos mandos político-militares de Rwanda por crímenes de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, entre otros, presuntamente ejecutados en Rwanda y el Zaire/RD Congo en el período que media entre el año 1990 y el 2002.
Dicho Auto (http://www.veritasrwandaforum.org/dosier/resol_auto_esp_06022008.pdf) concretaba tres años de investigación iniciada mediante una querella presentada en 2005 por las familias de 9 españoles asesinados en 1994, 1996, 1997 y 2000 en estos dos países y por sobrevivientes rwandeses y congoleños, por el premio Nobel de la Paz Adolfo Perez Esquivel, la ex congresista norteamericana Cynthia McKinney, los ayuntamientos de Sevilla, Manresa, Figueres, Navata y Tremp, y ONG nacionales e internacionales englobadas bajo el Forum Internacional señalado más abajo. Numerosos sobrevivientes de dichas masacres en la RD Congo, que huyeron casi dos mil kilómetros a pie, e imágenes obtenidas sobre el terreno como las de Hubert Sauper han relatado lo que ahora expone públicamente la ONU: ataques sistemáticos de campos de refugiados, bombardeos con armamento pesado y persecuciones sistemáticas en caminos, selvas, pueblos y ciudades –muy especialmente Kisangani, en diversas ocasiones- e incluso repatriaciones forzadas por parte del ACNUR de refugiados que posteriormente serían asesinados o encarcelados, según expuso el propio Auto judicial español.
Ya en 2008 la amenaza de Paul Kagame y Rwanda ante la investigación judicial y la efectividad de la orden de arresto internacional (que los propios ayuntamientos personados pidieron directamente al Secretario General de la ONU) era la misma que ahora ante este informe: si uno de los 40 buscados, el general rwandés Karake Karenzi no era confirmado en su puesto como segundo comandante en la fuerza híbrida de paz de la ONU en Sudán a pesar de la orden de arresto internacional española, Rwanda retiraría todas las fuerzas de paz de Sudán. Karake Karenzi, después de que las Rwandan Defense Forces recibieran el 3 de septiembre de 2008 del Departamento de Estado de EEUU la cantidad de 20 millones de dólares, fue confirmado en su puesto por la ONU. Hace escasos días se ha repetido la amenaza de Rwanda: si el ejército comandado por Paul Kagame es acusado de genocidio, Rwanda retirará sus fuerzas de las operaciones de mantenimiento de la paz.
Para responder a la pregunta hay a quien le interesa complicar las cosas más de la cuenta para que al final no se haga nada. Para los crímenes de 1993 a 2003 hay dos tribunales a nivel internacional que ya están investigando y tienen procesos abiertos: para los crímenes de 1993 al 1 de julio de 2002 el único tribunal del mundo que está ya investigando estos crímenes es el tribunal español, de acuerdo con el principio de justicia universal (baste señalar, a título de ejemplo, que de las 40 órdenes de arresto internacional emitidas por el tribunal español en 2008 una de ellas se ha traducido en solicitud de extradición por crímenes producidos tanto en Rwanda como la RD Congo en el mismo período que el informe respecto al general Kayumba Nyamwasa, ex brazo derecho del Presidente Paul Kagame y actualmente huido en Sudáfrica);
Para los crímenes a partir del 1 de julio de 2002 hasta 2003 la Corte Penal Internacional (CPI) tiene dos procesos abiertos y en curso. Ambos tribunales son competentes aunque gozan de escasísimos recursos para realizar su cometido. La Audiencia Nacional recibe el silencio como respuesta cuando pide a la ONU con todas las formalidades las pruebas de estos crímenes contra las personas de los años 1996 y 1997 o las pruebas del pillaje de recursos minerales valiosos de esos mismos años y posteriores. Los medios internacionales que han tenido acceso al informe han puesto de manifiesto que la Alta Comisionada de la ONU responsable del texto guarda una base de datos confidencial –separada del Informe- con pruebas que implican de forma individual a cargos militares rwandeses y ugandeses de los crímenes antes relatados. La Alta Comisionada –casualmente sudafricana- Navanethem Pillay, buena conocedora de las implicaciones y de la dimensión de la tragedia en el África Central al haber sido jueza del Tribunal para Rwanda (TPIR) y de la Corte Penal Internacional, debería poner a disposición de la CPI y de la Audiencia Nacional las pruebas que implican a personas determinadas de dichos crímenes internacionales en aplicación del derecho internacional.
Importantes implicaciones internacionales en los crímenes ejecutados en África
Esto no es sólo una cuestión entre hutus y tutsis rwandeses y congoleños o una cuestión de África Central, siendo que es el conflicto violento que se ha llevado más vidas humanas desde la Segunda Guerra Mundial, según palabras del Fiscal de la CPI, Moreno Ocampo. Aparece una historia de violencia, guerra y neoesclavitud por el control geoeconómico, geopolítico y geoestratégico de África Central después de la caída del muro de Berlín, cuyos capítulos van saliendo a la luz poco a poco. Antaño los europeos y norteamericanos utilizaron a una minoría africana para que se beneficiara y explotara a sus hermanos de sangre. Las dinámicas de explotación y esclavitud de los siglos XV a XIX (de las entonces potencias europeas como España, Francia, Portugal, Gran Bretaña, Bélgica, Holanda y más tarde Estados Unidos) se reproducen con nuevos modelos a finales del siglo XX y principios del XXI, sólo que ahora –sin necesidad de desplazar a los esclavos del territorio- son gobiernos, multinacionales y grupos de poder que utilizan y manipulan a “elites” africanas para que masacren y exploten a sus hermanos africanos a cambio de un pequeño porcentaje de poder y dinero del pillaje sistemático de guerra, que deja unas migas en África pero que sus grandes beneficios se esfuman a Norteamérica, Europa y aliados bajo complejas formas de transacciones de grupos empresariales, como ha señalado en dichos informes de 2001 y 2002 la propia ONU.
La ONU, que debería ser la esperanza y apoyo a los pueblos y a la humanidad, se ha convertido en el juguete de los gobiernos y de las multinacionales y grandes poderes que les guían según sus propios intereses. En este caso los capítulos ocultos que vamos conociendo gracias a investigadores tenaces e independientes nos permiten conocer cómo agencias gubernamentales norteamericanas, canadienses y británicas, junto con multinacionales y grupos empresariales se unen para conseguir el control de los territorios, los riquísimos recursos naturales de los mismos y los gobiernos locales: sólo como ejemplo, la ex congresista norteamericana McKinney -descendiente de esclavos, como la actual Primera Dama norteamericana y enviada especial en 1996 por el presidente Clinton a África Central- reveló más tarde que descubrió que el avión en el que viajó -fletado por directivos de la multinacional American Mineral Fields- transportaba también traficantes de armas y que había un plan previsto para financiar la guerra para deponer a Mobutu en el entonces Zaire y controlar las zonas mineras con el fin de pillar primero y explotar después las minas, hechos que fueron corroborados posteriormente por los propios informes de la ONU de 2001 y 2002.
A ello se puede unir el hecho, también corroborado, que Paul Kagame fue llamado en octubre de 1990 desde Estados Unidos (donde se estaba formando militarmente en la Comandancia del Ejército de Estados Unidos de América –conectado con la tristemente conocida Escuela de las Américas-, concretamente en la base de Fort Leavenworth, Kansas) a Uganda para liderar la rebelión que debía deponer al entonces presidente de Rwanda Habyarimana.
ONU, Kagame, Zapatero y política internacional
Este informe de la ONU, contundente con Rwanda, se ha filtrado con delicadeza diplomática, casualmente justo tres semanas después –no antes- de haberse celebrado elecciones presidenciales en Rwanda, donde Paul Kagame (acusado de crímenes internacionales por el Tribunal español en relación a dichos crímenes en la RD Congo y que goza del asesoramiento personal gratuito del ex premier británico Tony Blair, entre otros) ha sido reelegido presidente por un 93% de los votos, donde los candidatos de la oposición o han sido encarcelados o asesinados. Elecciones validadas a pesar de las grandes reservas internacionales de diplomacias y ONG’s internacionales. Sin duda el secretario general de la ONU debía conocer el contenido de dicho informe cuando en julio se desplazó a Madrid para asistir a la cumbre de la ONU convocada por él mismo preparatoria de los Objetivos del Milenio, junto a los dos co-presidentes que él mismo –aparentemente- escogió: el presidente Zapatero, presidente de un país donde sus tribunales investigan justamente esos crímenes, y Paul Kagame – presidente investigado y acusado por un tribunal español de ser el máximo responsable de esos crímenes, incluidos de los 9 españoles asesinados en Rwanda y RD Congo.
Afortunadamente el Presidente Zapatero, después de la petición por parte de las nueve familias españolas, de una plataforma de ong’s nacional (bastayadeimpunidadenruanda.org) e internacional, de peticiones en embajadas de todo el mundo y de la petición expresa de senadores y de siete grupos políticos del Congreso (entre los que no estaban ni el PSOE ni el PP), decidió en último momento no reunirse con Kagame y desplazar la reunión a un hotel privado. Sin embargo, la reunión oficial que se celebrará en la sede de la ONU en Nueva York el próximo 20 de septiembre contará, si no hay cambio de última hora, con la co-presidencia de Zapatero y Kagame, junto al secretario general de la ONU que está por publicar este informe demoledor.
Para cumplir con los objetivos del milenio de erradicar el hambre y las enfermedades en el mundo y demás loables e imprescindibles objetivos convienen quizás otras medidas más eficaces que esta reunión, con un encuentro indecente e indigno entre bambalinas: como señala Carlos Castresana (Fiscal de las causas de justicia universal de Argentina y Chile), quizás será necesario al final aprobar un gran acuerdo estilo “Plan Marshal” para África, con la contribución determinante de EEUU, China, Gran Bretaña, Francia, Alemania, India, Cánada y Brasil u otros países, que permita a la par que abrir nuevos mercados y nuevos consumidores para estas ávidas potencias y sus multinacionales, beneficiar de forma definitiva a los actuales africanos –y de retoque a todos nosotros- y al menos a las siete generaciones que les seguirán. Sí, la ley del boomerang es implacable y todo esto nos toca más de cerca de lo que podemos pensar.
Jordi Palou-Loverdos es abogado acreditado ante la Corte Penal Internacional y mediador en conflictos internacionales. Es representante legal de víctimas españolas, rwandeses y congoleñas y del Forum Internacional por la Verdad y la Justicia en el África de los Grandes Lagos ante los Tribunales españoles.
Dicho informe filtrado de la ONU pone de manifiesto con contundencia, después del estudio de miles de documentos y de más de mil testimonios recogidos por los expertos, la crudeza de las matanzas producidas de forma sistemática contra población de la etnia hutu, tanto refugiados rwandeses como población civil congoleña, principalmente durante las dos guerras (de septiembre de 1996 a julio de 1998 y agosto de 1998 en adelante).
Según dicho informe, se procedió a la masacre deliberada de personas, incluyendo en especial ancianos, niños y mujeres, hutus rwandeses y congoleños sin excepción y sin poder ser en ningún caso consideradas muertes accidentales o colaterales de la guerra. Según las pruebas recogidas, dichas masacres estuvieron “bien planeadas y altamente organizadas”, haciéndose referencia a más de 600 actos criminales sistemáticos con cientos de miles de víctimas como resultado.
En la misma línea que las resoluciones judiciales españolas, la ONU pone de manifiesto ahora que, además de la muerte directa por armas ligeras o pesadas, las muertes se tuvieron lugar también por otras formas de producir genocidio como privación de alimentación y desplazamientos forzosos de población (refugiados hutus y población civil congoleña, cuyas víctimas fueron también mayoritariamente hutus), agresiones sexuales o sometiéndoles a condiciones de inanición y enfermedades que provocarían con toda probabilidad su muerte. Sólo hay que detenerse un instante para ir más allá de las cifras (millones, en plural, más allá de las 800.000 víctimas del genocidio oficial en Rwanda) y tomar consciencia del sufrimiento –individual, familiar y colectivo- que hay tras cada víctima para acercarse a la magnitud de la tragedia (que desgraciadamente continúa).
Aunque en dicho informe no se establecen responsabilidades individuales por dichos crímenes, sí se atribuye la responsabilidad principal al ejército de Rwanda -y sus aliados locales- y también se concretan los crímenes que podrían haberse producido en esa década estudiada, pudiendo los hechos constituir crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra e incluso susceptibles de ser calificados como genocidio.
Curiosamente lo que ha levantado revuelo en el Gobierno de Rwanda es este último crimen, el de genocidio, no los dos primeros, no discutidos por Rwanda y ya de por sí crímenes internacionales gravísimos. Y no es por casualidad: la prensa internacional, sin dejar de recordar la enorme tragedia producida en el genocidio de Rwanda de 1994 con mayoría de víctimas tutsis, no ha dejado de replantearse el papel de Paul Kagame y sus acólitos en dicho genocidio, cuestionando severamente la versión de éste y su cúpula que reclama que él fue quien detuvo dicho genocidio. Esta versión se va desmontando como un castillo de naipes y este informe de la ONU no hace más que acelerar la caída.
Muchos afirman que habrá que reinvestigar lo que sucedió realmente durante en genocidio del año 1994 en Rwanda, incluido el informe secreto de 1994 del representante norteamericano del ACNUR en Rwanda Robert Gersony, embargado por la propia ONU, recogido en la investigación de los tribunales españoles a través del testimonio del ex ministro de exteriores ruandés –entre otros- y que documentó más de 30.000 asesinatos en sólo tres meses después que Kagame tomara el poder por la fuerza después de cuatro años de guerra tras su invasión de Rwanda desde Uganda y “parara oficialmente el genocidio”. Sólo de esta manera los responsables de crímenes internacionales – sin distinción étnica ni política de ningún tipo, como prevé el Estatuto del Tribunal Penal Internacional para Rwanda- podrían rendir cuentas ante la justicia sin distinción partidista.
Hay que decir que la planificación precisa y el alto grado de organización del ejército de Rwanda en la ejecución de crímenes ya fueron puestas de manifiesto en otros dos Informes de la ONU de los años 2001 y 2002 (http://www.veritasrwandaforum.org/informes.htm), en ese caso en relación al pillaje sistemático de recursos naturales como oro, diamantes, coltan, estaño, y casiterita, entre otros, junto a multinacionales norteamericanas, europeas, africanas y orientales (minerales preciosos incorporados en nuestros móviles, ordenadores, consolas además de armamento inteligente y estratégico).
¿Qué tribunal puede investigar estos crímenes internacionales en la RD Congo?
El informe acaba preguntándose qué tribunal podrá hacerse cargo de la investigación y enjuiciamiento de estos crímenes. Es una pregunta esencial para que la impunidad de los mismos, ya de hace años, no continúe retroalimentando el conflicto violento como lo hace hasta nuestros días. Aunque la idea de investigar estos crímenes en la RD Congo es anterior, los expertos de la ONU empezaron a trabajar en ello en julio de 2008, pocos meses después de que el 6 de febrero de 2008 los tribunales españoles hicieran público un Auto de Procesamiento de 40 altos mandos político-militares de Rwanda por crímenes de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, entre otros, presuntamente ejecutados en Rwanda y el Zaire/RD Congo en el período que media entre el año 1990 y el 2002.
Dicho Auto (http://www.veritasrwandaforum.org/dosier/resol_auto_esp_06022008.pdf) concretaba tres años de investigación iniciada mediante una querella presentada en 2005 por las familias de 9 españoles asesinados en 1994, 1996, 1997 y 2000 en estos dos países y por sobrevivientes rwandeses y congoleños, por el premio Nobel de la Paz Adolfo Perez Esquivel, la ex congresista norteamericana Cynthia McKinney, los ayuntamientos de Sevilla, Manresa, Figueres, Navata y Tremp, y ONG nacionales e internacionales englobadas bajo el Forum Internacional señalado más abajo. Numerosos sobrevivientes de dichas masacres en la RD Congo, que huyeron casi dos mil kilómetros a pie, e imágenes obtenidas sobre el terreno como las de Hubert Sauper han relatado lo que ahora expone públicamente la ONU: ataques sistemáticos de campos de refugiados, bombardeos con armamento pesado y persecuciones sistemáticas en caminos, selvas, pueblos y ciudades –muy especialmente Kisangani, en diversas ocasiones- e incluso repatriaciones forzadas por parte del ACNUR de refugiados que posteriormente serían asesinados o encarcelados, según expuso el propio Auto judicial español.
Ya en 2008 la amenaza de Paul Kagame y Rwanda ante la investigación judicial y la efectividad de la orden de arresto internacional (que los propios ayuntamientos personados pidieron directamente al Secretario General de la ONU) era la misma que ahora ante este informe: si uno de los 40 buscados, el general rwandés Karake Karenzi no era confirmado en su puesto como segundo comandante en la fuerza híbrida de paz de la ONU en Sudán a pesar de la orden de arresto internacional española, Rwanda retiraría todas las fuerzas de paz de Sudán. Karake Karenzi, después de que las Rwandan Defense Forces recibieran el 3 de septiembre de 2008 del Departamento de Estado de EEUU la cantidad de 20 millones de dólares, fue confirmado en su puesto por la ONU. Hace escasos días se ha repetido la amenaza de Rwanda: si el ejército comandado por Paul Kagame es acusado de genocidio, Rwanda retirará sus fuerzas de las operaciones de mantenimiento de la paz.
Para responder a la pregunta hay a quien le interesa complicar las cosas más de la cuenta para que al final no se haga nada. Para los crímenes de 1993 a 2003 hay dos tribunales a nivel internacional que ya están investigando y tienen procesos abiertos: para los crímenes de 1993 al 1 de julio de 2002 el único tribunal del mundo que está ya investigando estos crímenes es el tribunal español, de acuerdo con el principio de justicia universal (baste señalar, a título de ejemplo, que de las 40 órdenes de arresto internacional emitidas por el tribunal español en 2008 una de ellas se ha traducido en solicitud de extradición por crímenes producidos tanto en Rwanda como la RD Congo en el mismo período que el informe respecto al general Kayumba Nyamwasa, ex brazo derecho del Presidente Paul Kagame y actualmente huido en Sudáfrica);
Para los crímenes a partir del 1 de julio de 2002 hasta 2003 la Corte Penal Internacional (CPI) tiene dos procesos abiertos y en curso. Ambos tribunales son competentes aunque gozan de escasísimos recursos para realizar su cometido. La Audiencia Nacional recibe el silencio como respuesta cuando pide a la ONU con todas las formalidades las pruebas de estos crímenes contra las personas de los años 1996 y 1997 o las pruebas del pillaje de recursos minerales valiosos de esos mismos años y posteriores. Los medios internacionales que han tenido acceso al informe han puesto de manifiesto que la Alta Comisionada de la ONU responsable del texto guarda una base de datos confidencial –separada del Informe- con pruebas que implican de forma individual a cargos militares rwandeses y ugandeses de los crímenes antes relatados. La Alta Comisionada –casualmente sudafricana- Navanethem Pillay, buena conocedora de las implicaciones y de la dimensión de la tragedia en el África Central al haber sido jueza del Tribunal para Rwanda (TPIR) y de la Corte Penal Internacional, debería poner a disposición de la CPI y de la Audiencia Nacional las pruebas que implican a personas determinadas de dichos crímenes internacionales en aplicación del derecho internacional.
Importantes implicaciones internacionales en los crímenes ejecutados en África
Esto no es sólo una cuestión entre hutus y tutsis rwandeses y congoleños o una cuestión de África Central, siendo que es el conflicto violento que se ha llevado más vidas humanas desde la Segunda Guerra Mundial, según palabras del Fiscal de la CPI, Moreno Ocampo. Aparece una historia de violencia, guerra y neoesclavitud por el control geoeconómico, geopolítico y geoestratégico de África Central después de la caída del muro de Berlín, cuyos capítulos van saliendo a la luz poco a poco. Antaño los europeos y norteamericanos utilizaron a una minoría africana para que se beneficiara y explotara a sus hermanos de sangre. Las dinámicas de explotación y esclavitud de los siglos XV a XIX (de las entonces potencias europeas como España, Francia, Portugal, Gran Bretaña, Bélgica, Holanda y más tarde Estados Unidos) se reproducen con nuevos modelos a finales del siglo XX y principios del XXI, sólo que ahora –sin necesidad de desplazar a los esclavos del territorio- son gobiernos, multinacionales y grupos de poder que utilizan y manipulan a “elites” africanas para que masacren y exploten a sus hermanos africanos a cambio de un pequeño porcentaje de poder y dinero del pillaje sistemático de guerra, que deja unas migas en África pero que sus grandes beneficios se esfuman a Norteamérica, Europa y aliados bajo complejas formas de transacciones de grupos empresariales, como ha señalado en dichos informes de 2001 y 2002 la propia ONU.
La ONU, que debería ser la esperanza y apoyo a los pueblos y a la humanidad, se ha convertido en el juguete de los gobiernos y de las multinacionales y grandes poderes que les guían según sus propios intereses. En este caso los capítulos ocultos que vamos conociendo gracias a investigadores tenaces e independientes nos permiten conocer cómo agencias gubernamentales norteamericanas, canadienses y británicas, junto con multinacionales y grupos empresariales se unen para conseguir el control de los territorios, los riquísimos recursos naturales de los mismos y los gobiernos locales: sólo como ejemplo, la ex congresista norteamericana McKinney -descendiente de esclavos, como la actual Primera Dama norteamericana y enviada especial en 1996 por el presidente Clinton a África Central- reveló más tarde que descubrió que el avión en el que viajó -fletado por directivos de la multinacional American Mineral Fields- transportaba también traficantes de armas y que había un plan previsto para financiar la guerra para deponer a Mobutu en el entonces Zaire y controlar las zonas mineras con el fin de pillar primero y explotar después las minas, hechos que fueron corroborados posteriormente por los propios informes de la ONU de 2001 y 2002.
A ello se puede unir el hecho, también corroborado, que Paul Kagame fue llamado en octubre de 1990 desde Estados Unidos (donde se estaba formando militarmente en la Comandancia del Ejército de Estados Unidos de América –conectado con la tristemente conocida Escuela de las Américas-, concretamente en la base de Fort Leavenworth, Kansas) a Uganda para liderar la rebelión que debía deponer al entonces presidente de Rwanda Habyarimana.
ONU, Kagame, Zapatero y política internacional
Este informe de la ONU, contundente con Rwanda, se ha filtrado con delicadeza diplomática, casualmente justo tres semanas después –no antes- de haberse celebrado elecciones presidenciales en Rwanda, donde Paul Kagame (acusado de crímenes internacionales por el Tribunal español en relación a dichos crímenes en la RD Congo y que goza del asesoramiento personal gratuito del ex premier británico Tony Blair, entre otros) ha sido reelegido presidente por un 93% de los votos, donde los candidatos de la oposición o han sido encarcelados o asesinados. Elecciones validadas a pesar de las grandes reservas internacionales de diplomacias y ONG’s internacionales. Sin duda el secretario general de la ONU debía conocer el contenido de dicho informe cuando en julio se desplazó a Madrid para asistir a la cumbre de la ONU convocada por él mismo preparatoria de los Objetivos del Milenio, junto a los dos co-presidentes que él mismo –aparentemente- escogió: el presidente Zapatero, presidente de un país donde sus tribunales investigan justamente esos crímenes, y Paul Kagame – presidente investigado y acusado por un tribunal español de ser el máximo responsable de esos crímenes, incluidos de los 9 españoles asesinados en Rwanda y RD Congo.
Afortunadamente el Presidente Zapatero, después de la petición por parte de las nueve familias españolas, de una plataforma de ong’s nacional (bastayadeimpunidadenruanda.org) e internacional, de peticiones en embajadas de todo el mundo y de la petición expresa de senadores y de siete grupos políticos del Congreso (entre los que no estaban ni el PSOE ni el PP), decidió en último momento no reunirse con Kagame y desplazar la reunión a un hotel privado. Sin embargo, la reunión oficial que se celebrará en la sede de la ONU en Nueva York el próximo 20 de septiembre contará, si no hay cambio de última hora, con la co-presidencia de Zapatero y Kagame, junto al secretario general de la ONU que está por publicar este informe demoledor.
Para cumplir con los objetivos del milenio de erradicar el hambre y las enfermedades en el mundo y demás loables e imprescindibles objetivos convienen quizás otras medidas más eficaces que esta reunión, con un encuentro indecente e indigno entre bambalinas: como señala Carlos Castresana (Fiscal de las causas de justicia universal de Argentina y Chile), quizás será necesario al final aprobar un gran acuerdo estilo “Plan Marshal” para África, con la contribución determinante de EEUU, China, Gran Bretaña, Francia, Alemania, India, Cánada y Brasil u otros países, que permita a la par que abrir nuevos mercados y nuevos consumidores para estas ávidas potencias y sus multinacionales, beneficiar de forma definitiva a los actuales africanos –y de retoque a todos nosotros- y al menos a las siete generaciones que les seguirán. Sí, la ley del boomerang es implacable y todo esto nos toca más de cerca de lo que podemos pensar.
Jordi Palou-Loverdos es abogado acreditado ante la Corte Penal Internacional y mediador en conflictos internacionales. Es representante legal de víctimas españolas, rwandeses y congoleñas y del Forum Internacional por la Verdad y la Justicia en el África de los Grandes Lagos ante los Tribunales españoles.
www.veritasrwandaforum.org
Fuente: elplural.com
Licencia: Creative Commons
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RBlanco