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| Daniel Ortega, Presidente de Nicaragua. Fuente: www.kremlin.ru Creative Commons Attribution 3.0 Unported |
Amnistía Internacional
Ciberacción
La Corte Penal Internacional es el órgano judicial permanente encargado de enjuiciar los crímenes más graves de derecho internacional: el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión. La ratificación universal del Estatuto que la establece, supondría un compromiso global de lucha por la justicia internacional que no dejaría ni una sola opción de escapar de la exigencia de responsabilidad penal a los perpetradores de estos crímenes. Hasta hoy, el Estatuto ha sido ratificado por 111 países desde que fuera aprobado hace doce años y Nicaragua es uno de los cuatro países de América Latina que aún no lo han hecho.
La firma del Estatuto, no sólo supone someterse a la actividad jurisdiccional de un órgano internacional encargado de velar porque las conductas más atroces, que afectan al conjunto de la humanidad, sean perseguidas y castigadas. Supone también un compromiso firme de apostar por el cumplimiento de las obligaciones internacionales en la lucha contra la impunidad y la reparación de las víctimas.
Además, teniendo en cuenta que la competencia de la Corte arranca en el momento en que cada estado ratifica el Estatuto, y sólo puede investigar y enjuiciar los crímenes cometidos a partir de ese momento, la reiterada negativa de Nicaragua a ser un estado miembro de la Corte Penal Internacional, constituye un mensaje muy pesimista, tanto a su población como a la comunidad internacional, del compromiso con los derechos humanos del país.
Pide al Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra, que lance un mensaje de confianza a la población nicaragüense y a la comunidad internacional, devolviendo a Nicaragua al consenso internacional en materia de justicia internacional y lucha contra la impunidad con un mensaje claro y coherente: la ratificación del Estatuto de la Corte Penal Internacional.
Además, teniendo en cuenta que la competencia de la Corte arranca en el momento en que cada estado ratifica el Estatuto, y sólo puede investigar y enjuiciar los crímenes cometidos a partir de ese momento, la reiterada negativa de Nicaragua a ser un estado miembro de la Corte Penal Internacional, constituye un mensaje muy pesimista, tanto a su población como a la comunidad internacional, del compromiso con los derechos humanos del país.
Pide al Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra, que lance un mensaje de confianza a la población nicaragüense y a la comunidad internacional, devolviendo a Nicaragua al consenso internacional en materia de justicia internacional y lucha contra la impunidad con un mensaje claro y coherente: la ratificación del Estatuto de la Corte Penal Internacional.
¡Actúa!
Fuente: Amnistía Internacional España
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