Rosalinda Hernández Alarcón
La problemática agraria sigue siendo un tema que no interesa a la mayoría de diputados. Es evidente su desprecio para legislar en la perspectiva de promover el desarrollo rural a favor de la población campesina e indígena. Hay que recordar que el caos existente en el ordenamiento jurídico en Guatemala es uno de los principales aliados para que persistan las desigualdades sociales en el campo o aumenten, como en la concentración de la tierra para cultivar o para explotar recursos naturales.
Ya pasaron años de mesas multisectoriales de diálogo, tres gobiernos e igual número de legislaturas sin que ninguna bancada o bloque de partidos asumiera un compromiso social a favor de la mayoría de la población rural, que no sólo padece falta de servicios públicos de calidad y oportunidades para el acceso a recursos, sino mayores riesgos por los estragos de un modelo depredador.
Ya pasaron años de mesas multisectoriales de diálogo, tres gobiernos e igual número de legislaturas sin que ninguna bancada o bloque de partidos asumiera un compromiso social a favor de la mayoría de la población rural, que no sólo padece falta de servicios públicos de calidad y oportunidades para el acceso a recursos, sino mayores riesgos por los estragos de un modelo depredador.
La actual legislatura denota una actitud indolente y demagógica, al imponer mecanismos dilatorios, soslayar campañas de descalificación o guardar silencio. En el fondo se subordina al poder finquero, opuesto furibundo a que se legisle acerca de la situación agraria.
Una vez más hay que llamar la atención a la opinión pública, que bien sabe las incapacidades y debilidades del Congreso, los diputados de siete partidos que suscribieron el ingreso de una iniciativa de ley de desarrollo rural, hoy con Mariano Rayo a la cabeza, después de cuatro meses de audiencias públicas y desdeñando el dictamen favorable que tiene, se arrodillan a los intereses de los agro-empresarios. Y relegan -no sólo a la alianza de organizaciones a favor del desarrollo rural integral- sino a todas las personas que votaron por ellos y les hicieron explícito su compromiso de legislar para que tuvieran una mejor calidad de vida. Así, en lugar de responder a quienes los eligieron, actúan como comparsas para que siga siendo una quimera la emisión de leyes con carácter social.
El panorama descrito por la periodista Luisa Reynolds en EL Periódico revela con claridad las limitaciones que enfrenta la legislación sobre el catastro y hace un recuento de las leyes engavetadas. Sin una ley de desarrollo rural que ponga en el centro a las personas y vea a las mujeres (no a las ganancias ni la explotación), sin tribunales agrarios y sin otras regulaciones, la pobreza, el racismo y las desigualdades de género continúan.
Diputados: bien harían en leer el informe más reciente de desarrollo humano o al menos reflexionar acerca de lo dicho por un portavoz de Naciones Unidas, quien destacó que Guatemala es un país donde se registran grandes desigualdades en términos de ingreso, servicios de salud y educación, acceso a la tierra y una mayor cantidad de trabajo no pagado a las mujeres.
Una vez más hay que llamar la atención a la opinión pública, que bien sabe las incapacidades y debilidades del Congreso, los diputados de siete partidos que suscribieron el ingreso de una iniciativa de ley de desarrollo rural, hoy con Mariano Rayo a la cabeza, después de cuatro meses de audiencias públicas y desdeñando el dictamen favorable que tiene, se arrodillan a los intereses de los agro-empresarios. Y relegan -no sólo a la alianza de organizaciones a favor del desarrollo rural integral- sino a todas las personas que votaron por ellos y les hicieron explícito su compromiso de legislar para que tuvieran una mejor calidad de vida. Así, en lugar de responder a quienes los eligieron, actúan como comparsas para que siga siendo una quimera la emisión de leyes con carácter social.
El panorama descrito por la periodista Luisa Reynolds en EL Periódico revela con claridad las limitaciones que enfrenta la legislación sobre el catastro y hace un recuento de las leyes engavetadas. Sin una ley de desarrollo rural que ponga en el centro a las personas y vea a las mujeres (no a las ganancias ni la explotación), sin tribunales agrarios y sin otras regulaciones, la pobreza, el racismo y las desigualdades de género continúan.
Diputados: bien harían en leer el informe más reciente de desarrollo humano o al menos reflexionar acerca de lo dicho por un portavoz de Naciones Unidas, quien destacó que Guatemala es un país donde se registran grandes desigualdades en términos de ingreso, servicios de salud y educación, acceso a la tierra y una mayor cantidad de trabajo no pagado a las mujeres.
Fuente: ALAI
Licencia: Copyleft
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