Por Juan Ignacio Manchiola
La presidenta argentina aseguró que las reglas que rigen la actividad minera en el país no cambiarán. La postura fijada por la primera mandataria 'provoca inquietud y profunda preocupación', confirmó la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Un experto de la Universidad de La Plata defendió la actividad minera en el país y dijo que la decisión oficial está basada 'en el análisis de sus beneficios y en el deseo de su continuidad'.
'FARN expresa su profunda preocupación por las recientes declaraciones efectuadas por la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner en su visita a Canadá en el marco de las deliberaciones del G20, en las que sostuvo que -en relación a las inversiones de empresas mineras en Argentina- las reglas según las cuales se han desarrollado y estimulado hasta ahora dichas inversiones no cambiarán', manifestó la organización a través de un comunicado.
'FARN expresa su profunda preocupación por las recientes declaraciones efectuadas por la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner en su visita a Canadá en el marco de las deliberaciones del G20, en las que sostuvo que -en relación a las inversiones de empresas mineras en Argentina- las reglas según las cuales se han desarrollado y estimulado hasta ahora dichas inversiones no cambiarán', manifestó la organización a través de un comunicado.
Cristina Fernandez participó, previo a la cumbre, en un almuerzo de trabajo en Toronto, con empresarios e inversores canadienses, entre ellos el CEO de la compañía Barrick Gold, Meter Punk.
Durante el encuentro, que duró casi cuatro horas, Cristina Fernández les garantizó que 'no serán tocadas en absoluto' las leyes que rigen las inversiones en el país. Invitó a los inversores 'a seguir apostando en el país' porque la minería 'genera desarrollo y nuevos empleos'. Dijo también que 'Chile aprovecha toda la cordillera para explotar sus minerales y hacer crecer su economía, por eso para Argentina también tiene que ser una oportunidad de crecimiento'.
En mayo del año pasado, la jefa de Estado había anunciado junto a los empresarios la construcción en San Juan (oeste) del proyecto binacional minero Pascua Lama, el primero de su tipo en el mundo con una inversión superior a los 3.000 millones de dólares, llevado a cabo entre Chile y Argentina.
Las afirmaciones de Fernández de Kirchner 'provocan inquietud teniendo en cuenta que no se ha avanzado a nivel nacional ni provincial en el uso de herramientas como la Evaluación Ambiental Estratégica, que resulta de vital importancia como procedimiento para definir los modelos de desarrollo anhelados para el país en general y las diferentes regiones en particular', criticó la FARN.
Para la organización ambientalista, Argentina tampoco ha trabajado en un proceso participativo de Ordenamiento Ambiental del Territorio, que es obligatorio por la Ley General del Ambiente, ni han existido instancias de participación ciudadana (como por ejemplo, la audiencia pública) en la totalidad de los emprendimientos que se encuentran funcionando ni en los proyectos mineros en trámite.
'Entendemos que resulta cuanto menos apresurado y riesgoso pronunciarse de manera categórica a favor de actividades que no han sido analizadas con el criterio de sustentabilidad ambiental, social y económica que consagra la Constitución Nacional en su artículo 41', advirtieron.
'Este panorama es aún más crítico si consideramos el veto que la Presidenta efectuó a la Ley de Glaciares aprobada de manera unánime por el Congreso Nacional a fines de 2008. Dicha ley tenía como objetivo la protección del ambiente glaciar y periglaciar, lo que hubiera permitido una auténtica planificación estratégica para un área de sensible valor ambiental como la Cordillera de los Andes'.
(…)
Un marco legal que dio sus frutos
'Comunicar que las reglas bajo las que se desarrolla actualmente la minería no cambiarán, es una decisión del gobierno argentino basada, seguramente, en el análisis de los beneficios que trae esta actividad y en el deseo de su continuidad.
Desde luego hay opiniones contrarias y desde hace varios años distintas organizaciones discrepan políticamente con esa visión, apoyándose además en consideraciones ambientales de índole general', analizó el doctor Raúl Fernández, Profesor Titular de Geología de Minas de la UNLP.
'Más allá de las simpatías o antipatías con los gobiernos elegidos de acuerdo a la Constitución, las leyes nacionales que rigen la minería en Argentina fueron sancionadas a mediados de los ’90. En esos años las inversiones mineras de empresas internacionales se dirigían principalmente a Chile. Dado que el ambiente geológico de parte de nuestro territorio es similar al del país vecino, se creó un marco legal para estimular que las inversiones también se realicen en nuestro territorio', explicó.
'Esto dio sus frutos y numerosas compañías dedicadas a los minerales metalíferos comenzaron a explorar en Argentina y como consecuencia, zonas reconocidas previamente con cierto potencial minero o zonas desconocidas, pasaron a ser minas activas y están ahora en producción'.
Para el experto, 'se ha promovido una gran confusión para la gente, señalando que la minería no paga impuestos'. Y 'no es cierto', aseguró. 'Sólo funciona bajo una norma de ‘estabilidad fiscal’ que establece que a partir de la aprobación del estudio de factibilidad y de impacto ambiental, el emprendimiento pagará los impuestos vigentes y por 30 años no se podrá aumentar la carga impositiva'.
(…)
'Cumple con las leyes'
'El objetivo de la actividad minera, desde su origen, es encontrar minerales, extraerlos de las rocas que los contienen, procesarlos y vender el producto obteniendo ganancias. Así genera empleo, consume diversos productos nacionales, crea nuevas tecnologías y procedimientos, impulsa la creación de grupos que presten servicios en su ámbito de influencia y paga todos los impuestos establecidos por la nación, provincias y municipios', explicó Fernández.
'La minería actual, además de cumplir con las leyes del país donde se establece, debe cumplir con procedimientos y normas internacionales. En materia de cuidados ambientales, en todo el mundo se ha tomado conciencia de ello y desde hace unos 25-30 años se legisla al respecto.
En Argentina, la minería tiene una ley ambiental específica desde 1995 que establece con claridad los procedimientos de protección ambiental; debe además regirse por leyes posteriores (Ley General del Ambiente, Ley de Residuos Peligrosos, etc.) y por leyes provinciales', detalló.
'Sin duda la minería genera impactos de distinto tipo sobre el ambiente, pero hay organizaciones políticas que proclaman daños catastróficos que provocará a nivel regional, nacional o aún continental. Esto no se basa en el conocimiento científico sobre el funcionamiento de los sistemas naturales y en como es el desarrollo de una explotación minera'.
'Posiciones que señalan a la ‘minería a cielo abierto’ como una alternativa premeditada para producir un daño ambiental desconocen que esto es un sistema de explotación milenario y que su elección, en vez del método subterráneo, se basa en condiciones geológicas, técnicas, y de salud y seguridad de los trabajadores, las cuales se estudian profundamente en cada proyecto'.
(…)
Piden que se investigue al gobierno
Los diputados nacionales Elisa Carrió, Fernanda Reyes (Coalición Cívica) y Miguel Bonasso (Diálogo por Buenos Aires) ampliaron el miércoles ante la Justicia Federal una denuncia por la 'posible comisión de delitos en la instalación del emprendimiento minero Pascua-Lama de la empresa canadiense Barrick Gold'.
En la presentación ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional 2 a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi, secretaría general a cargo de Esteban Murano, reclamaron que el gobierno dé a conocer un acuerdo tributario de carácter secreto que se firmó con la empresa.
La denuncia pone énfasis en el 'acuerdo tributario' entre Argentina y Chile, que se concretó a una semana de la discusión en la Cámara de Diputados, prevista para el 14 de julio, de la denominada Ley de Glaciares que vetó la Presidenta en noviembre de 2008. Ese veto, según los denunciantes, se debió 'a gestiones del gobernador de San Juan, José Luis Gioja, acérrimo lobbista de la empresa minera'.
Los diputados insistieron en que 'se investiguen las posibles relaciones entre los beneficios tributarios otorgados al emprendimiento binacional Pascua-Lama y los vínculos personales, comerciales y económicos de funcionarios públicos nacionales y provinciales con la empresa'.
(…)
'Los glaciares son de las provincias'
A comienzos de esta semana se reunieron los gobernadores y representantes de las provincias cordilleranas argentinas con el secretario de Minería. La idea fue avanzar en una estrategia común para afirmar las competencias provinciales en materia de cuidado ambiental y definir un proyecto tipo para someter a la consideración de las legislaturas provinciales, que imponga el marco legal para la protección de los glaciares en cada una de las jurisdicciones.
A partir de esa iniciativa ya se están presentando proyectos de Ley en las legislaturas de San Juan, La Rioja, Salta y Jujuy, mientras que Santa Cruz y Neuquén ya tienen legislación sobre el tema.
El encuentro finalizó con una declaración. Allí los participantes dejan en claro que, según la Constitución, 'todos los recursos naturales, incluidos los glaciares, son del dominio de aquella provincia en cuyo territorio se encuentren'.
(…) Los participantes anunciaron su decisión de:
Fuente: RENA/Artemisa Noticias
Durante el encuentro, que duró casi cuatro horas, Cristina Fernández les garantizó que 'no serán tocadas en absoluto' las leyes que rigen las inversiones en el país. Invitó a los inversores 'a seguir apostando en el país' porque la minería 'genera desarrollo y nuevos empleos'. Dijo también que 'Chile aprovecha toda la cordillera para explotar sus minerales y hacer crecer su economía, por eso para Argentina también tiene que ser una oportunidad de crecimiento'.
En mayo del año pasado, la jefa de Estado había anunciado junto a los empresarios la construcción en San Juan (oeste) del proyecto binacional minero Pascua Lama, el primero de su tipo en el mundo con una inversión superior a los 3.000 millones de dólares, llevado a cabo entre Chile y Argentina.
Las afirmaciones de Fernández de Kirchner 'provocan inquietud teniendo en cuenta que no se ha avanzado a nivel nacional ni provincial en el uso de herramientas como la Evaluación Ambiental Estratégica, que resulta de vital importancia como procedimiento para definir los modelos de desarrollo anhelados para el país en general y las diferentes regiones en particular', criticó la FARN.
Para la organización ambientalista, Argentina tampoco ha trabajado en un proceso participativo de Ordenamiento Ambiental del Territorio, que es obligatorio por la Ley General del Ambiente, ni han existido instancias de participación ciudadana (como por ejemplo, la audiencia pública) en la totalidad de los emprendimientos que se encuentran funcionando ni en los proyectos mineros en trámite.
'Entendemos que resulta cuanto menos apresurado y riesgoso pronunciarse de manera categórica a favor de actividades que no han sido analizadas con el criterio de sustentabilidad ambiental, social y económica que consagra la Constitución Nacional en su artículo 41', advirtieron.
'Este panorama es aún más crítico si consideramos el veto que la Presidenta efectuó a la Ley de Glaciares aprobada de manera unánime por el Congreso Nacional a fines de 2008. Dicha ley tenía como objetivo la protección del ambiente glaciar y periglaciar, lo que hubiera permitido una auténtica planificación estratégica para un área de sensible valor ambiental como la Cordillera de los Andes'.
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Un marco legal que dio sus frutos
'Comunicar que las reglas bajo las que se desarrolla actualmente la minería no cambiarán, es una decisión del gobierno argentino basada, seguramente, en el análisis de los beneficios que trae esta actividad y en el deseo de su continuidad.
Desde luego hay opiniones contrarias y desde hace varios años distintas organizaciones discrepan políticamente con esa visión, apoyándose además en consideraciones ambientales de índole general', analizó el doctor Raúl Fernández, Profesor Titular de Geología de Minas de la UNLP.
'Más allá de las simpatías o antipatías con los gobiernos elegidos de acuerdo a la Constitución, las leyes nacionales que rigen la minería en Argentina fueron sancionadas a mediados de los ’90. En esos años las inversiones mineras de empresas internacionales se dirigían principalmente a Chile. Dado que el ambiente geológico de parte de nuestro territorio es similar al del país vecino, se creó un marco legal para estimular que las inversiones también se realicen en nuestro territorio', explicó.
'Esto dio sus frutos y numerosas compañías dedicadas a los minerales metalíferos comenzaron a explorar en Argentina y como consecuencia, zonas reconocidas previamente con cierto potencial minero o zonas desconocidas, pasaron a ser minas activas y están ahora en producción'.
Para el experto, 'se ha promovido una gran confusión para la gente, señalando que la minería no paga impuestos'. Y 'no es cierto', aseguró. 'Sólo funciona bajo una norma de ‘estabilidad fiscal’ que establece que a partir de la aprobación del estudio de factibilidad y de impacto ambiental, el emprendimiento pagará los impuestos vigentes y por 30 años no se podrá aumentar la carga impositiva'.
(…)
'Cumple con las leyes'
'El objetivo de la actividad minera, desde su origen, es encontrar minerales, extraerlos de las rocas que los contienen, procesarlos y vender el producto obteniendo ganancias. Así genera empleo, consume diversos productos nacionales, crea nuevas tecnologías y procedimientos, impulsa la creación de grupos que presten servicios en su ámbito de influencia y paga todos los impuestos establecidos por la nación, provincias y municipios', explicó Fernández.
'La minería actual, además de cumplir con las leyes del país donde se establece, debe cumplir con procedimientos y normas internacionales. En materia de cuidados ambientales, en todo el mundo se ha tomado conciencia de ello y desde hace unos 25-30 años se legisla al respecto.
En Argentina, la minería tiene una ley ambiental específica desde 1995 que establece con claridad los procedimientos de protección ambiental; debe además regirse por leyes posteriores (Ley General del Ambiente, Ley de Residuos Peligrosos, etc.) y por leyes provinciales', detalló.
'Sin duda la minería genera impactos de distinto tipo sobre el ambiente, pero hay organizaciones políticas que proclaman daños catastróficos que provocará a nivel regional, nacional o aún continental. Esto no se basa en el conocimiento científico sobre el funcionamiento de los sistemas naturales y en como es el desarrollo de una explotación minera'.
'Posiciones que señalan a la ‘minería a cielo abierto’ como una alternativa premeditada para producir un daño ambiental desconocen que esto es un sistema de explotación milenario y que su elección, en vez del método subterráneo, se basa en condiciones geológicas, técnicas, y de salud y seguridad de los trabajadores, las cuales se estudian profundamente en cada proyecto'.
(…)
Piden que se investigue al gobierno
Los diputados nacionales Elisa Carrió, Fernanda Reyes (Coalición Cívica) y Miguel Bonasso (Diálogo por Buenos Aires) ampliaron el miércoles ante la Justicia Federal una denuncia por la 'posible comisión de delitos en la instalación del emprendimiento minero Pascua-Lama de la empresa canadiense Barrick Gold'.
En la presentación ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional 2 a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi, secretaría general a cargo de Esteban Murano, reclamaron que el gobierno dé a conocer un acuerdo tributario de carácter secreto que se firmó con la empresa.
La denuncia pone énfasis en el 'acuerdo tributario' entre Argentina y Chile, que se concretó a una semana de la discusión en la Cámara de Diputados, prevista para el 14 de julio, de la denominada Ley de Glaciares que vetó la Presidenta en noviembre de 2008. Ese veto, según los denunciantes, se debió 'a gestiones del gobernador de San Juan, José Luis Gioja, acérrimo lobbista de la empresa minera'.
Los diputados insistieron en que 'se investiguen las posibles relaciones entre los beneficios tributarios otorgados al emprendimiento binacional Pascua-Lama y los vínculos personales, comerciales y económicos de funcionarios públicos nacionales y provinciales con la empresa'.
(…)
'Los glaciares son de las provincias'
A comienzos de esta semana se reunieron los gobernadores y representantes de las provincias cordilleranas argentinas con el secretario de Minería. La idea fue avanzar en una estrategia común para afirmar las competencias provinciales en materia de cuidado ambiental y definir un proyecto tipo para someter a la consideración de las legislaturas provinciales, que imponga el marco legal para la protección de los glaciares en cada una de las jurisdicciones.
A partir de esa iniciativa ya se están presentando proyectos de Ley en las legislaturas de San Juan, La Rioja, Salta y Jujuy, mientras que Santa Cruz y Neuquén ya tienen legislación sobre el tema.
El encuentro finalizó con una declaración. Allí los participantes dejan en claro que, según la Constitución, 'todos los recursos naturales, incluidos los glaciares, son del dominio de aquella provincia en cuyo territorio se encuentren'.
(…) Los participantes anunciaron su decisión de:
- -Concluir a la brevedad posible en cada una de las provincias el Inventario Provincial de Glaciares, a cargo de autoridad provincial idónea.
- -Establecer como requisito ambiental más riguroso que el presupuesto mínimo de evaluación ambiental, un contenido mínimo obligatorio dedicado a glaciares y aplicable sin discriminación a todas las actividades que se proyecten en los mismos.
- -Prohibir aquellas actividades proyectadas en glaciares cuya ejecución, según la evaluación de impacto ambiental respectiva, implique su destrucción o traslado o interfieran en su avance degradando las funciones como reservas estratégicas de recursos hídricos o proveedores de agua de recarga de cuencas hidrográficas; entre otros.
Me alegra que te haya interesado mi artículo. Saludos cordiales.
ResponderSuprimirJuan Ignacio Manchiola
www.renanews.com.ar
Ha sido un honor publicarlo, sobre todo cuando en los medios convencionales no pueden leerse temas como el que tú denuncias.
ResponderSuprimirLa avaricia, el egoísmo, la codicia, se ha instalado -salvo honrosas excepciones- en las "altas esferas" carcomiendo los cimientos de la sociedad, que mira impávida y alienada, el camino hacia nuestra destrucción.
Un abrazo y gracias por el artículo
Rita