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Las reparaciones económicas individuales para las miles de víctimas de la violencia política en el país son un derecho y una obligación impostergable del Estado, afirmó Gisella Vignolo, defensora adjunta para los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo.
Fue al referirse a las demandas de los representantes de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Afectadas por la Violencia Política del Perú (CONAVIP) que se encuentran en Lima exigiendo el cumplimiento de sus derechos.
Fue al referirse a las demandas de los representantes de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Afectadas por la Violencia Política del Perú (CONAVIP) que se encuentran en Lima exigiendo el cumplimiento de sus derechos.
“La reparaciones no son un favor, es un derecho de miles de víctimas (...) durante más de 30 años están exigiendo esta demanda”, enfatizó Vignolo en declaraciones al programa "Diálogo Directo" de la CNR.
Recordó que, desde el año pasado, la Defensoría del Pueblo sostiene una serie de reuniones con los afectados por la violencia política y las entidades encargadas de las reparaciones donde se concretó una agenda con cuatro puntos que son la agilización del Registro Único de Víctimas (RUV).
Para ello, señaló la necesidad de fortalecer al equipo del Consejo de Reparaciones (CR) que se encarga de calificar este registro. Así mismo, la urgencia de incluir en el Presupuesto Público del 2011 las reparaciones individuales económicas, en salud y en educación.
El tercer punto es la regularización de las víctimas fallecidas que no tienen partida de defunción a la fecha; y finalmente culminar con el programa de reparaciones colectivas, pues a la fecha la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) ha informado que son mil 570 comunidades que forman parte de este programa; sin embargo, sólo se han entregado 724 obras.
Más adelante demandó a la CMAN cumplir con el acuerdo asumido en mayo pasado con la Defensoría donde se comprometieron a diseñar un “Programa de Reparaciones Individuales en Salud, Educación y Económica”. Al respecto, Vignolo explicó que existen avances en cuanto a salud, pero en cuanto a los demás temas no se ha hecho aún nada.
“Nosotros, como Defensoría, esperamos y confiamos que se puedan hacer los esfuerzos para que se puedan cumplir con estas reparaciones individuales que se vienen demandando durante años”, puntualizó.
Cabe recordar que Gisella Vignolo fue designada por la Defensoría del Pueblo para acompañar todas las gestiones y reuniones que realizan en Lima, los cientos de familiares y víctimas de la violencia política provenientes de 14 departamentos del país.
Recordó que, desde el año pasado, la Defensoría del Pueblo sostiene una serie de reuniones con los afectados por la violencia política y las entidades encargadas de las reparaciones donde se concretó una agenda con cuatro puntos que son la agilización del Registro Único de Víctimas (RUV).
Para ello, señaló la necesidad de fortalecer al equipo del Consejo de Reparaciones (CR) que se encarga de calificar este registro. Así mismo, la urgencia de incluir en el Presupuesto Público del 2011 las reparaciones individuales económicas, en salud y en educación.
El tercer punto es la regularización de las víctimas fallecidas que no tienen partida de defunción a la fecha; y finalmente culminar con el programa de reparaciones colectivas, pues a la fecha la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) ha informado que son mil 570 comunidades que forman parte de este programa; sin embargo, sólo se han entregado 724 obras.
Más adelante demandó a la CMAN cumplir con el acuerdo asumido en mayo pasado con la Defensoría donde se comprometieron a diseñar un “Programa de Reparaciones Individuales en Salud, Educación y Económica”. Al respecto, Vignolo explicó que existen avances en cuanto a salud, pero en cuanto a los demás temas no se ha hecho aún nada.
“Nosotros, como Defensoría, esperamos y confiamos que se puedan hacer los esfuerzos para que se puedan cumplir con estas reparaciones individuales que se vienen demandando durante años”, puntualizó.
Cabe recordar que Gisella Vignolo fue designada por la Defensoría del Pueblo para acompañar todas las gestiones y reuniones que realizan en Lima, los cientos de familiares y víctimas de la violencia política provenientes de 14 departamentos del país.
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Foto: Gisella Vignolo, Defensoría. CNR
Fuente: CNR
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