Noticias Aliadas
Justicia debe pronunciarse sobre constitucionalidad de decreto que regula títulos de propiedad de comunidades afrobrasileñas.
El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil se encuentra debatiendo la constitucionalidad de un decreto que regula la concesión de títulos de propiedad a comunidades quilombolas, fundadas por esclavos liberados.
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva promulgó en el 2003 el decreto federal 4887 que reglamenta la identificación, reconocimiento, delimitación, demarcación y titulación de las tierras ocupadas por comunidades quilombolas garantizadas por la Constitución.
El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil se encuentra debatiendo la constitucionalidad de un decreto que regula la concesión de títulos de propiedad a comunidades quilombolas, fundadas por esclavos liberados.
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva promulgó en el 2003 el decreto federal 4887 que reglamenta la identificación, reconocimiento, delimitación, demarcación y titulación de las tierras ocupadas por comunidades quilombolas garantizadas por la Constitución.
El año siguiente, el Partido Demócrata, con el apoyo de la Confederación Nacional de la Industria, la Confederación Nacional de Productores de Ganado y la Sociedad Rural Brasileña, que agrupa a los grandes terratenientes, introdujo una acción directa de constitucionalidad solicitando la revocación del decreto.
Según Raquel Rolnik, relatora especial de las Naciones Unidas para el Derecho a la Vivienda Adecuada, el decreto 4887 “es una de varias medidas dirigidas a compensar la deuda histórica de la Nación con las comunidades afectadas por siglos de dominación y violación de sus derechos”, y advirtió que declarar su inconstitucionalidad “socavaría el derecho de las comunidades quilombolas a acceder a la tierra y los recursos naturales”, además de ir en contra de las obligaciones internacionales de Brasil, particularmente el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Actualmente existen 1,408 quilombolas oficialmente registradas, y en caso que el STF le diera la razón al Partido Demócrata, se anularían las titulaciones ya concedidas.
Participantes en el Primer Encuentro Nacional de Turismo en Comunidades Quilombolas, realizado del 7 al 11 de junio en la ciudad de Registro, estado de São Paulo, demandaron al Estado brasileño en una carta abierta que “garantice el derecho fundamental de acceso al territorio quilombola, como instrumento para la promoción de la igualdad y justicia social, y la promoción y protección del pluralismo étnico-cultural, aspecto relevante en toda nación”.
Asimismo, demandaron al STF que antes de dar su fallo convoque a audiencias públicas en respeto a la Convención 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificada por Brasil en el 2003, que establece el derecho a la consulta previa e informada cada vez que sean previstas medidas legislativas o administrativas que los afecten directamente. —Noticias Aliadas.
Según Raquel Rolnik, relatora especial de las Naciones Unidas para el Derecho a la Vivienda Adecuada, el decreto 4887 “es una de varias medidas dirigidas a compensar la deuda histórica de la Nación con las comunidades afectadas por siglos de dominación y violación de sus derechos”, y advirtió que declarar su inconstitucionalidad “socavaría el derecho de las comunidades quilombolas a acceder a la tierra y los recursos naturales”, además de ir en contra de las obligaciones internacionales de Brasil, particularmente el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Actualmente existen 1,408 quilombolas oficialmente registradas, y en caso que el STF le diera la razón al Partido Demócrata, se anularían las titulaciones ya concedidas.
Participantes en el Primer Encuentro Nacional de Turismo en Comunidades Quilombolas, realizado del 7 al 11 de junio en la ciudad de Registro, estado de São Paulo, demandaron al Estado brasileño en una carta abierta que “garantice el derecho fundamental de acceso al territorio quilombola, como instrumento para la promoción de la igualdad y justicia social, y la promoción y protección del pluralismo étnico-cultural, aspecto relevante en toda nación”.
Asimismo, demandaron al STF que antes de dar su fallo convoque a audiencias públicas en respeto a la Convención 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificada por Brasil en el 2003, que establece el derecho a la consulta previa e informada cada vez que sean previstas medidas legislativas o administrativas que los afecten directamente. —Noticias Aliadas.
Fuente: Noticias Aliadas
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