Silvia Adoue, Radioagencia NP
El Ministerio Público del estado de Pará, región norte brasileña, requirió el pedido de anulación de la licencia previa y suspensión de la licencia ambiental de la siderúrgica Aceros Laminados de Pará (Alpa), propiedad de la empresa mineradora Vale. La Vale pretende instalar su industria en el municipio de Marabá. El Ministerio Público encontró irregularidades en el estudio ambiental, hecho que puede poner en riesgo la seguridad ambiental de la región.
También fueron encontradas irregularidades en la audiencia pública, en la cual los agentes responsables por el análisis y licenciamiento ambiental de la obra no estaban presentes. El acceso al Estudio e Informe de Impacto Ambiental (EIA-RIMA) también fue considerado insuficiente para un examen apropiado.
También fueron encontradas irregularidades en la audiencia pública, en la cual los agentes responsables por el análisis y licenciamiento ambiental de la obra no estaban presentes. El acceso al Estudio e Informe de Impacto Ambiental (EIA-RIMA) también fue considerado insuficiente para un examen apropiado.
El procurador de la República, Thiago Rabelo, responsable por la acción juntamente con la promotora de justicia, Josélia Barros Lopes, afirma que es inadmisible que el proceso de construcción sea conducido de cualquier manera, atropellando a la Constitución.
“No podemos permitir que el licenciamiento ambiental transcurra violando la legislación y el proceso ambiental legal. Es deber del Ministerio Público velar para que las cuestiones ambientales sean respetadas.”
El Ministerio Público también criticó la falta de cautela con el control de gases contaminantes emitidos por la usina, como el benceno. De acuerdo con el Ministerio de la Salud, el benceno es cancerígeno, aun en bajas concentraciones.
La Justicia Federal consideró que es deber de la Justicia del Estado juzgar la cuestión. Con ello, quien evalúa la situación y la acción apropiada es el Ministerio Público del Estado, acompañado por el Ministerio Público Federal.
“No podemos permitir que el licenciamiento ambiental transcurra violando la legislación y el proceso ambiental legal. Es deber del Ministerio Público velar para que las cuestiones ambientales sean respetadas.”
El Ministerio Público también criticó la falta de cautela con el control de gases contaminantes emitidos por la usina, como el benceno. De acuerdo con el Ministerio de la Salud, el benceno es cancerígeno, aun en bajas concentraciones.
La Justicia Federal consideró que es deber de la Justicia del Estado juzgar la cuestión. Con ello, quien evalúa la situación y la acción apropiada es el Ministerio Público del Estado, acompañado por el Ministerio Público Federal.
Fuente: Radioagencia NP
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