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Las organizaciones nativas y campesinas evaluarán realizar medidas de fuerza si es que el gobierno no promulga a la brevedad la Ley de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas.
Así lo advirtió Mario Palacios, presidente de la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería del Perú (CONACAMI), quien instó al Ejecutivo a actuar de manera responsable.
Así lo advirtió Mario Palacios, presidente de la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería del Perú (CONACAMI), quien instó al Ejecutivo a actuar de manera responsable.
Según el dirigente, la demora en la promulgación de la norma no sería un hecho fortuito, sino que tendría como intención la eventual devolución del texto al Parlamento en forma indefinida.
"Esa es la política del Estado frente a los pueblos indígenas (...) esta ley debe promulgarse pese a sus grandes falencias, por ser un mecanismo de apertura entre las comunidades y el Estado", subrayó.
En ese sentido, recordó que el 5 de junio se cumplió el plazo de 60 días otorgado por las comunidades indígenas para que el gobierno promulgue la ley, que les permitirá decidir sobre los proyectos de desarrollo que se ejecutan en sus territorios. "El gobierno nos está obligando a tomar medidas de fuerza", enfatizó
De otro lado, Palacios demandó la inmediata reestructuración del Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (INDEPA) para que cumpla su rol como interlocutor con los pueblos originarios.
Para tal fin, destacó la necesidad que los pueblos originarios sean involucrados activamente en las labores de dicho organismo. "El INDEPA, en todos sus años, ha jugado un rol de ping pong de distintos ministerios, pero nunca ha cumplido su rol de velar por el derecho de los pueblos", agregó.
Finalmente, Palacios se mostró preocupado pues -según denunció- el gobierno estaría impulsado y negociando con "organizaciones paralelas y fantasmas" como la denominada Coordinadora de Pueblos Awajún.
"Es un doble juego; por un lado, pretende hacer ver a la población como que busca un espacio de diálogo con los pueblos amazónicos y andinos, pero por el otro incurre en estos desacuerdos", concluyó.
"Esa es la política del Estado frente a los pueblos indígenas (...) esta ley debe promulgarse pese a sus grandes falencias, por ser un mecanismo de apertura entre las comunidades y el Estado", subrayó.
En ese sentido, recordó que el 5 de junio se cumplió el plazo de 60 días otorgado por las comunidades indígenas para que el gobierno promulgue la ley, que les permitirá decidir sobre los proyectos de desarrollo que se ejecutan en sus territorios. "El gobierno nos está obligando a tomar medidas de fuerza", enfatizó
De otro lado, Palacios demandó la inmediata reestructuración del Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (INDEPA) para que cumpla su rol como interlocutor con los pueblos originarios.
Para tal fin, destacó la necesidad que los pueblos originarios sean involucrados activamente en las labores de dicho organismo. "El INDEPA, en todos sus años, ha jugado un rol de ping pong de distintos ministerios, pero nunca ha cumplido su rol de velar por el derecho de los pueblos", agregó.
Finalmente, Palacios se mostró preocupado pues -según denunció- el gobierno estaría impulsado y negociando con "organizaciones paralelas y fantasmas" como la denominada Coordinadora de Pueblos Awajún.
"Es un doble juego; por un lado, pretende hacer ver a la población como que busca un espacio de diálogo con los pueblos amazónicos y andinos, pero por el otro incurre en estos desacuerdos", concluyó.
Audio
Foto: Mario Palacios (CONACAMI). CNR
Fuente: CNR
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