16/04/2010
Noticias Aliadas
Leslie Josephs
Ex presidente Rodríguez podría enfrentar hasta cuatro años de cárcel por corrupción.
Por segunda vez en dos años los costarricenses son testigos de cómo un ex presidente de su país es llevado a juicio para enfrentar cargos de corrupción ocurridos durante su mandato.
Por segunda vez en dos años los costarricenses son testigos de cómo un ex presidente de su país es llevado a juicio para enfrentar cargos de corrupción ocurridos durante su mandato.
El ex presidente Miguel Ángel Rodríguez, que gobernó entre 1998 y el 2002 este país centroamericano que se jacta de ser menos corrupto y más transparente que sus vecinos de la región, es acusado de haber recibido en el 2001 más de US$800,000 de la empresa francesa de telecomunicaciones Alcatel a cambio de un contrato para instalar 400,000 líneas telefónicas celulares.
Rodríguez podría ser condenado a un máximo de cuatro años de cárcel, sentencia que es tan corta que probablemente no la cumpla entre rejas.
El 14 de abril, Rodríguez estuvo en el tribunal rodeado de sus abogados defensores y otros ocho co-acusados, entre ellos Rodrigo Méndez Soto, ex funcionario del estatal Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), que provee servicios de telecomunicaciones, quien sufrió de apendicitis obligando al presidente del tribunal a conceder un receso de cinco días.
Juicio largamente esperado
El juicio es resultado de más de cinco años de investigaciones. El escándalo estalló en el 2004, cuando medios locales denunciaron que Alcatel había pagado millones de dólares a cambio del contrato.
Cuando se publicaron las acusaciones, Rodríguez acababa de ser elegido secretario general de la Organización de Estados Americanos. Sólo duró tres semanas en el cargo al ser obligado a renunciar, y regresó a Costa Rica para enfrentar las acusaciones, por las cuales fue encarcelado seis meses, luego puesto bajo arresto domiciliario y finalmente liberado.
Rodríguez ha negado las acusaciones y sostiene que ha cooperado totalmente con las investigaciones.
La Procuraduría General de la República estima que Alcatel habría pagado alrededor de $2 millones a funcionarios gubernamentales por el contrato, cuyo valor era cercano a $150 millones.
Alcatel ya ha admitido su culpa en el caso y a comienzos de año acordó pagar al Estado costarricense $10 millones por “daño social”, por el impacto que sus sobornos tuvieron en la sociedad del país. Según la Procuraduría, este es el primer caso de su tipo en Costa Rica.
En octubre del 2008, un ex empleado de Alcatel se declaró culpable en una corte estadunidense por haber pagado más de $2 millones a funcionarios del gobierno de Costa Rica y a trabajadores de la ICE.
Se espera que el juicio dure entre cinco y seis meses.
José Antonio Lobo, ex legislador y ministro de Vivienda durante el gobierno de Rodríguez, confesó haber recibido sobornos de Alcatel. Lobo, quien pasó a ser testigo del Estado a cambio de inmunidad, es la pieza central de la acusación, ya que ha reiterado que Rodríguez le demandaba el 60% del “premio” que Alcatel le había entregado.
Presidentes sin inmunidad
En octubre pasado, el ex presidente Rafael Ángel Calderón fue sentenciado a cinco años de cárcel por soborno tras un juicio iniciado en el 2008. Calderón, quien gobernó entre 1990 y 1994, recibió más de $440,000 de fondos públicos de un préstamo de $39.5 millones otorgado por el gobierno de Finlandia para la compra de equipo médico para el sistema de salud estatal.
Calderón, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), fue obligado a renunciar a su candidatura presidencial el 7 de febrero, luego de su sentencia. El PUSC, al que también perteneció Rodríguez y fue una de las fuerzas políticas más importantes del país, se ha debilitado significativamente en los últimos años debido a los escándalos.
Muchos costarricenses, que se sienten orgullosos de su sistema judicial, están a favor de que esos ex presidentes y funcionarios sean juzgados.
“La verdad, yo pienso que si uno ha cometido errores, hay que pagarlos todos”, dijo Jesús Martínez, vendedor ambulante de 30 años. “Yo no soy Dios para juzgar. Es muy bueno para el país, donde los propios presidentes, los propios ministros tienen que cumplir con la ley”. —Noticias Aliadas.
Rodríguez podría ser condenado a un máximo de cuatro años de cárcel, sentencia que es tan corta que probablemente no la cumpla entre rejas.
El 14 de abril, Rodríguez estuvo en el tribunal rodeado de sus abogados defensores y otros ocho co-acusados, entre ellos Rodrigo Méndez Soto, ex funcionario del estatal Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), que provee servicios de telecomunicaciones, quien sufrió de apendicitis obligando al presidente del tribunal a conceder un receso de cinco días.
Juicio largamente esperado
El juicio es resultado de más de cinco años de investigaciones. El escándalo estalló en el 2004, cuando medios locales denunciaron que Alcatel había pagado millones de dólares a cambio del contrato.
Cuando se publicaron las acusaciones, Rodríguez acababa de ser elegido secretario general de la Organización de Estados Americanos. Sólo duró tres semanas en el cargo al ser obligado a renunciar, y regresó a Costa Rica para enfrentar las acusaciones, por las cuales fue encarcelado seis meses, luego puesto bajo arresto domiciliario y finalmente liberado.
Rodríguez ha negado las acusaciones y sostiene que ha cooperado totalmente con las investigaciones.
La Procuraduría General de la República estima que Alcatel habría pagado alrededor de $2 millones a funcionarios gubernamentales por el contrato, cuyo valor era cercano a $150 millones.
Alcatel ya ha admitido su culpa en el caso y a comienzos de año acordó pagar al Estado costarricense $10 millones por “daño social”, por el impacto que sus sobornos tuvieron en la sociedad del país. Según la Procuraduría, este es el primer caso de su tipo en Costa Rica.
En octubre del 2008, un ex empleado de Alcatel se declaró culpable en una corte estadunidense por haber pagado más de $2 millones a funcionarios del gobierno de Costa Rica y a trabajadores de la ICE.
Se espera que el juicio dure entre cinco y seis meses.
José Antonio Lobo, ex legislador y ministro de Vivienda durante el gobierno de Rodríguez, confesó haber recibido sobornos de Alcatel. Lobo, quien pasó a ser testigo del Estado a cambio de inmunidad, es la pieza central de la acusación, ya que ha reiterado que Rodríguez le demandaba el 60% del “premio” que Alcatel le había entregado.
Presidentes sin inmunidad
En octubre pasado, el ex presidente Rafael Ángel Calderón fue sentenciado a cinco años de cárcel por soborno tras un juicio iniciado en el 2008. Calderón, quien gobernó entre 1990 y 1994, recibió más de $440,000 de fondos públicos de un préstamo de $39.5 millones otorgado por el gobierno de Finlandia para la compra de equipo médico para el sistema de salud estatal.
Calderón, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), fue obligado a renunciar a su candidatura presidencial el 7 de febrero, luego de su sentencia. El PUSC, al que también perteneció Rodríguez y fue una de las fuerzas políticas más importantes del país, se ha debilitado significativamente en los últimos años debido a los escándalos.
Muchos costarricenses, que se sienten orgullosos de su sistema judicial, están a favor de que esos ex presidentes y funcionarios sean juzgados.
“La verdad, yo pienso que si uno ha cometido errores, hay que pagarlos todos”, dijo Jesús Martínez, vendedor ambulante de 30 años. “Yo no soy Dios para juzgar. Es muy bueno para el país, donde los propios presidentes, los propios ministros tienen que cumplir con la ley”. —Noticias Aliadas.
Fuente: Noticias Aliadas
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