29.3.2010
Hace más de 40 años, las feministas le gritaron al mundo una frase que algunos tardaron mucho en comprender y otros nunca entenderán: 'lo personal es político'. En Argentina es fácil explicar el sentido de esta tremenda consigna política (en el sentido amplio, en el mejor de los sentidos de la palabra política). Sobran los ejemplos: Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, Madres del dolor, Madres del paco', familiares de las víctimas de Cromagnon, padres y madres de alumnos del colegio Ecos, etc.
En pueblos chicos (o infiernos grandes) la defensa de la vida de dos adolescentes y la búsqueda de justicia pueden alcanzar la dimensión de una pueblada.
Los medios nos recuerdan a diario que en los jardines de infantes y escuelas hay niños y niñas abusadas sexualmente. Que todavía al menos una madre y una hija buscan a Marita Verón. Que quienes aman a Florencia Penacci no la olvidan. Otras violaciones a los derechos y a los cuerpos de niñas y adolescentes tienen lamentablemente menos prensa. Pero están ahí, año tras año.
En Argentina, desde que existen estadísticas, unas 3000 niñas de entre 10 y 14 años dan a luz a sus hijos/as en maternidades públicas cada año. Sí, leyeron bien. No habrá ninguna fe de erratas que tranquilice las conciencias. Hasta donde sé, la letra (¿muerta?) de la ley considera estupro la relación sexual con una menor. Pero de este delito, aquí no se habla.
En 2004, cuando el Ministerio de Salud y Ambiente impulsó un estudio sobre el embarazo y la maternidad adolescentes, se encuestó a más de 1500 adolescentes de 15 a 19 años que habían tenido su parto en hospitales del NOA, el NEA y en las dos principales áreas metropolitanas (GBA y Rosario). Aún en ese contexto (en el posparto y con un bebé junto a la cama o en sus brazos) una decena de jóvenes tuvo la valentía de revelar que su iniciación sexual había sido forzada. Seguramente esa era la punta de un iceberg.
Han pasado seis años y las cifras son aproximadamente las mismas: unos 100.000 chicas de 15 a 19 años y unas 3.000 niñas (10 a 14 años) son madres cada año en nuestro país. Esos 3000 nacimientos no son 'prevenibles' en su gran mayoría. Aunque existiera educación sexual en las escuelas y los servicios de salud tuvieran anticonceptivos disponibles. Estas niñas no eligen tener relaciones sexuales. Son seducidas, forzadas o violadas. Ergo, no pueden pedir a sus victimarios que se coloquen un preservativo. El problema no es sólo el embarazo que resulta de esta coerción sexual. El problema es que allí terminan abruptamente sus infancias. Que sus derechos (a la educación, a la salud física, mental y emocional, a jugar, a soñar, etc.) son vulnerados. Que las solicitudes de interrupción de la gestación muchas veces no son procesadas con el cuidado y la celeridad necesarios. O que hay jueces que interpretan de manera restrictiva las causales de no penalización del aborto.
Organizarnos para ofrecer alternativas a estas niñas y jóvenes es más difícil aún que condenar a los responsables de la muerte de los adolescentes de Baradero. Pero igual es imprescindible hacerlo. Porque esto que es tan personal (la violencia sexual, el embarazo, el parto) también es político. Y requiere respuestas desde las políticas públicas. Algunas de esas respuestas serán técnicas (acciones de prevención de la violencia sexual a nivel comunitario, refugios para mujeres, exclusión del hogar y/o cárcel para los victimarios, aborto seguro, etc. etc.). Pero todas ellas requieren voluntad política. Y sí! lo personal es político. Y el feminismo, como Gardel, cada día canta mejor.
Los medios nos recuerdan a diario que en los jardines de infantes y escuelas hay niños y niñas abusadas sexualmente. Que todavía al menos una madre y una hija buscan a Marita Verón. Que quienes aman a Florencia Penacci no la olvidan. Otras violaciones a los derechos y a los cuerpos de niñas y adolescentes tienen lamentablemente menos prensa. Pero están ahí, año tras año.
En Argentina, desde que existen estadísticas, unas 3000 niñas de entre 10 y 14 años dan a luz a sus hijos/as en maternidades públicas cada año. Sí, leyeron bien. No habrá ninguna fe de erratas que tranquilice las conciencias. Hasta donde sé, la letra (¿muerta?) de la ley considera estupro la relación sexual con una menor. Pero de este delito, aquí no se habla.
En 2004, cuando el Ministerio de Salud y Ambiente impulsó un estudio sobre el embarazo y la maternidad adolescentes, se encuestó a más de 1500 adolescentes de 15 a 19 años que habían tenido su parto en hospitales del NOA, el NEA y en las dos principales áreas metropolitanas (GBA y Rosario). Aún en ese contexto (en el posparto y con un bebé junto a la cama o en sus brazos) una decena de jóvenes tuvo la valentía de revelar que su iniciación sexual había sido forzada. Seguramente esa era la punta de un iceberg.
Han pasado seis años y las cifras son aproximadamente las mismas: unos 100.000 chicas de 15 a 19 años y unas 3.000 niñas (10 a 14 años) son madres cada año en nuestro país. Esos 3000 nacimientos no son 'prevenibles' en su gran mayoría. Aunque existiera educación sexual en las escuelas y los servicios de salud tuvieran anticonceptivos disponibles. Estas niñas no eligen tener relaciones sexuales. Son seducidas, forzadas o violadas. Ergo, no pueden pedir a sus victimarios que se coloquen un preservativo. El problema no es sólo el embarazo que resulta de esta coerción sexual. El problema es que allí terminan abruptamente sus infancias. Que sus derechos (a la educación, a la salud física, mental y emocional, a jugar, a soñar, etc.) son vulnerados. Que las solicitudes de interrupción de la gestación muchas veces no son procesadas con el cuidado y la celeridad necesarios. O que hay jueces que interpretan de manera restrictiva las causales de no penalización del aborto.
Organizarnos para ofrecer alternativas a estas niñas y jóvenes es más difícil aún que condenar a los responsables de la muerte de los adolescentes de Baradero. Pero igual es imprescindible hacerlo. Porque esto que es tan personal (la violencia sexual, el embarazo, el parto) también es político. Y requiere respuestas desde las políticas públicas. Algunas de esas respuestas serán técnicas (acciones de prevención de la violencia sexual a nivel comunitario, refugios para mujeres, exclusión del hogar y/o cárcel para los victimarios, aborto seguro, etc. etc.). Pero todas ellas requieren voluntad política. Y sí! lo personal es político. Y el feminismo, como Gardel, cada día canta mejor.
*Cedes/Conicet
Fuente: Artemisa Noticias
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