21/03/2010
Ileana Alamilla
La Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Guatemala (Udefegua) verificó que en estos últimos 10 años sucedieron mil 779 agresiones en contra de estos activistas sociales. En ese lapso ocurrieron 110 crímenes de defensores(as). Los allanamientos, las amenazas en sus diferentes modalidades, los asesinatos, las intimidaciones y la vigilancia han sido las modalidades preferidas de los criminales.
Según el informe presentado recientemente, algo preocupante es que este tipo de delitos deja un rastro fácil de seguir, a pesar de lo cual las autoridades no logran esclarecerlos. Los campesinos, quienes trabajan por el desarrollo y los sindicalistas, constituyen un 65 por ciento de las muertes.
El 2009 constituyó el año más violento de la década: ocurrieron 353 agresiones, que representan un aumento del 83 por ciento respecto del 2000 y un 36 por ciento respecto del 2008. Se incrementaron los ataques contra periodistas en 358 por ciento, además del alto número de defensores ultimados, que fueron 15. Emerge un preocupante patrón nuevo de violencia que es la tortura cometida por autoridades locales.
La defensa de los recursos naturales y el derecho al desarrollo, indica el informe, generó respuestas violentas y criminalizadoras por parte de empresas transnacionales, a través de sus aliados locales. La respuesta del Estado muestra que los intereses económicos prevalecen sobre la vida y la integridad de las personas.
El análisis, además de presentar cuadros sobre la violencia, aporta un elemento fundamental y es el referido a las realidades locales y los respectivos contextos; coloca los casos de Petén, Izabal, Quiché y San Marcos como departamentos en donde confluyen problemas graves, que pueden ser una muestra de la desventura nacional.
Petén, tan grande como sus niveles de violencia, está infestado de narcoactividad y de criminales organizados, los que sumados a los cacicazgos y la cooptación de autoridades completan el cuadro trágico. El documento que comentamos asegura que en algunos de sus municipios el control social se realiza a través de las armas y el asesinato del opositor. El tráfico de recursos naturales, la destrucción de flora y fauna, la quema de terrenos descontrolada y la invasión de tierras son asuntos tan graves como cotidianos.
Este departamento tiene 65 por ciento de área protegida, es fuente petrolera, zona turística importante, y ha estado marcado por problemáticas sociales, saqueo y abandono. Ahí los defensores(as) enfrentan riesgos graves, que no les inhibe de realizar sus acciones humanitarias. Igual situación enfrentan los periodistas, que han sufrido una serie de amenazas para coartar su derecho de informar. Se intenta impedir la divulgación de noticias relacionadas con la política, la impunidad, la violencia, la depredación de lo recursos naturales y el narcotráfico.
En San Marcos, como en otros territorios, se puede decir que no hay Estado, pues este ha abandonado sus funciones. Proliferan los criminales y la diversidad de ilícitos es notoria, tanto como los rezagos en salud, educación y pobreza, pero tiene una gran fortaleza en organización social y reconocidas personalidades defensoras de derechos fundamentales.
El informe es un valioso aporte a la radiografía nacional y debe ser conocido por las autoridades para tomar las medidas necesarias. Su lectura deja claro que el acompañamiento de Udefegua es solidario y meritorio.
El 2009 constituyó el año más violento de la década: ocurrieron 353 agresiones, que representan un aumento del 83 por ciento respecto del 2000 y un 36 por ciento respecto del 2008. Se incrementaron los ataques contra periodistas en 358 por ciento, además del alto número de defensores ultimados, que fueron 15. Emerge un preocupante patrón nuevo de violencia que es la tortura cometida por autoridades locales.
La defensa de los recursos naturales y el derecho al desarrollo, indica el informe, generó respuestas violentas y criminalizadoras por parte de empresas transnacionales, a través de sus aliados locales. La respuesta del Estado muestra que los intereses económicos prevalecen sobre la vida y la integridad de las personas.
El análisis, además de presentar cuadros sobre la violencia, aporta un elemento fundamental y es el referido a las realidades locales y los respectivos contextos; coloca los casos de Petén, Izabal, Quiché y San Marcos como departamentos en donde confluyen problemas graves, que pueden ser una muestra de la desventura nacional.
Petén, tan grande como sus niveles de violencia, está infestado de narcoactividad y de criminales organizados, los que sumados a los cacicazgos y la cooptación de autoridades completan el cuadro trágico. El documento que comentamos asegura que en algunos de sus municipios el control social se realiza a través de las armas y el asesinato del opositor. El tráfico de recursos naturales, la destrucción de flora y fauna, la quema de terrenos descontrolada y la invasión de tierras son asuntos tan graves como cotidianos.
Este departamento tiene 65 por ciento de área protegida, es fuente petrolera, zona turística importante, y ha estado marcado por problemáticas sociales, saqueo y abandono. Ahí los defensores(as) enfrentan riesgos graves, que no les inhibe de realizar sus acciones humanitarias. Igual situación enfrentan los periodistas, que han sufrido una serie de amenazas para coartar su derecho de informar. Se intenta impedir la divulgación de noticias relacionadas con la política, la impunidad, la violencia, la depredación de lo recursos naturales y el narcotráfico.
En San Marcos, como en otros territorios, se puede decir que no hay Estado, pues este ha abandonado sus funciones. Proliferan los criminales y la diversidad de ilícitos es notoria, tanto como los rezagos en salud, educación y pobreza, pero tiene una gran fortaleza en organización social y reconocidas personalidades defensoras de derechos fundamentales.
El informe es un valioso aporte a la radiografía nacional y debe ser conocido por las autoridades para tomar las medidas necesarias. Su lectura deja claro que el acompañamiento de Udefegua es solidario y meritorio.
- Ileana Alamilla, periodista guatemalteca, es directora de la Agencia CERIGUA. http://cerigua.info/portal/
Fuente: ALAI
Licencia: Copyleft
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