31 de agosto de 2009

“Hay intereses oscuros que presionan mi renuncia”: Jorge Ceballos

Colombia
31/08/2009
IPC


Medellín.- “Intereses oscuros” de sectores de la ciudad están detrás de la renuncia de Jorge Ceballos, Personero Delegado para los derechos humanos de Medellín. La expresión es del propio funcionario, quien aún no encuentra el origen de las presiones que lo llevaron a tomar esa decisión.

“Recuerde que estamos en Macondo. Y en Macondo cualquier cosa puede ocurrir”, dice Ceballos, al tratar de explicar la paradoja que significa su renuncia justo en momentos en que la ciudad está agobiada por el incremento de expresiones de violencia que comprometen a amplios sectores de la población en barrios y comunas.

Sus palabras tienen un sabor agridulce cuando trata de explicar los motivos que lo condujeron a tomar esa decisión. En ellas hay evidencias de la presión que se viene haciendo desde algunos sectores de la ciudad para que abandone su cargo, a través del cual coordina la Unidad Permanente de Derechos Humanos de la Personería de Medellín, una experiencia que arrancó en el 2004, durante la administración del alcalde Sergio Fajardo, y a la cual se le dio continuidad durante la actual.

“Hay intereses oscuros detrás de todo esto, que presionan mi renuncia, y no he podido saber de dónde vienen”, afirma este funcionario, que logró consolidar un trabajo de derechos humanos que hoy tiene reconocimiento nacional e internacional.

Si bien no tiene una explicación concreta, sus declaraciones permiten por lo menos preguntarse si detrás de todo esto hay sectores políticos con “ganas” de apropiarse de esa Unidad, consolidada por Ceballos y un amplio equipo de trabajo durante los últimos cinco años y medio de labores, para buscar figuración política de cara a las próximas elecciones o quizás incomodidad en algún sector por el enfoque garantista de defensa de los derechos humanos que se impulsa desde esta dependencia.

En entrevista con la Agencia de Prensa IPC, el Personero Delegado para los Derechos Humanos habló de presiones, logros y frustraciones, en momentos en que espera que el Personero de Medellín defina si le acepta o no su renuncia.

¿Por qué renuncia Jorge Ceballos al cargo de Personero Delegado para los Derechos Humanos de la Personería de Medellín?
Renuncio a partir del 20 de agosto porque he sentido una serie de presiones en el ambiente que no sé de donde vienen. Ha habido también una serie de comportamientos y de correos por Internet que atacan mi nombre, mi honra, inmiscuyéndose en mi intimidad como ser humano.

¿Ha identificado ya el origen de esas presiones?
No las tengo identificadas. Lo único que sé es que las aguas están turbias. Hay que esperar a qué entren en estado de reposo, que se decanten y veremos cuál es la sedimentación. Ha habido, eso sí, manifestaciones externas, como por ejemplo, lo ocurrido en un consejo de seguridad que hubo en la comuna 13 hace por lo menos 15 días. Allá, algunas personas que posan como líderes comunitarios atacaron fuertemente a la Unidad porque, según ellas, no permitíamos el trabajo de la Policía. Igualmente, en un consejo de seguridad en la Gobernación de Antioquia, se criticó el trabajo de los defensores de derechos humanos y se dijo que entorpecían el trabajo en seguridad. Además, en el año 2006, un General de la República me acusó de ser integrante del Ejército de Liberación Nacional (Eln) y de hacer desde la Unidad y desde los organismos de derechos humanos una guerra jurídica por denunciar las ejecuciones extrajudiciales.

¿Esas presiones recaen sobre usted o sobre toda la Unidad?
Sobre mí, y como he dicho, no las tengo decantadas. Noto un ambiente pesado, pero no lo he podido aprehender. Sé que es un ambiente en donde noto un interés por desconocer el trabajo la Unidad, de un lado; y de otro lado, sembrar alguna confusión dentro de la Unidad.

¿Ese tipo de presiones no son naturales en una ciudad como Medellín, donde confluye la única Unidad Permanente de Derechos Humanos en el país y altos grados de violencia?
Alguien decía por ahí que yo renuncio por amenazas. Pero nada más alejado de la realidad. Si algo tengo claro es que en Colombia ser defensor de derechos humanos es una actividad riesgosa, pero yo la ejerzo por convicción, sino fuera así me hubiera dedicado al deporte desde muy joven.

Lo que no es normal es que este tipo de presiones se den en estos momentos cuando la ciudad está convulsionada y frente a la cual hemos fijado posiciones alrededor de determinados temas, como rechazar el toque de queda. Como he dicho, no sé de dónde provienen las presiones. Hay algunos que se la endilgan a algunos concejales de la ciudad, pero yo aclaro que con los concejales de Medellín tengo una buena relación, en su mayoría. Alguno de ellos, y no me pregunten el nombre porque no lo voy a decir, le solicitó al Personero, terminando el periodo anterior, que no me ratificara a mí para darle el respaldo a una posible reelección, pero ese concejal no tiene nada que ver con las presiones.

La Personería es el resultado de una coalición en el Concejo y, por tanto, si hay presiones políticas son para el Personero, no para mí, yo no soy el resultado de ninguna coalición.

Es un poco extraño que en medio de la crisis de violencia que vive la ciudad, se intente debilitar un mecanismo que atiende la violación de derechos humanos…
Las circunstancias que vive la ciudad llevan a pensar que esta Unidad debe tener más personal, unas instalaciones más adecuadas para la atención de la población que cotidianamente viene aquí día y noche. Todo ello hace que la Unidad merezca mayor atención y que no nos debiéramos desgastar en cuestiones administrativas o políticas. Infortunadamente ello ocurre, y es más, hay sectores que me generaron división entre la Unidad, que se volvió, como dicen algunos, la Joya de la Corona. Es una dependencia que quisiera manejar algún sector político.

¿Con qué interés?
Tenemos 55 puestos de trabajo, clasificados en 30 profesionales y 25 auxiliares; además, tenemos una fuerte presencia en la ciudad; y trabajamos las 24 horas del día.

¿Una apropiación de la Unidad para fines políticos?
Es posible.

¿No ha identificado el sector que está detrás de su cargo y de la Unidad?
No. Y debo resaltar que esta Unidad no puede manejarse como una dependencia política donde se prefiere a los amigos políticos. Al contrario, tiene que ser una dependencia con vocación de atender a la población vulnerable, discriminada, violentada.

¿Se está enfrentando usted y esta Unidad a un problema de protagonismo político, que algunos envidian?
Es un asunto que en caso de que fuera así no tiene por qué dolerle a nadie. Hagamos un paralelo: ¿cuál es el Secretario de Despacho que más protagonismo tiene en la administración municipal? Es el de Gobierno. ¿Por qué él? Porque es el que, día a día, enfrenta los problemas de esta ciudad. Otros Secretarios poco aparecen. Igual, en la Personería somos ocho personeros delegados, pero no hay sino uno para los derechos humanos y esta es una ciudad donde, desafortunadamente, la vulneración de derechos humanos está creciendo. Entonces si yo soy el que está en contacto de manera cotidiana con ese fenómeno, soy yo el que tiene que estar haciéndole frente a los problemas, porque, además, trabajo con convicción y entregado de tiempo completo a esta dependencia.

¿Esas presiones vienen afectando también a su equipo de trabajo?
Obvio que lo afecta, negarlo sería torpe. Ha afectado nuestra percepción, nuestra movilidad, el entusiasmo con que se debe emprender el día a día.

¿No la parece paradójico que su trabajo y el de Unidad sea de alguna manera amenazado no desde sectores ilegales armados, sino desde el mismo Estado, desde organizaciones políticas, desde la legalidad?
Se han equivocado quienes pretendieron hacerle mal a Jorge Ceballos. Se equivocaron porque lo que se está atacando es una Unidad que le presta un gran servicio a la comunidad, que es una experiencia piloto yo diría que en Latinoamérica.

Haciendo la salvedad de que no le han aceptado aún la renuncia, pero que puede ser posible dadas las presiones de las que usted habla, quisiéramos que nos hiciera un balance de sus 5 años y medio de trabajo al frente de la Unidad, empezando por los logros…
El logro más importante es que un gran porcentaje de la población de Medellín sabe que existen los derechos humanos y que esos derechos humanos son responsabilidad del Estado. Mucha gente nos llama, viene en horas de la noche o a cualquier hora del día a denunciar que no la atendieron en una clínica, por ejemplo.

Cuando un ciudadano o una ciudadana son víctimas de un exceso de fuerza por parte de la Fuerza Pública aquí aparece, y aquí se formula la queja. Y toda la población desplazada de los barrios y de las diferentes regiones del país llega a esta Unidad. Casi que esta Unidad se ha vuelto una Unidad de derechos humanos del departamento. Incluso, muchos personeros tienen como referencia esta Unidad para que les ayudemos a tramitar asuntos de sus pueblos.

Fue desde esta Unidad y con la participación del Comité Interinstitucional de Derechos Humanos de la Gobernación de la anterior administración (Aníbal Gaviria 2004-2007) donde se empezaron a ventilar los casos de las ejecuciones extrajudiciales, unos casos de tortura de la Fuerza Pública, en virtud de lo cual resultaron condenados ocho o nueve soldados este año.

Pero lo más importante: monitoreamos el proceso de reinserción de los grupos paramilitares. Fuimos unos observadores constantes del proceso y alertamos a la administración sobre qué estaba ocurriendo en ello, la forma cómo esos presuntos desmovilizados continuaban delinquiendo. Fuimos nosotros los que decíamos que el índice de homicidios, que rebajó ostensiblemente entre 2002 y 2007, no tiene una reacción inmediata con el proceso de reinserción, son dos fenómenos totalmente diferentes. Sobre eso alertamos.

Hoy tenemos una situación muy grave con las instituciones educativas, pero gracias al contacto que nosotros tenemos con la comunidad educativa pudimos alertar a tiempo a la administración sobre el fenómeno que allí se estaba presentando.

Si usted hoy en día ve que hay menos atropellos de la Fuerza Pública sobre la comunidad es gracias al accionar de la Unidad Permanente de Derechos Humanos.

Pero lo esencial es que logramos hacer un trabajo conjunto entre las organizaciones sociales de derechos humanos, las organizaciones no gubernamentales y esta Unidad. Hicimos una simbiosis entre el trabajo derechos humanos estatal de esta ciudad y el trabajo de la sociedad, de donde surge la Mesa Municipal de Derechos Humanos.

¿Y qué frustraciones se va a llevar?
Me frustra que una entidad como esta tenga tanta demanda cuando debería decrecer; me frustra el número de homicidios que tenemos hoy en Medellín; que tengamos la cantidad de desplazamiento forzado; que esta ciudad y que este Estado sea cada vez más discriminatorio y que la sociedad civil no entienda que también es responsabilidad de ella la defensa de derechos humanos; y que alguna vez se nos vengan con epítetos y nos digan “los izquierdosos humanos”; que no se entienda que los derechos humanos existen porque existe la persona; esas son las cosas que me dejan frustrado.

Y de otro lado, me frustra que aún cueste entender que construir una sociedad donde se respeten los derechos es construir civilidad, que al Estado le hace más daño violar los derechos que respetarlos y reconocerlos.

¿Qué hará si no le aceptan la renuncia?
Esperaré unos 20 días y luego me sentaré con el Personero a fijar unas condiciones claras de continuidad en mi cargo y del futuro de la Unidad Permanente para los Derechos Humanos.

Agencia de Prensa IPC
Medellín, Colombia
www.ipc.org.co/agenciadeprensa

Fuente: ALAI
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Último aviso

Indígena costarricense.  www.delefoco.com/RadioMundoReal
31/08/2009

Audio -12'44"-


Una norma que establece una hoja de ruta para la recuperación de territorios indígenas sigue sin ser aprobada en Costa Rica. Los pueblos originarios ya han aprobado el texto y se movilizarán para exigir su tratamiento y aprobación.

Desde hace una década y media este proyecto duerme en los cajones del Congreso. Y las comunidades originarias de Costa Rica han decidido que el tiempo de espera se agotó. Por ello el próximo martes 1º de septiembre realizarán una gran movilización frente a la Asamblea Legislativa para exigir a la clase política su tratamiento y aprobación.

El territorio que entraría bajo contralor indígena es un 8 por ciento de la superficie. La norma prevé distintos niveles de autonomía y gobernabilidad de las tierras actualmente pertenecientes a las comunidades indígenas, pero así también establece una hoja de ruta para la recuperación de territorios, muchos de los cuales concentran cuantiosas riquezas madereras, petroleras, acuíferas y de biodiversidad. De ahí que no resulte extraña la resistencia de los sectores del agronegocio a dar trámite a esta norma.

Quince años y cinco gobiernos han pasado desde que Costa Rica ratificara el convenio internacional de tierras indígenas. Pero la paciencia de los pueblos se agotó y ahora el partido se juega en terreno de los legisladores.

Javier Baltodano, de COECOCEIBA - Amigos de la Tierra Costa Rica, contó a Radio Mundo Real el contexto en que se dará la marcha y concentración de los indígenas el próximo 1º de septiembre.

Baltodano también analiza la actual coyuntura política en su país desde la perspectiva de la aprobación de esta norma. Y comenta el esfuerzo que representa para las comunidades trasladarse desde sus comarcas hasta la capital -San José-, lo cual incluye marchas a pie de, a veces, de varios días.

Foto: http://www.delefoco.com/

Fuente: Radio Mundo Real
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Mil voces - Edición Número 71

RadioMundoReal
31/08/2009

Audio -1h 2'-

Comenzamos en Uruguay, donde la Comisión para la Recuperación de la Memoria homenajeó a Nelsa Gadea, desaparecida en Chile. Luego fuimos a Chiapas, para mantener un diálogo con Nieves Capote, de Otros Mundos - Amigos de la Tierra México.

Dos noticias llegaron desde Argentina: una puesta en escena para reclamarle al gobierno una legislación sobre glaciares sin trampas, y las movidas callejeras sobre ruedas de Masa Crítica Buenos Aires. Y terminamos en Bolivia, donde el gobierno logró identificar cuatro millones de hectáreas que los latifundistas explotaban. Todo acompañado por música de Fabulosos Cadillacas y Bootsy Collins.

Fuente: Radio Mundo Real
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El espejo de Uribe

30/08/2009
Atilio Boron


La Cumbre de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) en Bariloche tendrá que enfrentar dos gravísimos problemas que abruman a América Latina: el golpe militar en Honduras y la militarización de la región como resultado de la instalación no de una sino de siete bases militares norteamericanas en Colombia.

En relación a lo primero la UNASUR deberá exigirle a Barack Obama coherencia con sus propias declaraciones a favor de una nueva era en las relaciones interamericanas. Como lo hemos reiterado en numerosas oportunidades este golpe es un globo de ensayo para testear las respuestas de los pueblos y los gobiernos de la región. Y si tiene lugar en Honduras es precisamente porque fue ese el país más meticulosamente sometido a la influencia ideológica y la dominación política de Washington.

Fracasada la negociación de la OEA Washington procedió a suspender la emisión de visas para los ciudadanos de Honduras. Medida tibia, muy tibia, pero síntoma de que está tomando nota del clima político imperante en la región. Pero Obama debe hacer mucho más, y dejar de lado el falaz argumento que expresara hace unos pocos días cuando se refirió a la contradicción en que incurrirían los críticos del imperialismo al exigirle ahora que intervenga en Honduras. Es “irónico” –dijo en esa ocasión- “que algunos de los que han criticado la injerencia de Estados Unidos en América Latina se quejen ahora de que no está interfiriendo lo suficiente”.

Sabemos que Obama no está demasiado informado de lo que hacen sus subordinados civiles o militares, para ni hablar de los servicios de inteligencia. Pero debería saber, por ser tan elemental, que Estados Unidos viene interviniendo en Honduras desde 1903, año en que primera vez los marines desembarcaron en ese país para proteger los intereses norteamericanos en un momento de crisis política. En 1907, en ocasión de la guerra entre Honduras y Nicaragua, tropas estadounidenses se estacionaron durante unos tres meses en las ciudades de Trujillo, Ceiba, Puerto Cortés, San Pedro Sula, Laguna y Choloma. En 1911 y 1912 se reiterarían las invasiones, en este último caso para impedir la expropiación de un ferrocarril en Puerto Cortés. En 1919, 1924 y 1925 fuerzas expedicionarias del imperio volverían a invadir Honduras, siempre con el mismo pretexto: salvaguardar la vida y la propiedad de ciudadanos norteamericanos radicados en este país. Pero la gran invasión ocurriría en 1983, cuando bajo la dirección de un personaje siniestro, el embajador John Negroponte, se establecería la gran base de operaciones desde la cual se lanzó la ofensiva reaccionaria en contra del Sandinismo gobernante y la guerrilla salvadoreña del Frente Farabundo Martí. Obama no puede ignorar estos nefastos antecedentes y por lo tanto debe saber que el golpe contra Zelaya sólo fue posible por la aquiescencia brindada por su gobierno. Lo que se le está pidiendo es que Estados Unidos deje de intervenir, que retire su apoyo a los golpistas, único sustento que los mantiene en el poder, y que de ese modo facilite el retorno de Zelaya a Tegucigalpa. La Casa Blanca dispone de muchos instrumentos económicos y financieros para disciplinar a sus compinches. Si no lo hace es porque no quiere, y los gobiernos y pueblos de América Latina deberían sacar las conclusiones del caso.

En relación al segundo problema, las bases norteamericanas en Colombia, es preciso decir lo siguiente. Primero, que el imperio no tiene diseminadas 872 bases y misiones militares a lo ancho y largo del planeta para que sus tropas experimenten las delicias del multiculturalismo o de la vida al aire libre. Si las tiene, a un costo gigantesco, es porque tal como lo ha dicho Noam Chomsky en numerosas oportunidades, son el principal instrumento de un plan de dominación mundial sólo comparable al que en los años treintas alucinara a Adolf Hitler. Pensar que esas tropas y esos armamentos se desplegarán en América Latina para otra cosa que no sea asegurar el control territorial y político de una región que los expertos consideran como la más rica del planeta por sus recursos naturales -acuíferos, energéticos, biodiversidad, minerales, agricultura, etcétera- constituye una imperdonable estupidez. Esas bases son la avanzada de una agresión militar, que puede no consumarse hoy o mañana, pero que seguramente tendrá lugar cuando el imperialismo lo considere conveniente. Por eso la UNASUR debe rechazar enérgicamente su presencia y exigir la suspensión del proceso de instalación de las bases. Y, además, aclarar que este no es un “asunto interno” de Colombia: nadie en su sano juicio puede invocar los derechos soberanos de un país para justificar la instalación en su territorio de fuerzas y equipamientos militares que sólo podrán traer destrucción y muerte a sus vecinos. Cuando en los años treinta Hitler rearmó a Alemania los Estados Unidos y sus aliados pusieron el grito en el cielo, sabedores que el paso siguiente sería la guerra, y no se equivocaron. ¿Por qué ahora sería diferente?

Segundo: mientras Uribe sea presidente de Colombia no habrá solución a este problema. Él sabe, como todo el mundo, que Estados Unidos ha venido confeccionando un prontuario que no cesa de crecer en donde se lo califica de narcotraficante y de cómplice de los crímenes de los para militares. En 2004 el Archivo Federal de Seguridad de Estados Unidos dio a conocer un documento producido en 1991 en el que se acusa al por entonces senador Álvaro Uribe Vélez de ser uno de los principales narcotraficantes de Colombia, referenciado como el hombre número 82 en un listado cuyo puesto 79 ocupaba Pablo Escobar Gaviria, capo del cartel de Medellín. El informe, que puede leerse en http://www.gwu.edu/%7Ensarchiv/NSAEBB/NSAEBB131/dia910923.pdf asegura que el hoy presidente colombiano “se dedicó a colaborar con el cartel de Medellín en los más altos niveles del gobierno. Uribe estaba vinculado a un negocio involucrado en el tráfico de narcóticos en Estados Unidos. Su padre fue asesinado en Colombia por su conexión con los narcos. Uribe trabajó para el Cartel de Medellín y es un estrecho amigo personal de Pablo Escobar Gaviria ...(y) fue uno de los políticos que desde el Senado atacó toda forma de tratado de extradición”.

Por lo tanto, Uribe no tiene ningún margen de autonomía para oponerse a cualquier pedido que provenga de Washington. Su misión es ser el Caballo de Troya del imperio y sabe que si se resiste a tan ignominiosa tarea su suerte no será distinta de la que corrió otro personaje de la política latinoamericana, presidente también él: Manuel Antonio Noriega, quien una vez cumplida con la misión que la Casa Blanca le asignara fue arrestado en 1989 luego de una cruenta invasión norteamericana a Panamá y condenado a 40 años de prisión por sus vinculaciones también con el cártel de Medellín. Cuando Noriega dejó de ser funcional a los intereses del imperio pasó velozmente y sin escalas de presidente a prisionero en una celda de máxima seguridad en los Estados Unidos. Ese es el espejo en que día y noche se mira Uribe, y eso explica su permanente crispación, sus mentiras, y su desesperación por volver a ser elegido como presidente de Colombia, convirtiendo a ese entrañable país sudamericano en un protectorado norteamericano, y a él mismo en una suerte de procónsul vitalicio del imperio, dispuesto a enlutar a todo un continente con tal de no correr la misma suerte que su colega panameño.

- Dr. Atilio A. Boron, director del Programa Latinoamericano de Educación a Distancia en Ciencias Sociales (PLED), Buenos Aires, Argentina
www.centrocultural.coop/pled
http://www.atilioboron.com

Publicado en ALAI el 26 de agosto de 2009

Fuente: ALAI
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30 de agosto de 2009

Honduras: El país en el que no pasa nada-3

Al Este de Epem
30 de agosto de 2009


La siguiente nota fue publicada el pasado 21-08-2009, como comentario previo a una información de CIMAC Noticias sobre violaciones y abusos sexuales por parte de las fuerzas golpistas, contra mujeres y al menos una monja:

La siguiente noticia fue publicada en CIMAC Noticias el pasado 19, pero creo que debido a lo repugnante e intolerable de los hechos, debe ser conocida por quienes todavía no la habéis leído -como era mi caso hasta hace escasos momentos- y dada a conocer todas las veces que haga falta. Los militares golpistas hondureños, no solo ejerce violencia física hacia la población que se manifiesta de forma pacífica, sino que cuando es el caso de mujeres, son agredidas sexualmente. Este es el "honor" de unos verdades criminales que, no contentos con torturar, asesinar, golpear, aterrorizar a la población que se revela contra el golpe de estado, no dudan en agredir violando a mujeres valientes, incluidas religiosas, que pacíficamente se manifiestan contra un gobierno ilegítimo, que está dando la medida de lo que suele ocurrir en regímenes autoritarios. Luego se habla de si Zelaya es alumno de éste o del otro. ¿Y Micheletti qué es, alumno del demonio?

Todo mi apoyo al valiente pueblo hondureño, formado por mujeres y hombres que cada día se enfrentan no solo a las armas sino a todo tipo de repugnantes agresiones.

RBlanco

EL QUE RAYA PARED Y MESA QUIERE DECIR ALGO...


Centenares de hondureños llegan a Nicaragua


Partidarios de Zelaya continúan llegando a la frontera



Nota: Lógicamente, gran parte de los vídeos que os estoy mostrando, son del mes de julio, y alguno de agosto; puesto que las cadenas que mostraban lo que estaba pasando y está pasando en Honduras, TeleSur y la Televisión venezolana, fueron expulsadas y las hondureñas están al servicio de los golpistas.

De todas fotmas, sirven de testimonio sobre lo que está ocurriendo en Honduras desde el momento justo en que se inició el golpe.

RBlanco
30/08/2009

Manifestaciones contra el Golpe en Honduras se mantienen luego de 2 meses

Honduras Resiste.resistenciaamorazanblogspot.comHONDURAS
30/08/2009
Púlsar/PL


El Frente Nacional contra el Golpe de Estado en Honduras realizó este viernes nuevas movilizaciones por el retorno del orden constitucional. Se cumplieron 2 meses desde que el presidente legítimo, Manuel Zelaya Rosales, fue depuesto de su cargo.

Luego de 62 días de manifestaciones consecutivas, el dirigente del Frente, Juan Barahona, resaltó que la lucha proseguirá "todo el tiempo necesario para alcanzar la victoria".

A su vez, el Frente de Resistencia llamó a los hondureños a deslegitimar las elecciones generales previstas para el 29 de noviembre.

Ello implica desconocer el proceso electoral si no se retorna al orden democrático y se reinstala en su cargo al presidente legítimo.

En el plano internacional la condena a los golpistas aumentó luego de la negativa del presidente de facto, Roberto Micheletti, a aceptar el Acuerdo de San José propuesto por el mandatario de Costa Rica.

Por su parte, Zelaya aceptó la propuesta pese a las condiciones que le impone, como renunciar al llamado a una Asamblea Costituyente y dejar sin castigo a los ejecutores del Golpe de Estado. (PÚLSAR/PL)28/08/2009


Imagen: Honduras Resiste: 62 días de movilización

Audio:
Juan Barahona, dirigente del Frente de Resistencia (elecciones)

Fuente: Agencia Púlsar
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UNASUR manifiesta compromiso en la defensa de la soberanía regional

ARGENTINA
Agencia Púlsar
30/08/2009

La Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) expresó su compromiso de impedir "la injerencia en la soberanía de los pueblos latinoamericanos". Fue en la declaración final de la Cumbre extraordinaria de presidentes celebrada este viernes en Argentina.

A pesar de las fuertes discusiones y discrepancias mantenidas durante la reunión, los mandatarios lograron firmar un documento. Allí expresaron el deseo de que la región se consolide como una "zona de paz".

Los presidentes manifestaron en el texto final que "la presencia de fuerzas extranjeras no puede amenazar la soberanía o integración de cualquier nación sudamericana y la seguridad en la región".

A su vez, reafirmaron el "compromiso de fortalecer a lucha y cooperación contra el terrorismo y la delincuencia organizada".

Para ello, la UNASUR acordó para septiembre un encuentro de ministros de Defensa y cancilleres en el que se elaborarán la estrategia de seguridad y las garantías para la zona.

La mayor parte de los mandatarios se manifestaron en contra de la instalación de militares de Estados Unidos en Colombia argumentando que ello puede afectar la estabilidad de la región.

Sin embargo, el presidente colombiano, Álvaro Uribe, informó que el acuerdo militar con Estados Unidos "está cerrado" y afirmó que el objetivo es combatir el narcotráfico y el terrorismo en el país.

Por su parte, los mandatarios de Venezuela, Bolivia, Brasil y Ecuador solicitaron que Colombia presente la totalidad de los términos del acuerdo de cooperación militar que mantiene con Estados Unidos. (PÚLSAR)


Audios:
Álvaro Uribe, presidente de Colombia (acuerdo cerrado)
Rafael Correa, presidente de Ecuador y Pro Témpore de UNASUR (documento final)

Fuente: Agencia Púlsar
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Evo Morales: “El origen del narcotráfico nace de Estados Unidos”

ARGENTINA
Agencia Púlsar
30/08/2009


El presidente boliviano aseguró durante su intervención en la cumbre de la Unasur, que Estados Unidos es el país responsable por el narcotráfico en el continente

Evo Morales aseguró que los países de América Latina no tienen porqué pedir cooperación a Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico.

Aseguró que en cambio, es obligación de ese país combatir el narcotráfico por ser responsable del origen de esa práctica.

Argumentó su afirmación con el ejemplo del costo de la hoja de coca a partir de las operaciones de Estados Unidos en Bolivia.

Detalló además que Estados Unidos debe combatir el narcotráfico sin la instalación de bases militares que violan la soberanía de los países de la región.

Luego, sostuvo que su conclusión es que Estados Unidos trata de crear "desconfianza" entre los presidentes de Sudamérica.

El mandatario afirmó que "algo que no podemos vender, ni alquilar, ni prestar, es la soberanía de nuestras naciones".(PÚLSAR)
28/08/2009

Audios:
Evo Morales, presidente de Bolivia (origen del narcotráfico)
Evo Morales, presidente de Bolivia (presiones de EEUU)

Fuente: Agencia Púlsar
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Rafael Correa pide a Uribe presentar el acuerdo completo con Estados Unidos

ARGENTINA
30/08/2009
Agencia Púlsar


Durante la cumbre de Unasur que se realiza en la ciudad de Bariloche, al sur de la Argentina, el presidente pro témpore del organismo, el ecuatoriano Rafael Correa, pidió a su par colombiano que ponga en común el acuerdo militar con Estados Unidos.

Luego del discurso de Álvaro Uribe, presidente colombiano que inauguró las intervenciones tras la apertura formal, Rafael Correa solicitó conocer el acuerdo completo.

Se refirió al pacto militar entre Colombia y Estados Unidos para la instalación de bases militares.

En tal sentido, le pidió a Uribe que ponga en común el texto completo de ese acuerdo ya que sólo presentó uno de sus artículos.

Luego continuó la sesión con la intervención del presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, quien dijo hablar en nombre del pueblo oriental y se pronunció contra la instalación de bases militares extranjeras en territorio latinoamericano.

El mandatario uruguayo hizo referencia al rechazo pronunciado contra las bases en las Islas Malvinas y lo comparó con la intención de instalar bases de Estados Unidos en Colombia.(PÚLSAR)

Audio:
Rafael Correa, presidente de Ecuador (pide a Uribe que presente acuerdo completo con EEUU)

Fuente: Agencia Púlsar
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RECORDANDO A LAS PERSONAS DESAPARECIDAS

Amnistía Internacional
30/08/09


Rosendo Radilla tenía 60 años cuando en agosto de 1974 fue víctima de una desaparición forzada. El que fuera alcalde del municipio de Atoyac, en el estado de Guerrero, y activista social, fue visto por última vez en un cuartel días después de ser detenido en un control de carreteras. Otras personas que estaban detenidas con él informaron de que fue torturado.

Al igual que en otros casos de desapariciones forzadas, los sucesivos gobiernos mexicanos se han negado a explicar qué le ha sucedido a Rosendo Radilla. Pero del mismo modo, su familia se ha negado a abandonar y ha llevado su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esperan que este año, la corte actual obligue al gobierno mexicano a decirles la verdad y les garantice su derecho a la justicia.

"Me decían 'y tú, ¿por qué no perdonas?'", dice Tita Radilla Martínez, hija de Rosendo. "Por lo mismo que aquél no me dice qué hizo con mi padre. ¿Está vivo o está muerto? ¡No sé! Cuando uno piensa, él era muy friolento. Y cuando lo acababan de detener yo pensaba en eso. ¿Tendrá frío? ¿Tendrá hambre? ¿Tendrá sed? ¿Le dolerá algo? ¿Qué pasa con él? Y eso no es un momento, sino que toda la vida. Como dicen 'ya no hay que reabrir la herida'. ¿Cuál reabrir? La herida está abierta. Jamás ha sido cerrada."

Familias en todo el mundo esperan tener noticias de qué ocurrió con esos seres queridos que se llevaron agentes del Estado o personas que actúan con su apoyo o aquiescencia.

Amigos y familiares no tienen la manera de saber qué ha ocurrido con ellos. Las personas desaparecidas no tienen la protección de la ley. Les puede ocurrir cualquier cosa. Muchas son torturadas. Muchas fallecen.

El 30 de agosto se celebra el Día Internacional de los Desaparecidos. Todos los años Amnistía Internacional junto con otras ONG, asociaciones de familias y grupos de base, recuerda a los desaparecidos y exige justicia para las víctimas de desapariciones forzadas mediante actividades y eventos.

Los Gobiernos se sirven de las desapariciones forzadas como herramienta de represión para acallar la disidencia y para eliminar cualquier oposición política, así como para perseguir a grupos étnicos, religiosos y políticos.

Durante el conflicto armado de Kosovo en 1999, más de 3.000 personas de etnia albanesa sufrieron desapariciones forzadas a manos de la policía serbia y de las fuerzas paramilitares y militares. Más de 800 serbios, romaníes y otras personas fueron secuestrados por miembros de grupos étnicos albanos armados. Más de 1.900 personas en Kosovo y Serbia continúan a la espera de saber qué les ocurrió a sus familiares.

Las desapariciones forzadas están relacionadas a menudo con operaciones de contrainsurgencia o antiterrorismo. Chechenia, que en 1991 intentó escindirse de la Federación Rusa, ha sufrido desde entonces los estragos de dos conflictos armados y de una operación antiterrorista. Tanto las fuerzas de la Federación Rusa como los agentes de la ley chechenos se han visto implicados en desapariciones forzadas, que suman miles.

En Filipinas, más de 1.600 personas han desaparecido desde la década de los 70, principalmente en operaciones de contrainsurgencia contra grupos de izquierda o secesionistas.

James Balao, activista en favor de los derechos de los indígenas e investigador, desapareció en septiembre de 2008 cuando se dirigía en automóvil a visitar a su familia en La Trinidad, provincia de Benguet.

Hombres armados y uniformados que decían ser agentes de policía, lo hicieron parar y lo metieron en una furgoneta blanca. Testigos que firmaron declaraciones juradas en las que relataban su captura se encuentran hoy escondidos por miedo a ser perseguidos.

Los familiares y los amigos de las personas desaparecidas sufren la angustia de la incertidumbre y no pueden llorar su pérdida ni continuar con sus vidas. Chief Ebrima Manneh, periodista gambiano, fue detenido en julio de 2006 por el intento de dar a conocer un artículo de la BBC crítico con el gobierno de Gambia. Su paradero todavía se desconoce pese a que un tribunal regional de África occidental dictó una sentencia sin precedentes en la que ordenaba al gobierno de Gambia su liberación y el pago de indemnizaciones. La madre de Ebrima Manneh comenta que le cuesta disfrutar de cualquier cosa porque no puede quitarse a su hijo de la cabeza. La familia ha dicho a Amnistía Internacional que se encuentra cada vez más aislada porque otras personas tienen miedo de relacionarse con ellos. Además está pasando una situación apurada porque dependían del sueldo de Ebrima Manneh.

Para ver vídeo

Fuente: Amnistía Internacional España

LA PUESTA EN MARCHA DE LA CONVENCIÓN MARCARÍA UN ANTES Y UN DESPUÉS PARA AQUELLOS QUE BUSCAN A SUS SERES QUERIDOS

Día Internacional de los Desaparecidos

29/08/09
Amnistía Interncional



30 de agosto, Día Internacional de los Desaparecidos

Amnistía Internacional lamenta que, por el momento, la reforma del Código Penal español no contemple el delito de desaparición forzada

Imaginen esperar a que sus seres queridos vuelvan a casa un día cualquiera y que ese día acaba convirtiéndose en el resto de sus vidas. Imaginen esperarles sin saber dónde están o incluso sin saber si siguen vivos. Imaginen haber llamado a todas las puertas para intentar averiguar dónde pueden estar y no saber qué más pueden hacer. Ésa es la vida de muchos familiares de desaparecidos en todas las regiones del mundo. El domingo 30 de agosto, Día Internacional de los Desaparecidos, es una fecha en la que recordar su lucha y exigir justicia.

Cientos de miles de casos de desaparición forzada siguen sin resolverse y cada año se denuncian nuevos casos. Los gobiernos continúan utilizando las desapariciones forzadas para acallar la disidencia, para eliminar cualquier tipo de oposición política, para perseguir a grupos étnicos, religiosos y políticos, y como arma de represión. El secreto en torno a la desaparición forzada fomenta este delito; la desaparición forzada está ideada para que las víctimas no tengan la protección de la ley y para ocultar la identidad de los responsables y el destino de las víctimas, muchas de las cuales son torturadas o asesinadas.

Durante el conflicto armado de Kosovo en 1999, más de 3.000 personas de etnia albanesa sufrieron desapariciones forzadas a manos de la policía serbia y de las fuerzas paramilitares y militares. Más de 800 serbios, romaníes y otras personas fueron secuestrados por miembros de grupos étnicos albanos armados. Más de 1.900 familias en Kosovo y Serbia continúan a la espera de saber qué les ocurrió a sus familiares. No hay datos exactos sobre el número de personas sometidas a desaparición forzada durante los dos conflictos armados de Chechenia y la operación “antiterrorista” emprendida posteriormente. Las ONG calculan que, sólo durante el segundo conflicto armado, hubo entre 3.000 y 5.000 desapariciones forzadas. Pero todavía hoy continúan produciéndose. Desde 2008, el número de desapariciones forzadas y secuestros ha aumentado, las organizaciones hablan de un total de 58 secuestros en el primer cuatrimestre de 2009, frente a los 42 que se registraron a lo largo de 2008. En nombre de la guerra contra el terror, países como Pakistán registraron al menos 563 personas detenidas arbitrariamente y sometidas a desaparición forzada. Una práctica que se aplicaba sólo a personas presuntamente implicadas en actos de terrorismo, más tarde se extendió a los adversarios internos del gobierno.

Y después de décadas, siguen sin investigarse miles de casos de desapariciones. En México, hubo al menos 700 casos de desaparición forzada durante la “guerra sucia” emprendida por el ejército y los cuerpos de seguridad interior entre las décadas de 1960 y 1980. No se han exigido responsabilidades, no se ha establecido el paradero de las víctimas, ni se ha obtenido reparación. En Filipinas, más de 1.600 personas han desaparecido desde la década de los 70, principalmente en operaciones de contrainsurgencia contra grupos de izquierda o secesionistas.

Una nueva herramienta contra la desaparición forzada
La comunidad internacional tiene una nueva herramienta para combatir esta plaga. La Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, adoptada en 2006, aunque aún no ha entrado en vigor, podría suponer un punto de inflexión. La Convención obliga a los Estados a garantizar que las desapariciones forzadas sean tipificadas en su legislación penal interna, a proteger a los testigos y a responsabilizar legalmente a toda persona implicada en una desaparición forzada. Reconoce el derecho de las familias a conocer la verdad y a obtener reparaciones. Exige a los Estados que impidan las desapariciones forzadas instaurando firmes salvaguardias para aquellas personas privadas de su libertad, que busquen a las personas desaparecidas y, en caso de que hayan fallecido, localicen y restituyan sus restos. La Convención también reclama a los Estados que persigan a los presuntos responsables que se encuentren en su territorio, sin importar el lugar en el que hayan cometido el delito, o que los extraditen a otro Estado o los entreguen a una corte penal internacional.

Sólo se necesitan siete ratificaciones más para que este tratado entre en vigor y conceda a aquellos que buscan a sus seres queridos un apoyo muy necesario. Amnistía Internacional pide a los gobiernos que celebren el Día Internacional de los Desaparecidos de este año dando prioridad a la ratificación de este tratado y anunciando cuándo van a hacerlo. El sexagésimo cuarto periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, cuya inauguración está programada para el 15 de septiembre de 2009 en Nueva York, y la jornada anual de firma y depósito de instrumentos de adhesión y ratificación brindarán a todos los gobiernos una oportunidad para ratificar o para hacer público su compromiso de ratificar la Convención.

Desaparecidos en España
Amnistía Internacional valora positivamente que el Gobierno español haya realizado todos los trámites necesarios para la ratificación a finales de septiembre de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Sin embargo, le pide coherencia en iniciativas legislativas como la actual reforma del Código Penal. El actual Anteproyecto de ley no contempla la desaparición forzada de personas como delito autónomo imprescriptible. Por eso, Amnistía Internacional recomienda que se incluya el delito de desaparición forzada de personas dentro del título de los “delitos contra la comunidad internacional” y se defina conforme a las exigencias del derecho internacional.

Sin justicia para los desaparecidos de la Guerra Civil y el franquismo
Ya tras la aprobación en diciembre de 2007 de la Ley de Memoria Histórica, Amnistía Internacional lamentó que dicho texto dejase al margen a víctimas de graves crímenes de derecho internacional, como por ejemplo las víctimas de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales o torturas durante la Guerra Civil y el franquismo. Decenas de miles de personas fueron víctimas de estos graves crímenes. Sin embargo, el Gobierno no facilita información sobre los desaparecidos, se limitan las vías de acceso a la justicia a los familiares y el Estado no asume su responsabilidad en materia de exhumaciones de acuerdo a la normativa internacional.
  • Ausencia de información sobre desaparecidos. El Grupo de trabajo sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas desde 2005 está pidiendo al Gobierno español información sobre tres casos de desapariciones forzadas durante la Guerra Civil y el franquismo. Cuatro años después el Ejecutivo no ha facilitado ningún tipo de información al respecto.
  • Limitaciones al acceso a la justicia. Amnistía Internacional ha mostrado su preocupación porque el debate sobre las competencias judiciales de los casos de desaparición forzada está consolidando un clima de impunidad. El 16 de octubre de 2008, la Audiencia Nacional iniciaba una causa sobre 114.266 casos de desapariciones forzadas y 30.960 menores separados ilegalmente de sus familias, muchos de los cuales podrían estar todavía vivos. El 16 de noviembre el juez se inhibía a favor de 43 Juzgados de Instrucción de las localidades donde están ubicadas las fosas identificadas. Hasta donde ha podido saber Amnistía Internacional, sólo 3 de estos juzgados –Benavente (Zamora), Palencia y Villacarrillo (Jaén)- han abierto nuevas diligencias y están investigando la causa como desaparición forzada, y por tanto como delito imprescriptible; mientras que 13 valoraron los casos como delito común y archivaron las causas argumentando la prescripción de los mismos, negando a los familiares de los desaparecidos el derecho a conocer su paradero y a acceder a mecanismos efectivos de reparación
  • Exhumaciones que no cumplen las normas internacionales. Tal y como establece la Ley de Memoria Histórica, el Ministerio de Presidencia propuso en noviembre de 2008 un Protocolo de actuación en exhumaciones que fue rechazado por las asociaciones de familiares de las víctimas, ya que no reúne los requisitos que exige el derecho internacional. Además, el 11 de marzo de 2009, el Senado rechazó una proposición de ley orientada a que el Gobierno asumiera las tareas de localización, exhumación e identificación de restos, evidenciando una vez más la falta de voluntad política por parte del Estado español de que se investiguen estas graves violaciones de derechos humanos y se garantice justicia y reparación a las víctimas.

Mustafá Setmariam, el español que lleva cuatro años desaparecido
El Gobierno español tiene la responsabilidad de llevar a cabo todas las gestiones posibles y exigir al Gobierno de Estados Unidos que aclare el paradero del ciudadano español Mustafa Setmariam Nasar, detenido en noviembre de 2005 por agentes paquistaníes, puesto posteriormente bajo custodia estadounidense y actualmente “desaparecido”. Setmariam es uno de los 39 desaparecidos por las autoridades norteamericanas en el marco de la “guerra contra el terror” cuyo paradero sigue siendo una incógnita, ya que el Gobierno de EEUU no ha revelado ninguna información sobre su situación en todo este tiempo.

Con anterioridad a su “desaparición”, en noviembre de 2004, el nombre de Mustafá Setmariam aparecía en una lista de “terroristas más buscados” del FBI. Las autoridades estadounidenses ofrecieron una recompensa de cinco millones de dólares por información sobre su paradero. Pero su nombre fue borrado de esa lista con posterioridad a su presunta detención en Pakistán. Un juez instructor de la Audiencia Nacional tiene decretada una orden de búsqueda y captura por su presunta vinculación con Al Qaeda. Se señaló que Mustafá Setmariam podría estar recluido en la base militar estadounidense de Diego García, isla británica en el Océano Índico. También se ha apuntado a Siria como lugar donde podría encontrarse detenido. Ninguna de estas informaciones ha podido ser confirmada por Amnistía Internacional.

Fuente: Amnistía Internacional España

TERCERA MASACRE PERPETRADA CONTRA LA COMUNIDAD INDÍGENA AWÁ EN 2009

Colombia
29/08/09

Amnistía Internacional


Londres.- La matanza de 12 indígenas en Colombia, entre ellos cuatro niños, es consecuencia de que las autoridades no se tomaran en serio la advertencia de que habría más ataques si no se adoptaban medidas para proteger a esa comunidad, ha afirmado Amnistía Internacional.

“Ayer, los indígenas awá fueron víctimas de la tercera masacre en menos de un año –afirmó Susan Lee, directora del Programa Regional de Amnistía Internacional para América–. ¿Cuántos más tienen que morir para que el Gobierno haga algo para proteger a estas comunidades?”

El 26 de agosto, hombres armados sin identificar irrumpieron en la reserva indígena de Gran Rosario, en el departamento suroccidental de Nariño, y mataron a 12 personas que, al parecer, pertenecían a la misma familia, incluidos cuatro menores de edad.

Entre las víctimas estaba Tulia García, quien había recibido sucesivas amenazas de muerte tras el homicidio de su esposo, Gonzalo Rodríguez Guanga, en mayo de 2009. Ella lo había denunciado afirmando que pensaba que el ejército colombiano era el responsable.

Más de 50 miembros de la comunidad awá de Nariño han sido víctimas de homicidio desde septiembre de 2008 a manos de los grupos guerrilleros, las fuerzas de seguridad y sus aliados paramilitares, que compiten por el control de la región.

Esta última masacre sucede a una serie de ataques perpetrados contra la comunidad awá. Según la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), el 11 de febrero de 2009, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), grupo guerrillero, mataron a 10 indígenas awá en el departamento de Nariño. Esta matanza sucedió a otra perpetrada el 4 de febrero contra 17 indígenas, también, según informes, por las FARC.

Estos ataques se producen tras una avalancha de amenazas de muerte emitidas por los paramilitares, respaldados por el ejército, contra la organización Unidad Indígena para el Pueblo Awá (UNIPA).

“La masacre del pueblo awá demuestra una vez más que es la población civil quien sufre las peores consecuencias del conflicto y que el gobierno colombiano no presta la debida atención a la protección de la población civil en áreas de conflicto” afirmó Susan Lee.

Amnistía Internacional señaló que todavía no están claras las medidas que está adoptando el Gobierno colombiano para proteger a la comunidad awá frente a nuevos ataques, si bien consideró positivo el anuncio de las autoridades colombianas, el 26 de agosto, por el que se comprometía a hacer que los órganos de investigación del Estado avanzasen en las investigaciones criminales sobre las matanzas.

Fuente: Amnistía Internacional

Hugo Chávez presenta documento militar de EEUU sobre América Latina

ARGENTINA
Agencia Púlsar
29/08/2009


El presidente de Venezuela hizo público el texto que contiene la estrategia militar de Estados Unidos para la región durante la cumbre de la Unasur en la sureña ciudad argentina de Bariloche.

El mandatario venezolano, Hugo Chávez, presentó con "preocupación" el documento militar que detalla la necesidad de Estados Unidos de establecer bases militares en América Latina.

El texto expresa que no sólo se procuran las bases para combatir el narcotráfico sino también para "movilidad aérea", afirmación que según Chávez se refiere a una estrategia bélica.

Al finalizar la exposición del mandatario venezolano, el presidente pro témpore de la Unasur, Rafael Correa, propuso que el Consejo de Defensa del organismo realice un profundo estudio del documento militar estadounidense.

Propuso que se elabore un informe completo respecto de este texto para luego solicitar una reunión al Presidente de Estados Unidos, Barak Obama.(PÚLSAR)

Audios:
Hugo Chávez, presidente de Venezuela (estrategia militar de EEUU)
Hugo Chávez, presidente de Venezuela (sostiene que el documento militar habla de guerra)
Hugo Chávez, presidente de Venezuela (la estrategia suramericana de EEUU)
Hugo Chávez, presidente de Venezuela (lee párrafo de documento militar sobre base en Brasil)
Hugo Chávez, presidente de Venezuela (propone análisis del documento militar en Consejo de Defensa de Unasur)

Fuente: Agencia Púlsar
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29 de agosto de 2009

Acción contra masacre de indígenas Awá en Colombia

Colombia
Al Este de Epem
29 de agosto de 2009


Acabo de recibir un correo en el que la Organización Rettet den Regenwald (Salva la Selva), me informa de un nuevo atentado contra la vida de indígenas Awá en Colombia.

El pasado 26 de agosto, fueron masacrados doce indígenas Awá, en el Resguardo indígena Gran Rosario del municipio de Tumaco, departamento de Nariño.

El pueblo Awá, se encuantra entre dos o más fuegos en Colombia; por una parte, es víctima de las fuerzas militares que luchan contra las FARC; por otra, de las propias FARC y, además, por el paramilitarismo, la parapolítica y el narcotráfico imperante en Colombia.

Según informa Rettet den Regenwald en su web en español (Salva la Selva), "De los setenta y siete indígenas asesinados en Colombia en lo que va del año 2009, la mitad son Awás. Ya como consecuencia de una masacre previa que tuvo lugar en el resguardo Tortugaña Telembí en febrero de este año se generó un desplazadamiento de 180 personas que todavía continúa sin solución. Esta situación se da por la situación estratégica en la que se encuentra el territorio Awá, en la frontera colombo-ecuatoriana que encuentra a estos indígenas en medio del conflicto armado. A estos hechos se añaden las fumigaciones con glifosato en el territorio Awá con consecuencias nefastas de enfermedad y muerte; además se suman ocho amenazas por parte de los actores armados contra las autoridades y líderes del pueblo Awá: FARC, paras, ejército, policía, antinarcóticos, de los que los Awá no hacen distinción y señalan a todos ellos como asesinos de su pueblo. La crisis humanitaria también afecta en el Departamento de Nariño a afrodescendientes y campesinos, con el desplazamiento de más de mil personas ocurrido esta última semana en los municipios de Maguí Payán y el Charco. Todos estos hechos permanecen inexplicablemente impunes."

El atentado tenía como objetivo asesinar a la Sra. Tulia García, cuyo esposo fue asesinado el pasado 23 de mayo de 2009 por el ejército colombiano, siendo ésta testigo presencial y denunciante de los hechos.

Estamos convencidos de que esta masacre tenía el propósito de eliminarla a ella y a su testimonio”, denunció Oscar Ortiz, secretario de la Unidad indígena del Pueblo Awá UNIPA en una entrevista.

Pese a los continuos asesitatos contra el pueblo Awá, por parte de todas las partes en conflicto, el gobierno de Uribe, considera que no pasa nada.

Según los awás, dice que “Aunque a nuestro territorio se han acercado recientemente personalidades como el Relator Especial de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas, James Anaya, las condiciones para la protección de nuestros derechos humanos permanecen ausentes y, por el contrario, nuestras exigencias generan aún más señalamientos y estigmatizaciones gubernamentales”.


Para participar en esta acción de denuncia podéis hacerlo a través de la web de Rettet den Regenwald en español:

http://www.salvalaselva.org/

RBlanco

Fuente: Salva la Selva

28 de agosto de 2009

El Estado lo permite

Guatemala
28/08/2009
Ileana Alamilla


El escenario es dramático: niños que mueren de desnutrición o de dengue, seres humanos que son asesinados impunemente, otros son víctimas de secuestros que prefieren no denunciar; crímenes que se cometen cotidianamente, igual que los asaltos, las extorsiones, los robos de vehículos y la violencia intrafamiliar; todo conforma el cuadro de las múltiples formas de terror que sufrimos en Guatemala. Probablemente por eso pasan desapercibidos delitos tremendos con cauda enorme de sufrimiento familiar, cuyas víctimas podríamos ser cualquiera de nosotras.

En días recientes fueron asesinadas jóvenes mujeres en sus vehículos, una de ellas en presencia de su pequeña hijita; otra en su humilde negocio, actos que sorprendentemente no nos sacuden como sociedad. Un promedio de dos mujeres son arrebatadas diariamente a la vida y a sus familias. Nos consterna, sentimos gran solidaridad en lo individual, pero nos domina la impotencia, acompañada de la incompetencia del gabinete de seguridad que permanece indiferente al drama cotidiano de la ciudadanía, seguramente porque ellos y sus familias tienen protección y seguridad pagada por nosotras(os).

En Guatemala, la violencia contra las mujeres, así como la expresada de otras muchas maneras, ha alcanzado niveles extremos; las secuelas son irreparables en casos de pérdida de la vida, en otras ocasiones hay efectos físicos, económicos y psicológicos para todo el grupo familiar. El Estado alienta o permite la violencia al mostrarse indiferente e incapaz de atender la alta demanda de justicia por parte de la población femenina. Nos han rebasado la inseguridad y la incapacidad de las autoridades para dar respuesta pronta a la desgracia que nos rodea.

Desde 1999, cuando oficialmente se inició la desagregación de las muertes violentas por género, hasta el 31 de diciembre del 2008, se registraron cuatro mil 287 casos. Luego de promulgada la Ley contra el Femicidio, algunas organizaciones de mujeres empezaron a evaluar los elementos que tipifican los hechos como femicidios; solo el 48 por ciento de los expedientes contiene información suficiente para procesarlos como tales.

La violencia contra las mujeres y las niñas es considerada por los organismos internacionales como problemas de derechos humanos y de salud pública, se calcula que en el mundo la violencia de género es la causa de muerte y discapacidad más común entre las ciudadanas en edad reproductiva, tan grave como el cáncer. Aquí la violencia intrafamiliar es un delito cometido en forma recurrente.

Hombres que asesinan a sus parejas a golpes o con armas de fuego, así como grupos del crimen organizado que han violado, torturado y descuartizado a nueve mujeres en lo que va del 2009, son hechos abominables que requieren de investigaciones urgentes, igual que el de las jóvenes ultimadas la semana recién pasada.

Un informe sobre la Violencia contra la Mujer de la Organización Mundial de la Salud señala que esta es condenada en casi todas las sociedades, pero sus victimarios y sus causas permanecen en el anonimato. Al ser poco abordadas y dadas a conocer a la ciudadanía se alienta la impunidad, reforzando la subordinación de la mujer.

Ya no sabemos como sacudir la modorra de las autoridades que no se inmutan ante tanta violencia, salvo que se trate de algo que les afecta directamente, como la estabilidad de sus puestos o sus ingresos.

Guatemala, 26 de agosto de 2009

Fuente: ALAI
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OEA: No fue un fracaso fue un papelón

Honduras
28/08/2009
Carlos Iaquinandi Castro


Como era previsible José Miguel Insulza terminó enredado en el empeño de llamar "negociaciones" al diálogo de sordos establecido con los usurpadores hondureños a partir de la decisión unánime de la OEA de rechazar el golpe de estado perpetrado el 28 de junio pasado. El último acto, la penosa "visita" de la comisión del organismo regional, se desarrolló como era previsible: como un acto reivindicativo del golpe de estado mediante una especial puesta en escena. Micheletti calificó descaradamente la expulsión violenta del mandatario constitucional Manuel Zelaya como "sucesión presidencial" y amonestó públicamente a los países de la OEA por su incomprensión y especialmente a su secretario general. Todo ello transmitido en cadena nacional de radio y televisión y con Insulza y siete cancilleres latinoamericanos sentados frente a él.

La delegación de la OEA, encabezada por Insulza, la integraban también el secretario canadiense para asuntos americanos, Peter Kent, y los cancilleres de la Argentina, Jorge Taiana; Costa Rica, Bruno Stagno; Jamaica, Kenneth Baugh; México, Patricia Espinosa; República Dominicana, Carlos Morales Troncoso, y Panamá, Juan Carlos Varela.

El presidente de facto lanzó una filípica a los miembros de la comisión, imputó al presente secretario general de la OEA haber ido en su primer viaje a Honduras "para dar órdenes", y despreció al resto de los países que integran la OEA endilgándole a sus representantes " podemos salir adelante sin el apoyo de ustedes". Y añadió : "no tenemos miedo al embargo de nadie, ya analizamos con toda tranquilidad, con toda firmeza que este país puede salir adelante sin apoyo de ustedes y de otros países". Puesto a cacarear, Micheletti no tuvo límites y les dijo: " va a haber elecciones nos reconozcan o no los países del mundo".

Resulta evidente que el discurso de Micheletti no es un desvarío personal. Sus bravatas nacen del apoyo de la oligarquía hondureña, de gran parte del empresariado, de los medios de comunicación privados y de los sectores minoritarios que han conformado el verdadero poder en Honduras. En lo externo cuenta con la ultraderecha norteamericana que predomina en los republicanos, pero que además mantiene decisivas posiciones de poder en Estados Unidos. En cuanto a Obama, sus limitaciones de poder real son evidentes. No solo en la cuestión de Honduras, sino en las medidas internas que fueron sus compromisos electorales. Su pretensión de "corregir" el torpe golpismo con un regreso condicionado de Zelaya atado de pies y manos ( Plan Arias ) no prosperó, posiblemente porque la oligarquía hondureña y quienes en el continente conspiran contra los cambios y las transformaciones en América Latina saben que pueden aspirar a más. Ya lo expresaron sin rubor los integrantes de ese engendro llamado "UnoAmérica" ( Unión de Organizaciones Democráticas de América ) cuando en un documento expresan su rechazo al tibio informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, afirmando que “Zelaya no es el único que violó la Carta Magna, también lo hicieron Chávez, Morales, Correa y Ortega. Ellos temen ser objeto de una sucesión constitucional, como la que ocurrió en Honduras”.

Es indudable que los usurpadores tienen la "comprensión" cada vez más explícita de gobiernos como los de Colombia, Panamá o el de Perú. Los secuaces de Micheletti han expresado con orgullo que cuentan también "con el apoyo del gobierno de Israel". Toda una definición. Desde la seguridad que le otorgan esos respaldos, lanzó otra frase en la que como hacía George Bush en sus habituales dislates, se apresuró a vaticinar que Dios estará de su lado. "Sabemos que vamos a sufrir consecuencias graves, ya nos han enviado los mensajes, pero tenemos fe en el supremo creador de que no nos va a dejar solos". Su fé tiene fundamento si recordamos que la jerarquía de la Iglesia Católica se apresuró a legitimar el golpe desde un primer momento.

Al momento de resumir las 36 horas de estancia en Honduras, el canciller de Costa Rica Bruno Stagno sintetizó: " la misión de la OEA debe reconocer que aún no existe la disposición para la aceptación plena del Acuerdo de San José por parte del señor Micheletti y sectores que le son afines". Un lenguaje y una fineza diplomática que no se corresponde con el bochornoso trato recibido por la comisión. La hipótesis de "la tela de araña" a la que nos referíamos en nuestro envío SERPAL 399 del 21 de julio pasado (consultar www.serpal.info) , tiene plena vigencia en el intento reiterado del secretario general de la OEA de que todos acepten el mentado "Plan Arias". ( Propuesta del presidente costarricense que otros -de forma triunfalista y contradictoria - denominan como "Acuerdo de San José" ).

Uno de los mayores alicientes es que parecen contar con el consentimiento del propio Manuel Zelaya, aunque no del Frente de la Resistencia del pueblo hondureño. La amplia coalición que coordina el sindicalista Juan Barahona, sigue las marchas y las protestas y preparan una movilización popular para mañana con motivo de cumplirse dos meses del golpe de la oligarquía. Siguen levantando todas sus reivindicaciones, incluyendo la "cuarta urna", la consulta hacia un referéndum constituyente.

Otros apuntes sobre la crisis hondureña

Mientras la OEA intenta convencer a Micheletti y a sus secuaces de las ventajas de la propuesta de Oscar Arias ( plan que tiene el apoyo de Hillary Clinton ), otros acontecimientos se suceden en torno a la crisis hondureña.

EEUU: ¿ Es un golpe o es otra cosa ?

Por ejemplo, Estados Unidos que zizaguea su posición según el portavoz que hable con la prensa, todavía no ha logrado establecer qué fué lo que pasó en Honduras. No, no es una broma; júzguenlo Uds. mismos. "Estados Unidos aún no ha determinado si el derrocamiento y expulsión del presidente hondureño, Manuel Zelaya, es un golpe de estado militar", dijo esta semana una fuente del gobierno en Washington. Y añadió: "hay otras clases de golpe, y esperamos contar con una directriz de nuestros abogados muy pronto." Completando su laberinto verbal, agregó el portavoz: "creemos por supuesto que esto fue un golpe contra el gobierno legítimo. Hay cláusulas en nuestras leyes que tienen que ser aplicadas si esto es un golpe militar, y nuestros abogados están examinándolo".

Transcurridos 60 dias desde que los milicos encabezados por el Gral. Romeo Vázquez y por mandato del núcleo golpista ametrallaban a las seis de la mañana el portal de la casa del presidente, y le sacaban del país a punta de fusil y en pijama, los abogados del gobierno norteamericano estudian si fué un golpe militar u "otra clase de golpe". Ocurre que si es un golpe militar, ello " conllevaría más sanciones como obliga la ley en este país" según el mismo portavoz gubernamental. Quizás todavía tengan pendiente determinar si el zarpazo pinochetista del 73 contra Allende y el pueblo chileno fue un golpe militar u "otra clase de golpe".

Mientras tanto Obama dá esporádicas señales de condena a los golpistas, pero cuidando a la vez de preservar los objetivos de los usurpadores: terminar con los cambios iniciados por Zelaya y con la posibilidad de una asamblea constituyente que otorgue voz y protagonismo al pueblo hondureño. Y siguen alimentando la confusión: por un lado anuncian una supresión de general de visados cuyos directos damnificados pueden ser los ciudadanos hondureños y no los golpistas, y por otro deslizan que el embajador Llorens "nunca se marchó definitivamente de Tegucialpa" y que muy pronto volverá a Honduras "para colaborar con una solución de la crisis".

CIDH: Documentan pruebas de la represión

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió en Honduras múltiples testimonios sobre secuestros, asesinatos, retenciones ilegales, coacciones, etc. En sus términos técnicos confirmaron "la existencia de un patrón de uso desproporcionado de la fuerza pública, detenciones arbitrarias y control de la información dirigido a limitar la participación política de un sector de la ciudadanía." La delegación de representantes de varios países encabezada por su presidenta, Luz Patricia Mejía Guerrero constató" la represión ejercida contra manifestantes, colocación de retenes militares, aplicación arbitraria de toques de queda, detenciones de miles de personas, tratos crueles, inhumanos y degradantes." También menciona la militarización de la vida cotidiana, la supresión de las garantías individuales y la inutilidad de los recursos judiciales.

El inventario administrativo de violaciones a los DD.HH. parece no tener otro alcance que confirmar lo que hemos podido ver y oír por los escasos medios de comunicación que han difundido en directo los actos represivos. También se dispone de miles de fotografías explícitas de la violencia represiva, y de relatos sobre la arbitrariedad de los procedimientos de la policía y del ejército dirigidos por los golpistas.

La "justicia" hondureña

Ocurre que la "justicia" hondureña tiene sus propios criterios y en muchos casos actúa conforme las directivas que le llegan del Ministerio Público de los golpistas. Lo puso en evidencia con los procedimientos por los cuales decenas de jóvenes fueron acusados por disturbios, cuando en realidad fueron violentamente reprimidos por efectivos policiales durante una manifestación pacífica por el centro de Tegucigalpa. Uno de los abogados defensores que actuó en estos casos, Neptaly Rodezno, logró esta semana la libertad de 24 personas y consideró: "hemos ganado a la Fiscalía porque con torturadores como testigos, han querido mantenernos en las cárceles y no han podido".

Ni la policía ni la justicia han logrado esclarecer más de un centenar de asesinatos, muchos de ellos ocurridos durante las horas de toque de queda y que están documentados en los registros sanitarios. En algunos de ellos, actuó abiertamente personal uniformado de la policía o del ejército. En otros, las muertes violentas han sobrevenido luego de secuestros practicados en las propias viviendas de activistas del Frente de Resistencia. No está precisado el número real de detenidos, que las fuentes locales estiman en "varios centenares".

El cardenal y los empresarios

El cardenal Oscar Andrés Rodríguez, que pocas horas después del golpe de estado formuló declaraciones en las que justificaba la ruptura constitucional, tuvo en las últimas horas una sorpresiva reunión con miembros del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) . Estuvo allí casi una hora y al retirarse no quiso hacer declaraciones a la prensa. Algunos observadores estiman que la visita tiene que ver con la estrategia del núcleo golpista y la posibilidad de aceptar el "Plan Arias", ya que hay quienes creen que "la tela de araña" sería la forma menos traumática y "más inteligente" para consolidar los objetivos golpistas de terminar con la influencia de Zelaya y con las aspiraciones de cambio del pueblo hondureño.

Masacres con nombres y apellidos

Choloma es una antigua región bananera y azucarera y hoy área de implantación de maquilas ( factorías de capital extranjero que elaboran productos aprovechando pagando bajos salarios y en deplorables condiciones laborales ). En la noche del pasado lunes, dos vehículos potentes ( un Toyota 3.0 y un Mitsubishi L200 ) se detuvieron frente a una vivienda del barrio San Antonio de Choloma. Descendieron varios hombres encapuchados y con uniformes de la DNIC ( Dirección Nacional de Investigación Criminal ); tras romper el portón principal, ingresaron con violencia en los cuartos de la vivienda, secuestrando a cinco personas. Los testigos del suceso, entre ellas compañeras y familiares de los hombres secuestrados, fueron golpeados y amenazados por los agresores. Horas más tarde, los cuerpos de cuatro de ellos aparecieron atados de pies y manos, con múltiples impactos de bala y huellas de tortura. El quinto secuestrado apareció en iguales condiciones en otro paraje cercano, a la altura de la hacienda La Mora. Los jóvenes asesinados son Gerardo Alfredo Pérez Bejarano de 21 años y su primo Oscar Danilo Bejarano de 23; Gilberto Almendárez Licona, de 28 y Sergio Banegas de 33. No consta la identificación de la quinta víctima. Los Bejarano y Almendárez Licona eran obreros de una maquila y Benegas tenía un pequeño negocio de venta de tortillas. El coordinador de fiscales Rafael Fletes dijo que el crimen no quedará en el olvido. "Trataremos de que esto no quede impune".

Es casi imposible encontrar en la prensa hondureña e internacional esta noticia. La excepción, el diario progolpista "La Prensa", que sin fundamento alguno titulaba "Falsos policías raptan y ejecutan a cinco hombres". Los testigos y vecinos de las víctimas no dudan en señalar a un operativo policial la responsabiliadad de la masacre.

Lo que viene

Insulza quiere reunirse con Zelaya a comienzos de la próxima semana. La esposa de Zelaya afirma que el presidente constitucional respalda el plan de Oscar Arias. El secretario de la OEA dice que la negociación no está cerrada. Micheletti repite como un loro que "ni Zelaya, ni amnistía ni nada", pero deja entrever que "se puede seguir hablando". Hay movimientos diplomáticos - y posiblemente de los más lúcidos sectores de la oligarquía hondureña - que ven el regreso controlado de Zelaya como una salida que termine de consolidar sus objetivos. La "tela de araña" sigue desplegada.

La mayoría de los líderes del movimiento popular hondureño, son partidarios de mantener la movilización y la organización del Frente de Resistencia al golpe y reivindican la cuarta urna como camino hacia una Asamblea Constituyente que reforme las reglas de juego impuestas por la oligarquía.

Pero también hay otras circunstancias que conmueven y preocupan al continente y contribuyen a mantener la situación de Honduras en un cierto segundo plano a pesar de su importancia. Me refiero concretamente al gravísimo avance de Alvaro Uribe en la entrega de la soberanía colombiana con la cesión del uso compartido de siete bases militares de aire, mar y tierra al ejército norteamericano. Pero Uribe revierte lo que es una evidente amenaza para los gobiernos regionales que transitan procesos de independencia y de cambio, y a pocas horas de la trascendental reunión de UNASUR en Bariloche, Argentina, acusa al gobierno venezolano de "expansionismo", contando para ello con el apoyo del coro de los grandes medios continentales e internacionales de comunicación.

En realidad, estos frentes conforman uno solo: la contraofensiva que pretende detener o hacer retroceder los procesos iniciados por los pueblos de América Latina. La importancia de la confrontación estrecha los posibles espacios de neutralidad o de indiferencia. El futuro del continente está en juego.

Carlos Iaquinandi Castro, redacción de SERPAL,
Servicio de Prensa Alternativa

Fuente: ALAI
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Arias propone convocatoria a Asamblea Constituyente

COSTA RICA
Agencia Púlsar
28/08/2009


El presidente de Costa Rica, Oscar Arias, propuso este miércoles convocar a una Asamblea Constituyente. Afirmó que es la vía para reformular la legislación y facilitar el desarrollo del país.

Arias señaló que una Asamblea Constituyente es el espacio ideal para una discusión política donde se establezcan las bases de una nueva nación.

El Presidente realizó la propuesta en la clausura del taller "Primer Ideario Costarricense del Siglo XXI", que se realizó en la Asamblea Legislativa.

La proposición llegó después de una enumeración que realizó Arias de los principales obstáculos para el desarrollo del país.

Destacó la imposibilidad del Gobierno de pagar buenos salarios a los funcionarios públicos. También llamó la atención sobre el papel de los medios de comunicación.

Además, mencionó los controles sobre la administración pública que evitan la pronta ejecución de proyectos centrales para el país.

Arias afirmó que su país debe llevar a cabo una reforma tributaria para aumentar en un 3 por ciento los impuestos.

"No podemos pretender alcanzar índices de países desarrollados pagando impuestos de países pobres", aseguró el Mandatario.(PÚLSAR)

Fuente: Agencia Púlsar
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Presidenta argentina envía proyecto de Ley de medios al Congreso

ARGENTINA
Agencia Púlsar
27/08/2009


Cristina Fernández realizó el lanzamiento formal del proyecto de Ley tendiente a reemplazar la normativa vigente que data de la última dictadura militar argentina.

El ante proyecto fue elaborado mediante un sistema de legislación comparada y con los aportes de organizaciones de la Sociedad Civil y especialistas del campo de las comunicaciones.

Luego fue llevado a instancias de debate público en diversas provincias del país y ahora llegó al Congreso impulsado por el Ejecutivo.

La presidenta Cristina Fernández aseguró que "esta Ley va a poner a prueba la democracia argentina" al referirse a la tarea que tendrán los legisladores a partir de ahora.

Destacó que pasaron "26 años sin que ningún Poder Ejecutivo enviara este proyecto de ley al Congreso", tras firmar el mensaje 1139 por el que se envía el nuevo proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual al Parlamento.

"Tenemos una oportunidad histórica para mostrar ante el mundo eso que tanto reclamamos permanentemente y que es la calidad institucional", señaló la Presidenta desde el Salón de la Mujer en la Casa de Gobierno.(PÚLSAR)

Audios:
Cristina Fernández, presidenta argentina (fragmento de presentación de la Ley 01)
Cristina Fernández, presidenta argentina (fragmento de presentación de la Ley 02)

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Avanza juicio por desaparición forzada de personas en Guatemala

GUATEMALA
PÚLSAR/CALDH
27/08/2009


Se reinició este miércoles el juicio contra el ex comisionado militar Felipe Cusanero por la desaparición forzada de seis personas en la aldea Choatalum, durante el conflicto armado interno. Organizaciones de DDHH esperan la condena.

Desde el Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos (CALDH) se recordó que el primer debate oral y público que tuvo lugar en marzo del año pasado fue suspendido por un recurso de inconstitucionalidad planteada por la defensa del ex comisionado.

En aquél momento la defensa argumentó que el juicio violaba la retroactividad de la ley por el delito de desaparición forzada, que se tipificó hasta 1996, en tanto que los hechos ocurrieron entre 1982 y 1984.

Pero el pasado 7 de julio la Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió la naturaleza permanente de ese delito, que se comete cada día en tanto no haya noticias de las personas que fueron desaparecidas.

Según el director de la CALDH, Mario Minera, la expectativa es que el Tribunal de Sentencia pueda emitir una sentencia condenatoria en primera instancia que sería histórica por ser el primer caso que se conoce de desaparición forzada.

Agregó que después de tantos años de que se conociera el caso se ha formado una jurisprudencia fundamental para conocer los más de 45 mil casos de detenidos-desaparecidos durante el conflicto armado. (PÚLSAR/CALDH)

Fuente: Agencia Púlsar
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La crisis en Honduras exige nuevas sanciones

Honduras
27/08/2009
Jennifer Moore


El fracaso registrado ayer por la OEA en su intento de lograr un acuerdo para el retorno del presidente hondureño Manuel Zelaya, marca el comienzo de una nueva etapa, según el corresponsal de Radio Progreso, Félix Molina. Cuando la misión diplomática abandonó Tegucigalpa este martes, sin haber conseguido la aprobación del Acuerdo de San José por parte del líder de facto Roberto Micheletti Bain, el periodista hondureño comentó que nuevas sanciones son necesarias, que tienen que ver con "aspectos de comercio, aspectos de economía y finanzas, y aspectos políticos y migratorios inclusive".

La misión de siete miembros, acompañados por el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, presentó una declaración a la prensa al término de su visita de dos días a la capital hondureña, donde señala que el líder de facto y sus partidarios son los únicos que niegan su apoyo. Micheletti expresó su desacuerdo con la restitución del presidente Manuel Zelaya y con el requerimiento de una amnistía política, dos aspectos clave de la propuesta formulada por el presidente costarricense Oscar Arias. Al hablar en tono desafiante a la delegación extranjera, Micheletti dijo a los representantes de la OEA que su régimen no teme las sanciones.

Por su parte, el Presidente Zelaya reiteró -en particular a través de declaraciones de la Primera Dama Xiomara Castro de Zelaya- su decisión de aceptar cada uno de los doce puntos del acuerdo, a pesar de que se trunque el proceso que había iniciado para consultar a los hondureños sobre si querían o no llevar a cabo reformas constitucionales.

Una señal de que la presión interna podría estar creciendo a favor de la propuesta de Arias fueron las declaraciones del Presidente de la Asociación de Maquiladoras de Honduras, Jesús Canahuati, quien dijo a Radio Globo, ayer por la mañana, que su gremio apoya el acuerdo. Se reportó que las fuerzas armadas también estarían debatiendo el tema, pero aún no han realizado ninguna declaración.

Si no se logra ninguna resolución, el periodista Félix Molina opina que la situación se volverá más complicada y más preocupante. Él anticipa que “va a significar mayor reacción social y por lo tanto mayor represión policial y militar”.

La semana pasada, una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos constató miles de detenciones arbitrarias, el uso desproporcionado de la fuerza pública contra los opositores al golpe de Estado y serios límites a la libertad de prensa durante los últimos dos meses. Resolvió que “únicamente el retorno a la institucionalidad democrática en Honduras permitirá que se den las condiciones para el efectivo cumplimiento de los derechos humanos de todos los habitantes de Honduras”.
La Federación Internacional de Derechos Humanos también pide sanciones

“No hay garantías democráticas, no hay garantías para la libertad de expresión, no hay garantías para las libertades personales en Honduras”, declaró el Secretario General de la Federación Internacional de Derechos Humanos, Luis Guillermo Pérez, en la tarde del martes.

Él relató una reunión que tuvo esta semana, con el candidato presidencial independiente Carlos H. Reyes y el diputado Marvin Ponce, donde advirtió la mano fracturada de Reyes y las fracturas de Ponce en el brazo y las costillas, lesiones infligidas por la policía nacional. En este contexto, Pérez reconoció la falta de garantías democráticas para las próximas elecciones generales: "Seguiremos insistiendo que el resultado electoral no puede ser reconocido por la comunidad internacional..., y también que [ésta] suspenda toda forma de cooperación con las autoridades golpistas, y que se adopten sanciones económicas contra todos aquellos que han patrocinado o que sostienen el golpe de Estado en Honduras".

“Esa es la posición de la Federación Internacional de Derechos Humanos -añadió-, esa es la posición de CEJIL (Centro para la Justicia y el Derecho Internacional) y de las demás organizaciones [que] hemos decidido construir un observatorio internacional sobre la situación de derechos humanos en Honduras. Estaremos enviando informes mensuales sobre la situación a los distintos organismos de la OEA, de las Naciones Unidas y de la Unión Europea”.

Pérez opina que este golpe de Estado no se dirigió contra Manuel Zelaya, a quien sólo le quedaban algunos meses de su periodo presidencial; sino que fue más bien un golpe de Estado contra la mayoría de los hondureños. Dijo que la posibilidad de reelección presidencial nunca fue mencionada durante el periodo previo a la encuesta nacional del 28 de junio, donde se iba a preguntar a los hondureños/as si estaban o no a favor de la inclusión de una cuarta urna durante las próximas elecciones, para llevar a cabo un referéndum nacional sobre la posibilidad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente para reformar la Constitución política del país. Afirma que han podido averiguar que un 60% de la población hondureña hubiese votado a favor.

Pérez concluyó citando el artículo 45 de la Constitución de Honduras: "Se declara punible todo acto por el cual se prohíba o limite la participación del ciudadano en la vida política del País." Intimó que este es el verdadero crimen, que necesita mayor atención.

Medidas concretas

EE.UU. dio un nuevo paso ayer para presionar al régimen de facto a aceptar el Acuerdo de San José: a los anteriores recortes de ayuda, se suma ahora la suspensión de las visas para hondureños, que no sean de emergencia o de inmigrantes. Sin embargo, el canadiense Peter Kent, integrante de la misión de la OEA, reiteró la renuencia de ese país de América del Norte de unirse a EE.UU. y a la UE en el retiro de la ayuda.

Cuando se le preguntó qué sanciones aplicará Canadá, el Ministro de Estado canadiense de las Relaciones Exteriores para las Américas obvió mencionar medida concreta alguna, diciendo: "En este momento estamos todavía tras lograr acuerdos y concretar el Acuerdo de San José." El domingo, en entrevista con Embassy Magazine, expresó que: "cualquier imposición de sanciones o recorte de la ayuda va a impactar en primer lugar a los más inocentes en esta crisis, eso es la población civil".

Sin embargo, sin tales presiones no queda claro cómo un acuerdo oportuno pueda alcanzarse. En última instancia, la posición de Canadá aleja gravemente a este país de aquellos que piden medidas más enérgicas para lograr una resolución que garantice una mayor protección para los hondureños, que ya están gravemente afectados por la crisis.
(Traducción ALAI).

- Jennifer Moore es periodista independiente canadiense desde Honduras para ALAI y FEDAEPS.

Fuente: ALAI
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