30 de junio de 2009

Ensayo del neo-golpismo en América Latina

AmericaLatina, Honduras
29-06-2009
Isabel Rauber


El amanecer del domingo nos sorprendió con la noticia del derrocamiento del Presidente de Honduras, Manuel Zelaya. Los militares invadieron su morada y se lo llevaron, no solo de allí, sino del país. En ropa de descanso, el Presidente se encontró raudamente en Costa Rica. Era, evidentemente, muy importante para los golpistas tenerlo fuera de Honduras para evitar que su presencia estimulara la movilización y el apoyo popular a su restitución inmediata.

No repetirían los “errores” de Venezuela; esta vez la ira de la reacción elaboraría mejor su impotencia de clase y afinaría mejor su estrategia destituyente: fabricaría el golpe de estado sobre excusas legales y artilugios jurídicos que, supuestamente, justificarían la acción militar de franca desobediencia e irrespeto por los poderes establecidos y las instituciones que los representan. Ni el Legislativo, ni el Judicial, pueden decretar un Golpe de Estado, es decir, poner fin a la gestión del Poder Ejecutivo cuando éste no les gusta, ¿o sí?

Es esto lo que se está ensayando en Honduras: apelar a “canales” legales para poner fin por la fuerza a los procesos de cambio que están desarrollándose en el continente. Obviamente, como es natural, el ensayo se llevan adelante en territorios donde los costos políticos resultan menores porque los procesos sociales populares son más débiles, como es el caso de Honduras.

El disfraz “democrático” del Golpe de Estado, anuncia el nuevo estilo autoritario de los poderosos y desnuda el contenido de su “democracia” de mercado: “Cuando me conviene sí, y cuando no me conviene: no.” No es la vuelta al pasado, no hay que equivocarse: Es el anuncio de los nuevos procedimientos de la derecha impotente. El neo-golpismo es “democrático” y “constitucional”. Honduras anuncia por tanto la apertura de una nueva era: la de los “golpes constitucionales”.

Es una alerta clara para los pueblos de América Latina desde el Río Bravo a la Patagonia y, en particular, para quienes encabezan proceso de cambio; el mensaje del poder es claro: “Si sigues desobedeciendo, te sacamos. ¿Y qué?” Los neo-golpistas están tranquilos: cuentan con el apoyo de los medios de prensa mundiales, los cuales, en pocos minutos imponen ante el mundo el mensaje que desean instalar. Así pudo comprobarse ayer en las más importantes cadenas televisivas internacionales: el usurpador de la presidencia de Honduras, no fue ni es llamado como tal, sino “Nuevo Presidente”, como si fuera el sucesor de Zelaya y no el cómplice del asalto y destitución forzada del gobernante.

La complicad de los medios no es un dato nuevo. Pero sí lo es el formato del golpe: apoyado en un manto de supuesta y fraguada legalidad respaldada por los Jueces Supremos y el Parlamento. Para eso quieren ahora estar en los parlamentos: no para ser mejores representantes de los pueblos, sino para llevar adelante sus proyectos de clase o, si esto no es posible, impulsar golpes de estado, ocultando su conspiración tras el manto “constitucional”.

Pero la historia no es unidireccional ni unidimensional. Si hoy se tolera el “golpe democrático” en Honduras con al excusa de “salvaguardar la constitución”, se está adelantando y asentando también una justificación –por precedente‑, para la posible ocurrencia de “golpes constitucionales” de otros signos políticos. Las reglas del juego democrático exigen, precisamente por ello, paridad en su cumplimiento. En caso contrario, dejan de ser reglas del juego para transformarse en trucos de un sector de la sociedad para ganar tiempo político y engañar a las mayorías en favor de sus empresas. La seguridad democrática, vista desde los pueblos, consiste precisamente en eso: construir garantías biunívocas para que cada pueblo pueda construir ‑con autonomía e integradiad‑ el modo de vida que considere idóneo y necesario a para sí, en paz y respeto hacia los demás pueblos y procesos.

Llegados a este punto, vuelve a emerger al centro de la escena una cuestión política de fondo: Los procesos sociales de cambio solo pueden ser tales, si se construyen articulados a las fuerzas sociales, culturales y políticas que apuestan al cambio y generan el consenso social necesario para llevarlo adelante. Y esto solo puede realizarse desde abajo, cotidianamente, en todos los ámbitos del quehacer social y político: en lo institucional y en la sociedad toda. Un empeño político y social de esta naturaleza, no se alcanza espontáneamente. No basta con que un mandatario tenga una propuesta política que considere justa o de interés para su pueblo; es vital que el pueblo, los sectores y actores sociales y políticos sean parte de la misma, que hayan participado en su definición, que se hayan apropiado de ella.

No hay hechos mágicos en la política, mucho menos si se trata de cambiar la correlación de fuerzas hegemónicas hacia una nueva composición política y social de fuerzas a favor de cambios sustantivos: construir caminos para salir del egoísmo agonizante del mercado y avanzar hacia sociedades solidarias. Se trata de un cambio de hegemonía que reclama construir la fuerza social, política y cultural, el actor colectivo, capaz de diseñar y decidir el rumbo y el ritmo de los cambios, llevarlos adelante, sostenerlos y defenderlos. Esta también es una enseñanza vital para los procesos actuales que en este continente apuestan a cambiar la realidad de injusticia y discriminación, que apuestan a profundizar la democracia, sacándola del recinto del mercado para ampliarla y rediseñarla acorde con el crecimiento político-cultural de los pueblos, construyendo una democracia ciudadana con igualdad de derechos, oportunidades y posibilidades para todas y todos.

Este es el camino de la seguridad democrática que necesitan los pueblos del continente, es el único camino para que el debate de ideas pueda fluir sin el asecho nocturno de los viejos o nuevos Golpes a la razón democrática que reclama la humanidad en el siglo XXI. Ojala la retórica democrática que se levanta desde el poder cuando no le resultan los procesos en otras latitudes, sea igualmente contundente cuando se atenta abierta y descaradamente contra un proceso legítimamente democrático como el de Honduras. Vale recordar: en el mundo globalizado bajo la hegemonía del capital, las lecciones –en un sentido u otro‑ son siempre globales.

- Isabel Rauber es Doctora en Filosofía. Directora de la Revista Pasado y Presente XXI. Profesora de la Universidad Nacional de Lanús. Estudiosa de los movimientos sociales y procesos políticos del continente.

Fuente: ALAI
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Perez Esquivel a l@s President@s de los países del Continente Americano

EE.UU,Honduras
29-06-2009
Adolfo Pérez Esquivel


Al secretario General de la OEA
A las Iglesias, Movimientos y organizaciones populares.

Nuevamente surgen en el continente los golpes militares apoyados por el Pentágono y la CIA y los grupos de poder económico, eclesiástico y político que no quieren cambio alguno y están dispuestos a imponer nuevamente gobiernos dictatoriales en los países que intenten cambios estructurales y la conquista de la soberanía y autodeterminación de los pueblos.

Lo estamos viviendo en la República hermana de Honduras, víctima de un golpe de Estado por las fuerzas armadas y sus aliados contra el gobierno del Presidente Manuel Zelaya, a quien detuvieron y expulsaron del país, encontrándose actualmente en Costa Rica.

El Presidente de Costa Rica, Oscar Arias asumió su responsabilidad en defensa del gobierno democrático hondureño al decir “que el golpe de Estado contra el gobierno hondureño es un gran retroceso”, y expresando su solidaridad con el pueblo hermano, reclamando la restitución de Presidente Zelaya en su función presidencial.

Rechazamos el golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya y reclamamos acciones urgentes de la OEA, y de los gobiernos en el continente para respetar y restituir en sus funciones de gobierno al mandatario depuesto, sin imposición alguna. Se debe juzgar y condenar a los militares golpistas y sus cómplices. No pueden quedar en la impunidad; son criminales que atentan contra la democracia y los derechos humanos del pueblo hondureño y dañan a todos los pueblos del continente y el mundo.

Reclamamos al Presidente de los EE.UU. Barack Obama, intervenir urgentemente para que se respete al pueblo hondureño y su Presidente electo democráticamente.

Que repudie el golpe de Estado llevado a cabo por las fuerzas armadas hondureñas y sus secuaces.

Es hora que el gobierno de los EE.UU. cambie su política intervencionista en el continente latinoamericano y sepa respetar la voluntad de los pueblos. Las fuerzas armadas no actúan sin el consentimiento del Pentágono y de la CIA y la complicidad de empresarios, sectores eclesiásticos y políticos que siempre usaron y abusaron del poder para dominar al pueblo.

Esos sectores antidemocráticos pretenden imponer conflictos y guerras de baja intensidad en la región para defender sus intereses y evitar la soberanía y autodeterminación de los pueblos.

Reclamamos a la OEA, desconocer el gobierno golpista impuesto en Honduras. Desconocer al gobierno de facto y restituir en su cargo al Presidente elegido por el pueblo, Manuel Zelaya.

Pedimos a los movimientos y organizaciones populares del continente y de otros países solidarios:
  • Repudiar el golpe de estado en Honduras
  • Reclamar el restablecimiento en sus funciones del presidente Manuel Zelaya, sin condicionamiento alguno.
  • Reclamamos sancionar a los militares y sus cómplices; parlamentarios, magistrados, empresarios y eclesiásticos,
  • Que no pueden quedar en la impunidad
No podemos olvidar que quedan en el continente remanentes de fuerzas armadas golpistas, impregnadas de la Doctrina de Seguridad Nacional y con añoranza de las dictaduras que, en lugar de estar al servicio del pueblo, se han transformado en tropas de ocupación de sus propios pueblos, violando los derechos democráticos y los derechos humanos

No podemos olvidar que sectores antidemocráticos y golpistas intentaron imponer un golpe de Estado, contra el gobierno legítimo del Presidente Hugo Chávez, de la República Bolivariana de Venezuela y gracias a la acción y apoyo del pueblo venezolano y la solidaridad internacional, fue restituido al gobierno y se logró derrotar a los golpistas.

Los magistrados del Tribunal Electoral, la Corte y el Congreso, deben actuar de acuerdo a la Constitución Nacional y respetar el llamado a la consulta popular sobre la Reforma Constitucional y las decisiones democráticas del gobierno.

No pueden avalar y apoyar un golpe militar contra un gobierno constitucional, se ilegitiman por sus acciones y ponen en peligro todas las democracias en el continente, al apoyar un gobierno de facto, inmoral e ilegítimo.

Por el derecho de los pueblos a su soberanía y autodeterminación decimos:
¡¡¡¡¡¡ No a los golpes militares. Basta ya!!!!!!!

Los pueblos son los constructores de su propia vida y de su propia historia.


Adolfo Pérez Esquivel
Premio Nóbel de la Paz


Fuente: ALAI
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Comenzó la persecución a líderes populares en Honduras

por Red en Defensa de la Humanidad
29DE JUNIO DE 2009


Organizaciones sociales de Honduras denunciaron desde Tegucigalpa que ya se inició la persecución contra dirigentes populares, por parte de los cabecillas del golpe de Estado, que fue perpetrado hoy en el país centroamericano.

Sobre dirigentes de la Coordinadora del Bloque Popular y del Comité de Organizaciones Populares e Indígenas (COPIN), pesan incluso órdenes de captura. En esta situación, de riesgo para su libertad y su vida, se encuentran los líderes Marvin Ponce, Andrés Pabón, César Hans y Rafael Alegría.

Alegría, dirigente campesino de Honduras y miembro de la Comisión Coordinadora Internacional de Vía Campesina, se encontraba esta mañana frente al palacio presidencial hondureño, desde donde conversó telefónicamente con el presidente Hugo Chávez Frías.

También están siendo perseguidos, aun cuando no hay una orden escrita en contra suya, los dirigentes sociales Juan Baraona, Carlos Humberto Reyes, Cuter Castillo, Berta Cáceres y Salvador Súñiga.

En este momento, se encuentra en desarrollo en Honduras un golpe de Estado, realizado para impedir una consulta popular planificada para este domingo. En la acción antidemocrática se encuentran involucrados la oligarquía hondureña, la dirigencia eclesiástica, medios de comunicación, sectores militares, el Congreso Nacional y la Corte Suprema de Justicia. El presidente Manuel Zelaya fue secuestrado y enviado a Costa Rica.

-Noticia enviada por: Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad

Honduras: Golpe de Estado es dirigido por un general graduado de la Escuela de las Américas

por Lisa Sullivan (SOAW, EE.UU.)
29 DE JUNIO DE 2009


Declaración Urgente

Hemos sido informados que el Presidente de Honduras Manuel Zelaya ha sido detenido por las Fuerzas Armadas y según versiones de prensa trasladado a Costa Rica.

Con esto las Fuerzas Armadas han querido detener la consulta ciudadana que se realizaría este domingo 28 de junio y que tenia por fin que el pueblo de honduras soberanamente decidiera la posibilidad de llamar, en noviembre próximo, a una Asamblea Constituyente para una nueva Constitución democrática para Honduras.

Es público que el General de las Fuerzas Armadas, Romeo Vásquez, graduado de la Escuela de las Américas, se oponía a esta decisión legítima de todo Presidente democrático de consultar a su pueblo mediante el mecanismo del Plebiscito.

Este golpe de Estado es un acto ilegal y que no tiene ninguna justificación. Llamamos a los gobiernos de UNASUR, de la OEA, a rechazarlo categóricamente y a exigir inmediatamente que se restituya al gobierno depuesto.

Llamamos al gobierno del Presidente Obama a rechazar este golpe de Estado que atenta contra la democracia y sacar su embajador hasta que retorne el Presidente constitucionalmente elegido por su pueblo y que es el único soberano de cambiarlo o no de acuerdo a las reglas de la democracia.

Llamamos en este minuto urgente a los hombres de las Fuerzas Armadas, a la policía de Honduras, a respetar los derechos humanos de su mismo pueblo y desobedecer órdenes que tengan por fin reprimir las legítimas protestas de sus ciudadanos.

Llamamos a los organismos Internacionales de derechos humanos de la ONU que se constituyan inmediatamente en Honduras a fin de resguardar y velar por el respeto de los derechos humanos en especial de los defensores de los derechos humanos de Honduras que hoy pueden estar siendo detenidos arbitrariamente.

Convocamos a todos los activistas del mundo a solidarizar y presionar para que los gobiernos de cada país rechacen este golpe de Estado y para que los organismos internacionales exijan el retorno del Presidente Manuel Zelaya.

Lisa Sullivan

School of the Americas Watch
Oficina America Latina

Teléfono-fax: 58-251-935-1082
http://www.soawlatina.org
LSullivan@soaw.org


Posibilidades de Acción:
* Escriba, llame o reúnase con autoridades de su gobierno para pedir el rechazo a este golpe de estado.
* Escriba, envíe fax, o llame a los organismos internacionales para pedir su intervención y apoyo a la democracia y restitución inmediata del Presidente Manuel Zelaya.
* Escriba, llame o reúnase con los representantes de la Embajada de Estados Unidos para que este gobierno rechace el golpe de Estado.
Fuente: piensaChile.com

Pueblo hondureño echa a militares que están en los alrededores de la casa presidencial

por ABN / TeleSUR / Aporrea.org
29 DE JUNIO DE 2009


Caracas, ABN.- Pueblo hondureño que se movilizó a la Casa Presidencial de Honduras, tomada por militares, e hizo retroceder con piedras a 200 efectivos militares que se encontraban custodiando en las afueras.

El pueblo le gritaba a los militares “traidores”, “devuelvan a Mel (Manuel Zelaya)”, informó la enviada especial de Telesur.

Los camiones con 200 efectivos militares retrocedieron ante la manifestación popular que tan solo está armada con piedras.

La Casa Presidencial aún permanece en poder de los militares.

El canal de televisión del Estado se encuentra fuera del aire al ser cerrado y no hay información.
28/06/09



NdR piensaChile.com: Una de las verdaderas razones para el Golpe de Estado y eso dice quien está detras del Golpe



Fuente: piensaChile.com

Honduras: Los parásitos del pueblo gozan de buena salud

por Jorge Majfud (EE.UU)
29 DE JUNIO DE 2009


El domingo 28 de junio por la mañana, los militares de Honduras rodearon al presidente y, mientras lo apuntaban con sus armas le preguntaron por qué no había obedecido las órdenes del general Romeo Vásquez. Como el presidente pensaba que él debía dar las órdenes a sus subordinados, éstos lo invitaron a retirarse de la casa de gobierno. De ahí a un auto y luego a un avión de la fuerza aérea hasta Costa Rica.

Al mismo tiempo, todos los medios de comunicación del país fueron copados y se les sugirió por la fuerza no transmitir información que no fuera controlada directamente por el proceso democrático que se estaba llevando a cabo. Apenas pudimos escuchar las declaraciones del presidente depuesto al arribar a Costa Rica, unos pocos periodistas que “ilegalmente” informaron al mundo de lo que estaba pasando y unos cuantos hondureños que nos mantuvieron informados vía electrónica.

Según las fuerzas armadas de Honduras, todo este proceso fue en defensa de la legalidad y la constitución. Los militares se justificaron diciendo que recibían órdenes de la Corte Suprema. A pesar de que la constitución hondureña no prevé este mecanismo para saltearse la autoridad de un presidente legal y legítimo, era necesaria una excusa para tontos. La declaración sólo demuestra que en Honduras se llevó a cabo un golpe de estado con todas sus letras; en nombre de la “legalidad” militares y jueces se pasaron por encima la misma constitución.

Si en el pasado este trabajo de gorilas era propio de los altos jefes militares, ahora vemos que la misma ilegalidad está apoyada, promovida y justificada por el poder judicial de un país. La complicidad del parlamento confirma esta práctica: las leyes se respetan siempre y cuando sirvan a los intereses de los sectores más poderosos de una sociedad.

Cualquier constitución de cualquier país decente y democrático prevé la destitución de un presidente. Pero este proceso tiene determinadas condiciones y un número específico de etapas legales que garantizan su validez. Que yo recuerde, en ninguna constitución democrática se prevé que el presidente puede ser tomado por la fuerza militar, secuestrado y expulsado de su propio país. Menos en nombre de la legalidad. Menos por orden de un puñado de jueces. Menos con la complicidad del jefe de un parlamento que además es el opositor político del presidente.

Todo lo cual demuestra hasta qué profundidad la cultura golpista sobrevive aún en las clases dirigentes de Honduras. Y no sólo de Honduras, lo que de paso sirve para estar alertas ante las viejas sobras de la historia latinoamericana.

Hoy defender al presidente Zelaya no es defender sus políticas ni mucho menos a su persona. Hoy defenderlo, aún contra las instituciones (secuestradas) de Honduras significa defender la democracia y cualquier estado de derecho en cualquier parte del mundo basado en el respeto a las leyes y la constitución no sólo cuando conviene. Porque en una democracia las leyes y la constitución no se corrigen rompiéndolas sino cambiándolas. Algo que precisamente pretendía hacer el presidente secuestrado.

Lamentablemente debo terminar esta breve nota de profundo repudio con las últimas líneas con que terminé la nota anterior al golpe:

Hoy Honduras se debate ante el desafío latinoamericano de enfrentar cualquier cambio político hacia la igual-libertad, hacia su destino de independencia y dignidad, o volver a los miserables tiempos en que nuestros países eran definidos como republiquetas o repúblicas bananeras.

- El autor es académico uruguayo en EE.UU.

Su web: Majfud

Fuente: piensaChile.com

Oficialismo argentino es derrotado en elecciones legislativas

ARGENTINA
Agencia Púlsar
29/06/2009


El ex presidente argentino, Néstor Kirchner, reconoció públicamente la derrota en las urnas al ser superado por la oposición de derecha en la Provincia de Buenos Aires y la Capital Federal.

"A veces se gana y a veces se pierde", aseguró Kirchner, quien de todas maneras resultó electo Diputado Nacional, cargo para el que se había postulado como candidato del Frente para la Victoria.

Su fuerza política quedó en segundo lugar, detrás de la Unión Pro, un partido conformado por empresarios de derecha que llevó como principal candidato a Francisco De Narváez.

De esta manera, el oficialismo perdió 18 bancas de las 60 que puso en juego en la cámara de Diputados y cedió el quórum propio en el Senado al perder 4 bancas de las 12 que poseía.

Nestor Kirchner reconoció la derrota en la madrugada del lunes, unas ocho horas después de conocer los resultados.

La actual presidenta argentina, Cristina Fernández, esposa de Kirchner, anunció que brindará una conferencia de prensa durante la tarde del lunes para abordar la derrota electoral.(PÚLSAR)

Audio:
Nestor Kichner, diputado electo (reconoce la derrota)


Fuente: Agencia Púlsar
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29 de junio de 2009

Militares reprimen a ciudadanos hondureños que rechazan el golpe

HONDURAS
PÚLSAR/TeleSur
29/06/2009


Las fuerzas militares de Honduras reprimieron durante la tarde de este lunes a los ciudadanos que se manifestaban en las afueras del palacio presidencial en Tegucigalpa para exigir el retorno del presidente constitucional, Manuel Zelaya.

Miles de hondureños salieron a las calles a repudiar el golpe de Estado y la posible asunción de Roberto Micheletti como presidente de facto de la República.

Los militares comenzaron a reprimir a los manifestantes cuando cantaban el himno nacional. Arrojaron gases lacrimógenos y derribaron las barricadas. En la zona se escuchaban detonaciones.

A su vez, los medios de comunicación de Honduras no están informando de la represión a los manifestantes.

El presidente Manuel Zelaya fue arrestado la madrugada de este domingo por unos 200 soldados que lo sacaron de su casa y lo llevaron a Costa Rica. Horas más tarde, las fuerza militares decretaron toque de queda.

Zelaya se encuentra ahora en Nicaragua dónde asiste a la reunión extraordinaria de los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA).

Allí, el presidente constitucional de Honduras afirmó que el "pueblo es noble y está en pie de lucha". A la vez, aseguró que él es "el representante que los ciudadanos eligieron" y que por ello tiene la legitimidad necesaria para concluir su mandato.(PÚLSAR/TeleSur)

Audio:
Manuel Zelaya, presidente de Honduras (legitimidad de su presidencia)


Fuente: Agencia Púlsar
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Histórica radio comunitaria de Honduras es tomada por militares

HONDURAS
Agencia Púlsar
29/06/2009


Asamblea en defensa de Radio Progreso www.radioprogresohn.com

La dirección de Radio Progreso informó a través de un comunicado que las instalaciones de la emisora fueron invadidas “intempestivamente” por un contingente de unos 25 militares.

El texto informa que los uniformados ingresaron a la radio el domingo 28, a eso de las diez y media de la mañana, mientras el personal se encontraba transmitiendo las noticias sobre el Golpe de Estado.

"Los militares nos obligaron a cancelar de manera absoluta la programación", explica la carta, que detalla además que un numeroso grupo de pobladores rodeó el lugar con la intención de defender a la radio y a su personal.

"Por suerte, y gracias a diversas mediaciones, se evitó que la confrontación llegara a extremos más violentos" sostiene el texto firmado por la dirección de Radio Progreso.

La carta concluye anunciando que el personal "está sano y salvo", pero agrega que "la incertidumbre y el ambiente tenso, no nos garantiza prever que disminuyan las amenazas para las siguientes horas".

Mientras tanto, la actividad de diálogo e información que propone Radio Progreso no se ha detenido, ya que la participación continúa siendo efectiva a través del libro de visitas de la página web de la emisora. (PÚLSAR)

Foto: Asamblea en defensa de Radio Progreso www.radioprogresohn.com

Audio:
Fragmento de transmisión de emergencia de Radio Progreso


Fuente: Agencia Púlsar
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Condena internacional al Golpe de Estado en Honduras

HONDURAS
Agencia Púlsar
29/06/2009


La exigencia de volver a constituir el estado de derecho en Honduras se hace sentir en todo el mundo, mientras los mecanismos de integración latinoamericana se reúnen para emitir sus pronunciamientos públicos.

Este lunes se realiza la Cumbre Extraordinaria de La Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA) en Nicaragua, con el objetivo de condenar el Golpe de Estado al presidente hondureño Manuel Zelaya.

Venezuela, Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua, Honduras, Dominica, San Vicente y Las Granadinas y Antigua y Barbuda se pronunciarán a favor del retorno del régimen constitucional en Honduras.

Además, buscarán estimular una reunión urgente del Grupo de Río en el marco de un encuentro con el presidente mexicano Felipe Calderón, quien preside ese mecanismo regional.

Ya la Organización de Estados Americanos (OEA), durante una reunión extraordinaria realizada el fin de semana, rechazó la insurrección militar y respaldó la institucionalidad democrática en Honduras.

Sin embargo, el Congreso Nacional de Honduras decidió este domingo designar como presidente de facto al hasta ahora presidente del Parlamento, Roberto Micheletti.

El nombramiento ocurrió hora después que el presidente constitucional Manuel Zelaya fuera secuestrado por las Fuerzas Armadas y trasladado en ropas de dormir a Costa Rica.

Mientras tanto, en Honduras, buena parte de la población permanece en las calles, desobedeciendo el toque de queda de 48 horas decretado este domingo.

Los manifestantes reclaman el retorno del orden constitucional también con un paro general convocado por diversos sectores sociales del país.(PÚLSAR)

Audios:
Jura de Roberto Micheletti, presidente de facto (anuncia elecciones)
Manuel Zelaya, presidente de Honduras desde Costa Rica (entrevista en VTV)
Juan Carlos Barahona, Bloque Popular Sindical (resistencia popular)


Fuente: Agencia Púlsar
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“La Ley de Caducidad se aprobó por temor al retorno de los militares”

URUGUAY
Agencia Púlsar
29/06/2009


El periodista uruguayo, Guillermo Chifflet, afirmó que el principal argumento utilizado para votar la Ley de Caducidad fue decir que si la ley no se aprobaba los militares volvían.

A su vez, aseguró que el país estuvo marcado "las últimas décadas por golpes, golpazos y golpecitos".

El periodista y ex diputado por el Frente Amplio expresó que en Uruguay hubo una dictadura “que en proporción a la población del país, detuvo y encarceló más gente" que las dictaduras de otras naciones.

Este contexto de violencia y miedo generado por las dictaduras influyó en el pueblo uruguayo cuando se votó la Ley de Caducidad en 1986.

Chifflet señaló que si en el plebiscito del 25 de octubre se decide anular la Ley es fundamental que se respete esa decisión para suprimir "posibles enfrentamientos". (PÚLSAR)

Estela Sellanes (Red de Corresponsales)
29/06/2009

Audios:
Guillermo Chifflet, periodista (contexto en que se aprueba la Ley de Caducidad)
Guillermo Chifflet, ex diputado del FA (violencia social)
Guillermo Chifflet, periodista, ex diputado del FA (contexto de AL en la segunda mitad del S XX)


Fuente: Agencia Púlsar
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28 de junio de 2009

Guerrero: atentan contra Margarita Martín, viuda de activista indígena

La integrante de la OFPM tenía medidas cautelares

CIMAC-De la redacción
28 junio 09


México DF.- Margarita Martín de las Nieves, viuda del defensor de derechos humanos Manuel Ponce, de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM), sufrió un atentado con armas de fuego al salir de una reunión en la oficina de Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, ubicado en Ayutla de los Libres, Guerrero.

La agresión, que mereció la condena de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), ocurrió a pesar de que la mujer contaba con medidas provisionales dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) y apenas cuatro meses después de que su esposo fue ejecutado en la misma entidad junto con Raúl Lucas Lucía.

El día del atentado, ella había asistido a una reunión con representantes del cuerpo diplomático, cuyo objetivo era denunciar la situación que ha enfrentado a raíz del asesinato de su esposo. En el trayecto a su comunidad, una persona no identificada le disparó a ella y a sus dos acompañantes, sin que sufrieran ninguna lesión.

Apenas el pasado 19 de abril, la Corte había otorgado medidas provisionales a 107 defensores de derechos humanos del estado de Guerrero, en su mayoría indígenas, por considerar que se encuentra en grave riesgo su integridad física.

El 22 de junio de 2009, miembros de Tlachinollan sostuvieron una reunión con funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal en Chilpancingo, Guerrero, para solicitar una vez más la implementación de medidas de seguridad y protección concretas a favor de las y los beneficiarios de medidas otorgadas por la Corte.

Se solicitó especialmente implementar medidas de protección para Margarita y Guadalupe Castro Morales, viudas de Manuel Ponce Rosas y Raúl Lucas Lucía –quienes fueron ejecutados extra-judicialmente en febrero de 2009 y cuyo crimen permanece impune.

En la reunión del 22 de junio, participaron además funcionarios de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Tal como se puede corroborar en la minuta correspondiente –firmada por todos los funcionarios presentes-- la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero se comprometió a realizar dos rondines diarios, uno por la mañana y uno por la noche, en los domicilios de Margarita y Guadalupe a partir del día 24 de junio, así como acompañamientos policíacos en sus traslados.

Para concretar tales medidas de protección, las indígenas beneficiarias, las y los integrantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan e integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública acordaron confluir a las once de la mañana del día 24 en las oficinas de Tlachinollan ubicadas en la calle Álvarez número 20 barrio de la Villa de la ciudad de Ayutla de los Libres, Guerrero.

EL ATENTADO

El 24 de junio de 2009, Urbano Palacios García comandante del primer sector de la región Costa Chica de la Policía preventiva estatal se presentó a las 11:30 en las oficinas de Tlachinollan para acordar con Guadalupe Castro Morales y Margarita Martín de las Nieves el inicio de rondines en los domicilios de las mujeres indígenas, indica un comunicado de Tlachinollan.

Abel Barrera, director de Tlachinollan, solicitó expresamente al Comandante Urbano Palacios y a las autoridades policíacas del estado que hicieran el acompañamiento de Margarita a su comunidad llamada La Cortina una vez que terminaran las reuniones que tenía planeadas, a fin de garantizar su seguridad en el traslado a su domicilio y poder conocer además la ubicación del mismo para comenzar con los rondines que entrarían en vigor ese mismo día.

El comandante Palacios acordó realizar el acompañamiento y le pidió a los beneficiarios que llamaran a su celular a la hora en que la señora Margarita se fuera a trasladar de Ayutla a La Cortina.

Es importante señalar que ese día, Guadalupe y Margarita se reunieron en Ayutla durante la mañana y la tarde con el Fondo Para la No Violencia, y con funcionarios de las embajadas de Estados Unidos y de Canadá para testificar sobre la situación de riesgo y amenazas que viven, así como sobre el caso de sus esposos Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, ejecutados extra-judicialmente en febrero de 2009, y cuyo casos permanecen impunes.

A partir de las 13:00 horas hasta aproximadamente las 19:00 horas, miembros de Tlachinollan llamaron reiteradamente a los teléfonos proporcionados por el comandante Palacios pero todos se encontraban fuera del área de servicio.

El Comandante Palacios tampoco se presentó nuevamente en la oficina de Tlachinollan como se había acordado y, como los teléfonos que proporcionó no servían, Margarita tuvo que emprender el regreso a su comunidad antes de que anocheciera, sin acompañamiento policíaco y sin que se realizara el rondín nocturno en su casa, al que se habían comprometido, según consta en la minuta de reunión entre los beneficiarios y el Estado mexicano de fecha 23 de junio de 2009.

A las 16:30 horas, Margarita salió de la oficina de Tlachinollan y se dirigió en compañía de su cuñado de nombre Santiago Ponce Lola y su cuñada Modesta Laureano Petra, todos ellos miembros de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OPFM), hacia la comunidad de la Cortina, donde habita con sus hijos.

Cuando se trasladaban en una camioneta Ford tipo pick up, aproximadamente a las 17:30 horas, al pasar por la comunidad de la Fátima, en el crucero de Ocotlán, Margarita y Santiago vieron del lado izquierdo, a una distancia de aproximadamente 3 metros, a un hombre agachado sobre el bordo de un cerro a orilla de la carretera. El hombre estaba apuntándoles con un arma larga, al parecer escopeta 12 o 16, y éste jaló el gatillo una vez sin darles.

La persona vestía playera negra, sombrero negro y un pañuelo negro que le cubría la cara. Cuando Margarita, Santiago y Modesta se percataron de la presencia de este hombre, Santiago, que conducía la camioneta, aceleró y el individuo les tiró dos disparos más en dirección de Santiago y de Margarita. Cuando la persona que disparó se percató que había fallado en su disparo, porque al parecer la pistola se encasquilló, se levantó y los siguió con la intención de poderlos alcanzar y dispararles más de cerca. Por fortuna, aceleraron y lograron escapar y salieron ilesos del atentado.

Es importante mencionar que como parte de las medidas provisionales, el Estado Mexicano había provisto de un teléfono satelital a Margarita el 1º de junio de 2009, que sin embargo no funciona actualmente por lo que no pude ser utilizado para comunicar esta emergencia.

DEMANDAS

Ante los hechos, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan condena este intento de asesinato en contra de los defensores indígenas, dice en su comunicado, y solicita al Estado Mexicano implementar sin dilación medidas de seguridad y protección, de acuerdo con lo dictado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Por su parte, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresa gran preocupación de que estos hechos sucedan dentro del marco de las medidas provisionales dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado Mexicano, con el objeto de “proteger la vida e integridad” de 107 personas del Estado de Guerrero, incluyendo a Margarita Martín de las Nieves y a otras personas de diversas organizaciones sociales y de derechos humanos.

Adicionalmente, dice la Oficina, en lo que aparenta ser un desafío, es de mencionar que dichos sucesos se presentaron un día después de que la Oficina constató que el Estado se comprometió a realizar acompañamientos policíacos en los traslados de Margarita Martín de las Nieves.

La Oficina reitera su preocupación ante las condiciones de vulnerabilidad en la que las y los defensores de derechos humanos desarrollan su labor en el país y llama a las autoridades competentes para esclarecer los hechos de manera rápida y eficaz.

Fuente: CIMAC Noticias

Realizarán revocatorias en cinco municipalidades de Puno

Elecciones regionales en Puno. ONPECoordinadora Nacional de Radio
28/06/2009


Puno, Perú-- Las municipalidades distritales de Limbani, Patambuco (Sandia), Usicayos (Carabaya), Amantaní (Puno) y Pizacoma (Chucuito), de la región Puno, se realizará la consulta popular de revocatoria del mandato de autoridades municipales, programada el 15 de noviembre de este año.

El viernes, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) convocó a consulta popular de revocatoria del mandato de autoridades municipales en 69 circunscripciones distritales del país, distribuidas en 20 departamentos.

En este proceso, convocado mediante Resolución N° 440-2009-JNE, la población podrá votar para destituir de sus cargos o decidir que continúen en funciones a 68 alcaldes y 262 regidores, es decir, un total de 330 autoridades municipales.

En las 69 localidades participarán aproximadamente 155 mil electores hábiles, faltando aún el cierre del padrón electoral, informó el JNE. Según el informe del máximo organismo electoral, en Lima Provincias se efectuarán más consultas de revocatoria (11 distritos), seguido por Ancash (7), Huancavelica (7), Cajamarca (5), Puno (5), entre otras.

Con información de Pachamama Radio

Foto: Elecciones Regionales. ONPE

Fuente: CNR

En apoyo al pueblo de Honduras y a su presidente

por Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad
27 DE JUNIO DE 2009

La Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, ante los últimos acontecimientos que se han suscitado en la República de Honduras y como parte de su compromiso por salvaguardar la democracia, la participación popular y la autodeterminación de los pueblos, manifiesta:

En apoyo al pueblo de Honduras y a su presidente

Una vez más la ultraderecha latinoamericana, acompañada de las grandes empresas de comunicación, ha demostrado su talante antidemocrático y su empeño por acabar con la autonomía de los pueblos que deciden emprender procesos de cambio de la mano de gobiernos legítimamente constituidos. Esta vez el objetivo de la arremetida oligárquica es el presidente de Honduras, Manuel Zelaya, quien durante su gobierno se ha distanciado de los grupos de poder económico y político, acabando con el usufructo que los dueños de las grandes empresas obtenían del Estado (especialmente en los sectores del combustible, medicinas y armas), a costa de la miseria de la mayoría del pueblo hondureño.

En el plano internacional, Zelaya ha desarrollado una política exterior cercana a los gobiernos progresistas de América Latina, lo cual le ha valido los apelativos de “populista” y “detractor” de los Estados Unidos, todo ello por atreverse a reclamar el derecho de los pueblos latinoamericanos a decidir sus propios destinos. Internamente, Zelaya ha abierto la casa de gobierno a los sectores populares a fin de confrontar a los altos funcionarios con los sectores más humildes e históricamente ignorados y en 2008 se enfrentó contra un grupo de diputados que pretendían que el Congreso Nacional aprobara una reforma a la ley electoral, a través de la cual el Estado se comprometía a financiar permanentemente a los partidos políticos con dinero del presupuesto nacional. Un decreto de incremento al salario mínimo le valió a Zelaya la antipatía definitiva de los sectores dominantes y las empresas de comunicación, quienes enfilaron el grueso de la artillería mediática contra los intereses de esta nación centroamericana.

En los últimos meses, el presidente Zelaya ha venido proponiendo la realización de una encuesta nacional, a fin de consultar al pueblo hondureño sobre si está o no de acuerdo con la instalación de una cuarta urna durante las elecciones nacionales del próximo noviembre. Es decir, que además de la urna presidencial, de diputados y de alcaldes, se incluirá una cuarta en la que los electores opinarán sobre la posibilidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Esta propuesta ha generado un verdadero maremoto político, en el que los sectores ultraconservadores se han unido a los medios de comunicación y han emprendido una campaña multimillonaria en contra del “SÍ”, utilizando todos los métodos de guerra psicológica y argumentos extremistas a fin de influir y atemorizar a la población, con miras a evitar la consulta.

Durante la última semana, algunos sectores del alto mando militar han estado en el centro de la polémica por su negativa a obedecer a su Comandante General, argumentando que no darían apoyo logístico a la consulta y que las fuerzas armadas saldrían a las calles a reprimir cualquier manifestación en apoyo al presidente. Es así como el antiguo régimen oligárquico, anclado en la judicatura y en ciertos sectores reaccionarios del ejército, se levantan para declarar ilegal la convocatoria y violar abiertamente una ley que permite someter a referéndum los asuntos de interés general, desobedeciendo a los poderes legítimamente constituidos e intentando, una vez más, la desestabilización del gobierno democrático de Honduras.

La Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad defiende el derecho del pueblo hondureño a decidir libremente sobre la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente que permita llevar a cabo reformas que modernicen las estructuras de la sociedad y repudia vehementemente el ataque de los centros de poder oligárquicos en contra del presidente de Honduras, Manuel Zelaya. No aceptamos la tergiversación y la manipulación de los hechos por las transnacionales de la información, a sabiendas que la libertad de expresión es un derecho de los ciudadanos y no de las empresas de medios de comunicación. Queremos hacer llegar a los hermanos y hermanas hondureños nuestro apoyo incondicional en su lucha por la dignificación de la democracia, la profundización de los medios de participación y la inclusión de los sectores tradicionalmente marginados, asegurándoles que su batalla es nuestra batalla y que Latinoamérica entera respalda sus procesos de transformación en aras de la independencia y autodeterminación de nuestros pueblos.
Sábado 27 de junio de 2009

Si desea suscribir el presente comunicado, sírvase enviar su nombre y país a la siguiente dirección de correo electrónico: endefensadelahumanidad@gmail.com

Fuente: piensaChile.com

A Propósito del Perú: III. ¿A Qué Llamamos Genocidio?

Por Bartolomé Clavero
Publicado el 27 Junio, 2009

¿Qué entiende por genocidio un periodista peruano cuando pregunta si se ha cometido genocidio en el Perú? ¿Qué entiende por genocidio un relator especial del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas cuando responde negándolo en redondo? ¿Qué entiende por genocidio el Canciller del Perú cuando se muestra ansioso ante la insinuación y aliviado con la negativa? ¿Qué se entiende por genocidio de parte indígena cuando se siente y se dice víctima? En definitiva, ¿qué hay en un nombre? ¿Qué se encierra en una palabra cuya sola pronunciación produce perplejidad, cerrazón, ansiedad y esperanza, ésta la de las víctimas en que el delito se castigue y los daños se reparen, en que se haga justicia en suma?

A Propósito del Perú:
III. ¿A Qué Llamamos Genocidio?

Bartolomé Clavero
Miembro del Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas

¿Qué entiende por genocidio un periodista peruano cuando pregunta si se ha cometido genocidio en el Perú? ¿Qué entiende por genocidio un relator especial del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas cuando responde negándolo en redondo? ¿Qué entiende por genocidio el Canciller del Perú cuando se muestra ansioso ante la insinuación y aliviado con la negativa? ¿Qué se entiende por genocidio de parte indígena cuando se siente y se dice víctima? En definitiva, ¿qué hay en un nombre? ¿Qué se encierra en una palabra cuya sola pronunciación produce perplejidad, cerrazón, ansiedad y esperanza, ésta la de las víctimas en que el delito se castigue y los daños se reparen, en que se haga justicia en suma?

Genocidio es un neologismo de mediados del siglo XX. Lo acuña en 1944 un jurista polaco, de nombre Raphael Lemkin, para identificar cuanto expone en una obra sobre el sistema nazi que lleva por título Axis Rule in Occupied Europe: Laws of Occupation – Analysis of Government – Proposals for Redress (Régimen del Eje en la Europa Ocupada. Normas de la Ocupación, Análisis del Sistema, Propuestas de Reparación). Es obra que, frente a lo que suele hoy darse por entendido entre quienes la citan sin leerla, no trata de lo que luego se llamaría el holocausto, la matanza masiva y sistemática de judíos, eslavos, gitanos, africanos, homosexuales y un etcétera por parte del régimen nazi y de los gobiernos aliados. No trata de esto. Su autor ni siquiera le daba mucho crédito a las noticias todavía imprecisas que le llegaban del gobierno polaco en el exilio sobre el desenvolvimiento de dicha matanza a escala industrial. Lemkin acuñó la palabra genocidio para otra cosa, para algo relacionado pero distinto.

Axis Rule se ocupa de las políticas nazis desnacionalizadoras de pueblos no arios subrayando además ya de entrada que el mismo término de desnacionalización se queda corto para la envergadura, alcance y gravedad de dichas políticas. La obra se ocupaba de las políticas de socavamiento de culturas y desarraigo de pueblos para hacerlas y hacerlos desaparecer sin necesidad de eliminación sistemática de una parte suficiente de sus individuos a fin de conseguir dicho efecto, lo cual, esto último, les resultaba por entonces más bien inconcebible a quienes no eran dirigentes ni ejecutores nazis. A esto llamó Lemkin genocidio o también etnocidio, pues él fue quien acuñó igualmente este otro términos, bien que como estricto sinónimo. Dicho con términos actuales, genocidio nació significando lo que hoy suele llamarse genocidio cultural o también, como cosa que ahora se diferencia del genocidio genuino, etnocidio. El genocidio genuino resultaría entonces el holocausto y no las políticas de las que éste, el holocausto, sería tan sólo un elemento. Todos estos son conceptos bastante posteriores.

Lo que debe entonces destacarse es que la Convención de Naciones Unidas para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio se elaboró bajo la influencia directa y determinante de la concepción desarrollada por Raphael Lemkin en Axis Rule. El proyecto oficial del Secretario General la sintetizaba en la debida forma normativa. Los Estados coloniales, de un colonialismo externo desde Europa o también de un colonialismo interno por las Américas, Estados que por entonces formaban mayoría absoluta en Naciones Unidas, intentaron eliminar de la Convención lo que luego se llamaría genocidio cultural o etnocidio, lo cual pondría ciertamente en entredicho de ilegitimidad al propio colonialismo, pero no hicieron esto de forma que despareciera toda traza ni muchísimo menos. Desde 1948, con la Convención sobre el Genocidio adoptada a finales de dicho año, el derecho internacional de los derechos humanos tipifica el genocidio como algo más, bastante más, que la matanza deliberada y masiva.

Recuérdese cómo quedó entonces y está hoy tipificado el delito de genocidio en el derecho internacional: “cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal: a) Matanza de miembros del grupo; b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; d) Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo; e) Traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo”. Una de las formas del genocidio es la matanza. Hay otras, otras formas que tienen entidad propia, formas que no se reducen a modulación o cualificación de la matanza. Políticas que producen lesión grave de la integridad física o mental de miembros, por ejemplo, de pueblos indígenas con intención de hacer desaparecer a éstos, a los pueblos, en cuanto tales; políticas que les sometan a condiciones de existencia que acarreen a la corta o a la larga su destrucción física, total o parcial; políticas que persigan la transferencia de infancia y adolescencia de un pueblo a otro o de una cultura a otra poniendo en peligro su reproducción y subsistencia como tales pueblos o tales culturas, todo ello constituye por sí mismo, sin concurrencia de matanza, genocidio.

Dicho de otra forma y extrayendo una decisiva consecuencia, las políticas usualmente aplicadas a pueblos indígenas eran y son políticas genocidas. Es forma y es consecuencia que los Estados coloniales, sobre todo entre ellos, tras la década descolonizadora de los años sesenta, los Estados de un colonialismo interno, se han cuidado muy mucho de hacer desaparecer del mapa. El propio Lemkin negaba la posibilidad de aplicación de la Convención al caso indígena porque compartía plenamente la mentalidad colonialista para la que los pueblos indígenas no contarían con culturas que merecieran ser protegidas o que atribuyesen algún derecho de existencia en cuanto que pueblos o culturas con entidad propia. Entendía incluso que la Convención sobre el Genocidio serviría para proteger a la población europea establecida en las latitudes colonizadas de África. Respecto al continente americano pensaba que se habían cometido genocidios durante los tiempos del colonialismo europeo, pero que éste no era el caso de los Estados que le sucedieron.

En resumidas cuentas para lo que importa a efectos prácticos, el colonialismo se conjuró para neutralizar el efecto anticolonialista de la Convención sobre el Genocidio. La descolonización presidida por Naciones Unidas desde 1960 no sirvió para poner en cuestión tamaña desvirtuación. El reto lo asume finalmente, desde el 13 de septiembre de 2007, la Declaración sobre los Derechos de Naciones Unidas, derechos que ahora precisan la debida protección internacional. Dentro de Naciones Unidas, hasta el momento presente, con la Declaración ya en vigor, sólo en el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas se ha planteado seriamente tal reto, el reto de recuperar el alcance genuino de la Convención sobre el Genocidio a efectos de la más eficiente protección internacional de los derechos de las personas, las comunidades y los pueblos indígenas.

Hay también ahora en Naciones Unidas un Asesor Especial del Secretario General para la Prevención del Genocidio. Su titular actual, Francis Deng, propugna un concepto amplio del genocidio a los efectos de su debida prevención. Plantea esta dilatación en términos de que debe atenderse la percepción popular, la percepción de que exista el peligro de genocidio o de que el mismo se haya consumado. No es una concepción que pueda decirse precisa, pero es sensible y resulta operativa. Para entenderla, ha de tenerse en cuenta que el mandato del Asesor Especial no le permite calificar unos hechos como genocidio, sino sólo alertar sobre indicios de que pueda producirse o de que se haya producido. Su tarea no es la de determinar si existe o no genocidio, sino la de establecer guías y atender señales para vigilar que no ocurra. En estas condiciones, parece una excelente idea la guiarse por los signos de la percepción popular, la percepción al fin y al cabo, en último término, de las víctimas.

La percepción popular resulta ante todo en efecto la percepción de las víctimas y, por tanto, en su caso, la de parte indígena. ¿Quiénes, si no, van a estar en mejores condiciones para percibir el peligro sobre la marcha? Son las víctimas por supuesto las primeras que pueden dar la señal de alarma. Por mucho conocimiento de derecho internacional que se tenga y por relevante que sea el mandato recibido en su caso de algunos de los organismos de Naciones Unidas, ningún experto o experta debiera descartar la posibilidad de genocidio si la percepción popular que es ante todo la de las víctimas está clamando otra cosa. No digo que se hubiera de concluir, ya sólo por esto, lo contrario, esto es que existe genocidio, sino que se debe tomar tal clamor como señal primaria de que puede haberlo. Determinar si hay genocidio en un caso concreto para procederse al enjuiciamiento de responsables y a la reparación de las víctimas mediante el debido proceso sólo es competencia de la jurisdicción internacional, la jurisdicción en la actualidad representada principalmente por la Corte Penal Internacional y secundariamente por la Corte Internacional de Justicia.

Respecto al Perú, atiéndase con todo y ante todo la percepción de las víctimas, una percepción conforme a la cual, como puede acreditarse por testimonios e informes hechos públicos tanto antes como después de la masacre de Bagua, se viene cometiendo genocidio con anterioridad a esta misma y puede seguirse cometiendo tras ella aún cuando se ceda por la parte actora del delito derogándose algunas medidas y modificándose algunas políticas que conceden desde luego un respiro vital para las propias víctimas. Bagua entonces tan sólo constituye un eslabón en la cadena genocida. Y la coyuntura consiguiente de cierta revisión de normas y de políticas no resulta sino un relativo compás de espera, sólo relativo puesto que las empresas invasoras de territorios indígenas, a las que el derecho internacional de derechos humanos rehuye exigir cuentas, no se dan por enteradas.

A la pregunta del periodista perplejo porque se esté hablando de genocidio, si se me dirigiera, respondería que, a mi parecer, no es que se haya cometido genocidio en el Perú, sino que se está cometiendo. Agregaría que, ante la mentalidad probadamente supremacista e incluso profundamente racista de la clase actualmente gobernante, no parece que haya otro modo de acabar con la comisión de genocidio que por la vía penal internacional. Tampoco hay razón para la ansiedad del Canciller peruano como si se sintiera difamado y perseguido. El caso no puede decirse que sea exclusivo. Si se me dirigiera la pregunta respecto, por ejemplo, a Chile o a Colombia, contestaría lo mismo.

Fuente: http://clavero.derechosindigenas.org/?p=1870

A propósito del Perú: II. Imputación de Genocidio a Jefe de Estado

Al Este de Epem
27 de junio de 2009
Segundo artículo de la serie sobre Perú, aunque cabe señalar que Bartolomé Clavero escribió más artículos sobre la masacre de Bagua.
RBlanco

Perú: II. Imputación de Genocidio a Jefe de Estado


Publicado el 26 Junio, 2009
Va a hacer pronto un año, el 14 de julio del 2008, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional interpuso una acusación contra Omar Hassan Ahmad Al Bashir, Presidente de la República de Sudán, “por genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra en Darfur”. Este mismo año, el 4 de marzo de 2009, la Corte o, más en concreto, su primera Sala de Cuestiones Preliminares ha cursado orden de detención contra el mismo por crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra sin mención del delito de genocidio. Durante el tiempo intermedio, se ha desarrollado en el seno de la Corte un intercambio de opiniones acerca de tal delito entre las tres magistradas o ministras que forman dicha Sala y la Fiscalía. El caso puede interesar al Perú.


A propósito del Perú:
II. Imputación de Genocidio a Jefe de Estado

Bartolomé Clavero
Miembro del Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas

Va a hacer pronto un año, el 14 de julio del 2008, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional interpuso una acusación contra Omar Hassan Ahmad Al Bashir, Presidente de la República de Sudán, “por genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra en Darfur”. Este mismo año, el 4 de marzo de 2009, la Corte o, más en concreto, su primera Sala de Cuestiones Preliminares ha cursado orden de detención contra el mismo por crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra sin mención del delito de genocidio. Durante el tiempo intermedio, se ha desarrollado en el seno de la Corte un intercambio de opiniones acerca de tal delito entre las tres magistradas o ministras que forman dicha Sala y la Fiscalía. El caso puede interesar al Perú.

Antes de suprimir de la acusación el delito de genocidio, la Sala debatió el asunto seriamente. Tras la orden de detención por el cargo de los otros delitos, la Fiscalía ha presentado un recurso argumentando extensamente contra la exclusión de la imputación de genocidio, recurso que no ha sido admitido, pero que conserva todo su interés. Aparte de la valoración de los indicios, el debate interno afecta nuclearmente a la concepción misma del delito de genocidio. La Sala insistió durante las actuaciones preliminares en la necesidad de que hubiera indicios suficientes para la prueba de la intención, de una intención específicamente genocida en el sentido de voluntad y determinación de asesinato en masa. A dos de las tres magistradas que forman la Sala de Cuestiones Preliminares, la apreciación de ese elemento subjetivo de la intencionalidad homicida en grado de dolo le parece clave no sólo a los efectos de la sentencia final, sino también ya para el cargo de la acusación.

La Fiscalía ha replicado con un triple orden de argumentos. Por una parte, alega que no hay razón para que el genocidio requiera un estándar más estricto que otros delitos en lo que toca a la apreciación de indicios para proceder a la acusación. De otra parte, estima que el dolo no debiera calificar tan estrictamente al tipo del delito y, aún menos, con requerimiento ya prácticamente de prueba a los efectos de efectuarse la acusación. Por último, también argumenta la Fiscalía que el genocidio puede cometerse por más medios que el asesinato en masa y que esto también debiera tomarse en cuenta para no calificar la intencionalidad como determinación homicida.

Este último argumento es por supuesto clave: “ni como cuestión de hecho ni como cuestión de derecho, el homicidio directo es la única forma de cometer genocidio”. La posición se fundamenta en la propia tipificación del delito por el artículo sexto del Estatuto de la Corte: “A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por “genocidio” cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal: a) Matanza de miembros del grupo; b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial (…)”. Es genocidio no sólo a), sino también b) y c), ha de recordarle la Fiscalía a la Sala.

Como he dicho, la decisión de excluir el delito de genocidio ha sido de mayoría, no unánime. La magistrada Anita Ušacka no sólo disiente, sino que presenta una extensa opinión para fundamentar su posición. En ella, entre otros particulares, se ocupa específicamente de los supuestos b y c de la tipificación internacional del genocidio. “La destrucción de los medios de vida de las víctimas” sin necesidad de exterminarlas directamente es un inequívoco supuesto de genocidio para esta magistrada de la Corte Penal Internacional. No hace falta así que se produzca una privación directa y completa de un medio tan necesario, por ejemplo, con el agua. Basta con que haya una política patentemente capaz de destruir los medios habituales de subsistencia.

¿Con la intencionalidad de lograrse la desaparición del grupo humano como tal? Evidentemente. Tal es un elemento del delito de genocidio. Pero una cosa es la determinación dolosamente homicida y otra es el conocimiento de que dicha desaparición se esté produciendo por efecto directo de las políticas que se promueven y el mantenimiento deliberado de las mismas. Según esta magistrada de la Corte Penal Internacional, aun cuando se mantenga el concepto más estricto del genocidio como aniquilación física o biológica, sería “suficiente probar que la intención es la de destruir el grupo ya fuera por destrucción física, biológica, social o cultural”. Una política de agresión cultural o social puede constituir el elemento subjetivo del delito de genocidio por desaparición final del grupo “en todo o en parte”. En suma, no hace falta intención específicamente asesina para que haya genocidio según esta interpretación operante en la Corte Penal Internacional.

No es la posición dominante, como ya puede verse por la misma decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares. No lo es ni en la jurisprudencia ni en la doctrina internacionales. Incluso la más militantemente defensora de derechos humanos suele asumir el concepto más restrictivo del genocidio como eliminación física en masa con intencionalidad dolosamente homicida (véase por todos, pues resulta paradigmático, William Schabas, Genocide in International Law, Cambridge University Press, 2000). Cuando, por ejemplo, el Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas, James Anaya, opina que en el Perú no está cometiéndose genocidio tiene tras de sí, sustentándole, a la doctrina internacionalista imperante. El citado Schabas, director hoy del Centro para los Derechos Humanos de Irlanda, pontifica que en América nunca ha habido genocidio de pueblos indígenas porque jamás ha existido intencionalidad dolosa de exterminarlos mediante la violencia asesina.

Lo interesante, lo sumamente interesante, es entonces que en el seno de la joven Corte Penal Internacional puje una visión más conforme con los propios términos de la tipificación del genocidio en el derecho internacional. En su pulso con la Sala de Cuestiones Preliminares, la Fiscalía ha expresado la preocupación de que va a sentarse un mal precedente de no admitirse su interpretación para el caso del Presidente de Sudán. Sería un precedente que dificultaría, si no es incluso que impediría, la persecución de los genocidios más usuales, que no son precisamente los de las matanzas monstruosas. Está cargada la Fiscalía de razón. ¿No convendría traer un caso de genocidio de pueblo indígena en América, uno de esos casos que Schabas considera poco menos que imposibles, ante la Corte Penal Internacional a fin de abrir brecha en lo que debiera ser la práctica judicial internacional desde hace sesenta años, esto es desde que se adoptó por Naciones Unidas la Convención sobre la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio? ¿No ha de ser una vía de protección de los derechos indígenas fundamentales la persecución del genocidio que se comete al conculcarlos gravemente?

Cuando se debatió en Naciones Unidas el proyecto de la Convención sobre el Genocidio hace sesenta años, Brasil se opuso a que se diera pie a la criminalización de las políticas asimilacionistas de pueblos indígenas, las políticas destructivas de sus culturas y apropiadoras de sus recursos. Los Estados americanos, todos ellos, y las por entonces potencias coloniales europeas (Gran Bretaña, Francia, Bélgica…) secundaron a Brasil, procediéndose a una poda del texto de la Convención para eliminarse el genocidio cultural o etnocidio. Quedaron en la descripción del genocidio los apartados b y c vistos (lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial), pues la descripción de este delito por el Estatuto de la Corte Penal Internacional se limita a reiterar literalmente la añeja de la Convención. Queda la posibilidad de traer ante ella, ante la Corte, casos de genocidio que se están cometiendo a lo ancho y largo de América.

Alan García Pérez es el actual Presidente de la República del Perú. Ha adoptado con decisión e impulsado con energía una política de explotación de recursos que producen palmariamente en la Amazonía el sometimiento de comunidades y pueblos indígenas a condiciones de existencia que presagian su destrucción física, total o parcial. ¿Es este efecto intencional? Puesto ante la evidencia, Alan García se ha reafirmado en tal política. Incluso ha propugnado con alarde de publicidad la necesidad de prescindir de los pueblos indígenas para poderse explotar recursos de sus territorios. Potencia actividades extractivas que sabidamente socavan sus modos de vida y envenenan sus medios de existencia. Ha desoído advertencias no sólo de las víctimas, sino también institucionales como las del propio Congreso o las de la Defensoría del Pueblo, advertencias de que su política está atropellando los derechos indígenas y quebrantando el derecho peruano. De parte indígena, una fuerte resistencia se ha planteado en términos de defensa de los propios derechos. Alan García Pérez ha conducido el conflicto a unos términos de enfrentamiento frontal con resultados de muertes. Sólo entonces, ante la constancia de que no consigue doblegar la resistencia indígena, ha comenzado a rectificar, sólo comenzado, pero no a recapacitar. Ahí, con todo, se tiene superado el test de la intencionalidad según lo define la magistrada Ušacka de la Corte Penal Internacional.

Tiene Alan García menos culpas por purgar que Omar Al Bashir, quién lo duda. No se le puede acusar de horrendos crímenes de guerra, pero no es tan seguro que no se le pueda imputar la comisión de genocidio (según los descriptores b y c referidos) o de alguno de los crímenes contra la humanidad que también ahora se tipifican por el Estatuto de la Corte Penal Internacional.

Interesa el cargo de genocidio por los propios indicios existentes en el caso y también porque es el tipo penal que conviene rescatar como garantía de los derechos de los pueblos indígenas por las Américas. No se puede esperar a que la Fiscalía de la Corte actúe de oficio en un caso tan inédito. Habría de prepararse a fondo la acusación para presentarla bien fundada a la Fiscalía.


Anexos

1. Orden de detención de Omar Hassan Ahmad Al Bashir:
http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc644487.pdf

2. Opinión discrepante de la Magistrada Anita Ušacka:
http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc639096.pdf
(documento último)

3. Recurso de la Fiscalía contra la orden de detención:
http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc644001.pdf

Apéndice: Nota de los Consulados del Perú
por instrucciones de la Cancillería (25-VI-2009)

Estimados compatriotas:
Durante los tres días en que permaneció en el país, el señor Anaya se entrevistó con Altas Autoridades del Estado (Ejecutivo, Legislativo, Ministerio Público y Defensoría del Pueblo), representantes de pueblos indígenas y otras organizaciones de la sociedad civil en las ciudades de Lima y Bagua.
Al respecto, cabe señalar que en la conferencia de prensa que dio el señor Anaya al finalizar su visita, frente a la pregunta directa de un periodista sobre si lo sucedido en Bagua constituye un genocidio, éste expresó claramente que no. En otro momento de la referida conferencia Anaya destacó, entre otros elementos, que se están dando pasos importantes para solucionar la crisis producida. En este sentido, para su conocimiento, se acompaña un resumen noticioso con el fin de aclarar la verdadera dimensión de los lamentables sucesos del 5 de junio, que contrarreste la información inexacta que ha circulado recientemente en los medios tanto nacionales como extranjeros.
Cordiales saludos.

Fuente: http://clavero.derechosindigenas.org/?p=1858

A Propósito del Perú: I. ¿De Qué Sirve el Derecho Penal Internacional?

Al Este de Epem
27 de junio de 2009
El siguiente artículo, es el primero de una serie en la que Bartolomé Clavero lleva a cabo un análisis en profundidad sobre los hechos ocurridos en Bagua, Perú. Así mismo, nos adentra en el derecho internacional, de una forma entendible por todos y todas. El primer artículo de la serie fue publicado el 21 de junio de 2009, por su autor en su web: http://clavero.derechosindigenas.org/.
Bartolomé Clavero es Miembro del Foro Permanente Para las Cuestiones Indígenas de Naciones Unidas y Catedrático de la Universidad de Sevilla.

RBlanco


A Propósito del Perú: I. ¿De Qué Sirve el Derecho Penal Internacional?

Publicado el 21 Junio, 2009
Después de la experiencia del juicio de Nuremberg que hubo de improvisarse en cuanto al derecho aplicable, un derecho penal internacional sobre bases firmes se inició en 1948 con la Convención de Naciones Unidas para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Se inició y se agotó durante medio siglo. A nivel internacional, la Convención no tuvo desarrollo o ni siquiera aplicación por varias décadas. El tribunal internacional previsto por ella para el enjuiciamiento de individuos imputados de genocidio sólo pudo constituirse cincuenta años más tarde con la aprobación del Estatuto de la Corte Penal Internacional. Este mismo instrumento ha venido además a desarrollar el derecho penal internacional tipificando una serie de delitos junto al de genocidio. Ahora es posible perseguir internacionalmente una buena serie de delitos, delitos que pueden estar cometiéndose notoriamente, por ejemplo, en el Perú.


A Propósito del Perú:
I. ¿De Qué Sirve el Derecho Penal Internacional?

Bartolomé Clavero
Miembro del Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas

Después de la experiencia del juicio de Nuremberg que hubo de improvisarse en cuanto al derecho aplicable, un derecho penal internacional sobre bases firmes se inició en 1948 con la Convención de Naciones Unidas para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Se inició y se agotó durante medio siglo. A nivel internacional, la Convención no tuvo desarrollo o ni siquiera aplicación por varias décadas. El tribunal internacional previsto por ella para el enjuiciamiento de individuos imputados de genocidio sólo pudo constituirse cincuenta años más tarde con la aprobación del Estatuto de la Corte Penal Internacional, que se ha producido en efecto en 1998. El derecho penal internacional no sirvió para nada durante bastante tiempo y hoy todavía, dada la novedad de su operatividad, resulta bien arduo ponerlo en práctica.

Dicho mismo Estatuto ha venido además a desarrollar el derecho penal internacional tipificando una serie de delitos junto al de genocidio, los delitos por ejemplo de esclavitud, inclusive la sexual, traslado forzoso de población, privación grave de libertad, tortura, violación, prostitución forzosa, embarazo forzado, esterilización forzosa, desaparición forzada, apartheid, “persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos”, etc. Ahora es posible perseguir internacionalmente una buena serie de delitos, delitos que están cometiéndose notoriamente, por ejemplo, en el Perú. Son delitos que sufren habitualmente los pueblos indígenas no sólo por América.

Genocidios se cometieron por supuesto durante todo ese tiempo de inoperancia de un derecho penal internacional ya existente. Hay casos americanos bien notorios por aquellos mismos años, como el genocidio sufrido por el pueblo aché en Paraguay. ¿Reaccionó Naciones Unidas o alguno de sus Estados miembros en nombre de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio? Algún revuelo hubo que no llevó a nada. Al Gobierno paraguayo le bastó con asegurar públicamente que no había genocidio porque no existía de su parte intención ninguna de exterminar a ningún pueblo. No mucho después, en 1988, Estados Unidas ratificó tardíamente la Convención añadiendo la doctrina contraria a la letra de la misma de que no había genocidio si no existía intención dolosa, una intención en definitiva de asesinar en masa. Al cabo de otros pocos años, la Corte Internacional de Justicia, a propósito del caso yugoslavo, ha hecho suya esa doctrina americana. Es caso el yugoslavo que ha debido atenderse mediante un tribunal internacional ad hoc, lo que no es buena práctica en derecho penal.

Durante todo el tiempo de inoperancia del derecho penal internacional, se ha impuesto además en los medios de Naciones Unidas, no sólo entre los Estados miembros, la idea también contraria a la letra de la Convención (no hablo del espíritu porque en el derecho penal es a la letra a lo que hay que estar) conforme a la cual sólo es genocidio el que se comete mediante matanza bruta y monstruosa. Hasta el Asesor Especial del Secretario General de Naciones Unidas para la Prevención del Genocidio se mueve hasta el momento sobre dichas premisas, considerando signos de alarma de la posibilidad de genocidio conductas que para la Convención ya constituyen genocidio. Y no se ha acometido todavía a efectos prácticos el encuadramiento del genocidio junto a otros delitos similares que ahora están tipificados por el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Aparte las ratificaciones, se dice que el mismo sólo se ha limitado a registrar en su tipificación de delitos un derecho consuetudinario de carácter general que ya existía, lo que siempre es problemático en el campo del derecho penal, pero con ello no se avanza en dicha integración de un derecho penal internacional en el que el genocidio no sea un tipo solitario e inoperante.

Pareciera que el derecho penal internacional de carácter general estuviera condenado a la neutralización más absoluta. Lo ha salvado el Estatuto de 1998 y la erección consiguiente de la Corte Penal Internacional ya en nuestra década. Puede decirse que el derecho penal internacional es así de reciente, con muchas de sus posibilidades todavía inéditas. Al contrario que la Corte Internacional de Justicia, la Corte Penal Internacional no depende en el ejercicio de su jurisdicción de la acción o el parabién de los Estados. Representa ya una justicia internacional independiente. Su fiscalía puede presentar casos de oficio y conforme a criterio propio, según la información que recabe o las denuncias que reciba. Igualmente, la Corte Penal Internacional admite casos como cualquier otra jurisdicción ordinaria, conforme a los méritos del mismo sin otras consideraciones ni políticas ni diplomáticas. Casos como el del Perú pueden ahora denunciarse ante una justicia internacional independiente. Dado que estamos ante posibilidades inéditas, otra es la cuestión por supuesto de que la denuncia prospere. En todo caso, ahora las víctimas de delitos internacionales, ellas mismas mediante representantes que controlen, pueden accionar el derecho penal internacional a través de la fiscalía de la Corte Internacional de Justicia.

Las políticas del Gobierno peruano en el último par largo de años de cara a los pueblos indígenas de la Amazonía presentan indicios serios de incurrir en supuestos tipificados por el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Las posiciones y manifestaciones racistas de sus responsables ante la resistencia de dichos pueblos acentúan los indicios. El recurso a la acción militar con resultados letales, junto a la forma como se le ha presentado por parte oficial, constituye la última evidencia. Puede estar cometiéndose genocidio y algún delito más de los tipificados por dicho Estatuto penal internacional. Aparte de que se le pueda entender como expresión de derecho consuetudinario, el mismo es aplicable para el Perú por ratificación formalizada en 2001. El Estatuto, por ser de derecho penal, no tiene efecto retroactivo, pero el delito se ha cometido con posterioridad y el crimen de genocidio es además imprescriptible en derecho internacional. Ahora o en cualquier momento, las víctimas pueden accionar.

Puede accionarse ahora denunciando a presuntos autores como Alan García, Presidente de la República; a presuntos cómplices como Mercedes Cabanillas, Ministra del Interior, y Antero Flores-Araos, Ministro de Defensa; a presuntos encubridores como José Antonio García Belaúnde, Canciller, y Mercedes Aráoz, Ministra de Comercio Exterior. Se entiende la ansiedad mostrada estos últimos días por el Gobierno peruano respecto a la calificación de su política como genocida, igual que se entiende el alivio que ha manifestado al conseguir que el Relator Especial sobre la situación de lo derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas, en visita oficial, opine que no aprecia la existencia de genocidio en el Perú. Esto por supuesto no prejuzga nada ni sienta presunción de inocencia particular ninguna. Se tiene la misma que justamente corresponde en todo caso de acusación penal.

Según el derecho penal internacional, la jurisdicción no compete a instancia ninguna no estrictamente judicial de Naciones Unidas, sino a la Corte Penal Internacional, la cual actúa con todas las garantías del debido proceso. He ahí la sede donde deberá sustanciarse una garantía para los derechos de los pueblos indígenas tan importante como la de carácter penal frente a quienes los conculcan gravemente. El caso del Perú podría sentar un precedente.

Fuente: http://clavero.derechosindigenas.org/?p=1743


La oligarquía quiere democracia "ma non troppo".

Honduras
27-06-2009
SERPAL


En la madrugada del martes pasado el Congreso hondureño dejó abierta la posibilidad de realizar el próximo 29 de noviembre -coincidiendo con las elecciones generales- un referéndum para que los ciudadanos de este país puedan decidir si aceptan o no la convocatoria de una Asamblea Constituyente. Pero el presidente Zelaya que desde su campaña electoral ha promovido la plena participación democrática, se disponía a efectuar el próximo domingo una consulta previa a todos los hondureños. Debían responder en las urnas por si o por no a la pregunta: "¿Está usted de acuerdo que en las elecciones generales de noviembre de 2009 se instale una cuarta urna para decidir sobre la convocatoria a una asamblea nacional constituyente que apruebe una constitución política?".

Al día siguiente, de forma sorpresiva, el jefe del Estado Mayor Conjunto General Romeo Vázquez comunicó al presidente que no cumpliría las órdenes de distribuir el material necesario para la consulta, tarea que es habitual que realicen en coordinación con el Tribunal Electoral. El militar se amparaba en la decisión de un tribunal de justicia y de la fiscalía, que consideró improcedente la convocatoria. La desobediencia a la orden de Zelaya, que constitucionalmente es también Comandante en Jefe de las FF.AA., fue acompañada por el visible desplazamiento de unidades militares desde zonas del interior hacia Tegucigalpa, la capital. Paralelamente, ex militares en retiro, algunos de los cuales estuvieron implicados en la represión de los años 80, apoyaron públicamente la decisión del Gral. Romeo Vázquez. Estos generales, coroneles y otros oficiales retirados argumentaron que "obedecer al presidente es desobedecer la Constitución". Aprovecharon para pedir que se "blindara" la figura del jefe del Estado Mayor, para que el ejercicio de su cometido no está supeditado al poder civil, o sea del presidente elegido democráticamente.

Sectores ligados al empresariado y la casi totalidad de los medios de comunicación, alabaron la posición de los militares, presentándolos como "respetuosos de la Constitución". En algunos casos se expresó abiertamente que era necesario que el presidente del Congreso, Roberto Micheletti, enfrentado con Zelaya desde hace largo tiempo, se hiciera cargo del gobierno. A esa altura, estaba claro el perfil de un intento golpista "blando", que en definitiva consiste en "voltear" al actual presidente, desandar el camino realizado e impedir que los hondureños se pronuncien sobre una reforma de la constitución. Resulta claro que para la oligarquía hondureña, el límite de la democracia es el que le permite controlar los principales resortes del poder. Y hasta ahora, salvo la presidencia, puede decirse que controla el Congreso, el Poder Judicial y la casi totalidad de los medios de comunicación. Los cuatro principales diarios pertenecen a capital privado y están directamente ligados a importantes grupos políticos y empresariales. Hay 14 canales de televisión, de los cuales 8 tienen cobertura nacional y el resto regional. Todos son privados, y sus propietarios por lo general también pertenecen a fuertes grupos económicos. Basta con leer los titulares nacionales de los diarios impresos para ver que no existe la menor objetividad y que -por ejemplo- transforman la solidaridad de diversos países de la región con el presidente hondureño elegido con el voto popular en titulares que afirman "Chávez amenaza a Honduras". Esa misma oligarquía es la que a través de diversos personeros, liberales o nacionales, ha controlado durante muchos años la política y la economía. El sistema financiero y los grupos que controlan las grandes empresas constituyen otra "pata" del poder fáctico que ejercen estos sectores sociales privilegiados, en un país donde la pobreza supera el 60 por ciento de la población. Resumiendo, la oligarquía de Honduras acepta esta democracia delegada y "bajo control", pero como ocurrió en Bolivia, tiene pánico a toda forma de democracia directa, como pueden ser las consultas sobre temas fundamentales, en los que cada ciudadano, cada opinión cuenta. Criterio que puede definirse como "democracia, ma non troppo".

Recapitulemos

Manuel Zelaya asumió el gobierno en enero del 2006. Pertenece al Partido Liberal, de sesgo conservador y junto con el Partido Nacional, dos fuerzas políticas tradicionales en Honduras. Pero su campaña electoral y sus primeros meses de gobierno mostraron su predisposición a producir cambios importantes en el país. Públicamente argumentó la ineficacia o el "lastre" de los compromisos que ataron a Honduras a los dictados norteamericanos, afirmó que su país necesitaba "explorar otros caminos". Mostró su proximidad con las experiencias populares de Venezuela, Bolivia o Ecuador, y decidió el ingreso primero en Petrocaribe y luego en la Alternativa Bolivariana ( ALBA). En la política interna decidió una reducción en los precios de los combustibles, dispuso la matrícula gratuita en la educación pública; logró el aumento de la recaudación pública mediante la reforma de la Dirección Ejecutiva de Ingresos ( DEI); aprobó la Ley de Transparencia; promulgó medidas de protección de la riqueza forestal hondureña, y obtuvo la condonación de la deuda externa de 1.367 millones de dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo, BID. En el 2007 alcanzó un acuerdo definitivo con Nicaragua sobre unas islas en el Mar Caribe y quedó cerrado el antiguo conflicto de límites, gesto que fue saludado como "ejemplo de hermandad latinoamericana". Visitó Cuba, la primera visita de un presidente hondureño a Cuba en medio siglo, y consolidó las relaciones bilaterales. También se fortalecieron los vínculos e intercambios con Brasil y otros países del área.

Adecuar la Constitución

Uno de los objetivos del presidente Zelaya, es la participación e implicación de todos los hondureños en las cuestiones decisivas para el país. Reiteradamente expresó que el andamiaje normativo ponía límites y trabas a esa participación democrática de los ciudadanos y proponía la necesidad de revisar y adecuar el texto constitucional a las necesidades de cambio y transformación. Su intención es realizar un referéndum en coincidencia con las elecciones generales de noviembre próximo, para que los ciudanos expresen su opinión a favor o en contra de convocar una Asamblea Constituyente, en un proceso similar a los ya realizados en Bolivia, Venezuela o Ecuador. Es eso lo que se ha denominado "la cuarta urna", ya que se sumaría a las votaciones para presidente, legislativas y locales. Antes de ello, se convoca para este domingo la consulta ciudadana no vinculante con la pregunta que indicábamos en el primer párrafo de este artículo, requiriendo la conformidad o el desacuerdo de los ciudadanos en que se convoque ese referéndum en noviembre.

Para los sectores sociales y económicos que llevan tiempo intentando bloquear esta deriva transformadora de Zelaya y de las organizaciones y movimientos sociales que le respaldan, este avance en dirección a una reforma constitucional, puede haber sido valorado como un paso irreversible. Por eso los medios de comunicación - en su práctica totalidad enrolados en el sector que intenta bloquear al presidente - desataron una campaña que con tintes legalistas, en realidad pretendía impedir que se llegue a estas consultas populares. Oficiales retirados de las FF.AA., algunos de ellos con una foja de servicios que incluye haber participado en acciones represivas en los años 80, o haber recibido instrucción de "expertos" de la dictadura argentina en desapariciones, torturas y asesinatos, aparecieron en la escena pública como defensores de la Constitución y presionaron a los mandos actuales.

A pocos dias de la consulta, el General Romeo Vázquez, jefe del Estado Mayor, comunicó al presidente que no cumpliría la orden de custodiar y distribuír el material ( urnas y papeletas) . Argumentó su desobediencia en que la consulta no era constitucional, basándose en el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría General de la República. Zelaya, en su condición de Comandante en Jefe, decidió la destitución inmediata del general. También aceptó la dimisión simultánea de su ministro de defensa. Arropado por cientos de representantes de organizaciones populares y movimientos sociales, leyó públicamente el comunicado con esas resoluciones y ratificó la voluntad de realizar la consulta democrática "para que el pueblo hondureño pueda expresarse".

Marcha popular para recuperar el material de la consulta

Unidades del Primer Batallón de Infantería, con asiento en el entorno de la capital Tegucigalpa y comandado por el Coronel Mario Alberto Castillo, hicieron desplazamientos por las calles lo que hizo aumentar la tensión y la incertidumbre. Los mandos militares consultados respondían a las preguntas de la prensa indicando que esta movilización castrense era simplemente "para garantizar el orden y la seguridad". Algunos medios lo expresaron más claramente: los uniformes y las tanquetas tienen la intención de atermorizar a los manifestantes populares partidarios del gobierno, y controlar las convocatorias de dirigentes sindicales, sociales y del movimiento campesino e indígena para defender al gobierno e impedir cualquier intento golpista, aunque fuera "maquillado" por maniobras del Congreso. Zelaya advirtió que "él era presidente por voluntad popular" y no admitiría ninguna maniobra golpista desde el Congreso. Ratificó que la consulta "sigue adelante".

Uno de los problemas que se presentaban a Zelaya, es que el material para la consulta estaba almacenado en dependencias militares. Decidió entonces encabezar una marcha popular que llegó hasta las puertas de la Base Aérea ubicada al sur de la capital, donde finalmente logró que el comandante del arma permitiera el "rescate" de las cajas con las papeletas y otra documentación relacionada con la consulta, operación que se hizo con la colaboración de la gente y en algún momento entonando cánticos o el himno nacional.

A partir de ese momento, se organizó el reparto del material por todo el país utilizando vehículos de distintas dependencias gubernamentales.

Zelaya dijo estar indignado con los miembros de la Corte Suprema de Justicia, porque “ahora la corte declara ilegal la participación legitima del pueblo”…. “Qué vergüenza esa corte de Justicia para los hondureños” expresó ante quienes participaron de esa marcha popular, defensores de la llamada “cuarta urna”… “Esos bárbaros que no representan a nadie en el Congreso Nacional, declaran que los militares se pueden gobernar solos y que ya no dependen del presidente de la república, están violando el estado de derecho, y hacen retroceder a Honduras en las conquistas de 30 años, a la época de los desaparecidos, en que sacrificaban a los pobres en la década de los 80’s”.

Añadió también: "la decisión de la Corte no es en contra de mi persona sino en contra del pueblo de Honduras". "Ahora la Corte de Justicia que le hace justicia nada más a los poderosos, a los banqueros y a los ricos de este país, declara ilegal la participación del pueblo en una encuesta legítima y constitucional", agregó el presidente.

En ese clima de tensión, el Congreso unicameral formó una comisión que durante las últimas horas del jueves buscó una fórmula para destituír a Zelaya bajo la acusación de actuar al márgen de la constitución y consumar así el "golpe técnico" que implicaría promover a la presidencia al actual titular del Parlamento, Roberto Micheletti. Según algunos medios radiales hondureños, esta iniciativa se frustró porque sectores militares indicaron que en caso de desplazar al presidente, serían ellos mismos quienes asumirían el control del país. Lógicamente fue imposible confirmar esta versión, pero lo cierto es que pasada la medianoche los rostros de los parlamentarios que integraban la comisión mostraban claramente que no se había alcanzado una salida satisfactoria para ellos. Mientras tanto, el presidente Zelaya se retiraba de la Casa de Gobierno, sonriente, tranquilo y afirmando que "el golpe había sido conjurado", entre aclamaciones de varios centenares de partidarios que luego se dispersaron en orden. Su expresión, sin embargo, no parecía coincidir plenamente con la realidad.

Apoyos populares a Zelaya

Diversos dirigentes sociales expresaron su total respaldo al presidente y a sus decisiones. Rafael Alegría, dirigente campesino dijo que "la oligarquía pretende impedir la consulta popular del domingo". Ramón Melgar, dirigente indígena afirmó que la reforma constitucional es una de sus reivindicaciones, para que la asamblea constituyente y representativa, pueda elaborar una norma que incluya y otorgue igualdad de derechos a todos los ciudadanos hondureños.

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras emitió un comunicado dirigido a la comunidad nacional y a la internacional. COPINH "denuncia la intención golpista perpetrada la noche del 24 de junio del 2009 al gobierno constitucional de Manuel Zelaya Rosales y contra el pueblo hondureño. Este acto, añade es una rección desesperada de la derecha y de sus aliados para frenar la voluntad popular de buscar vías democráticas para la transformación nacional." Este importante organismo que coordina entidades sociales hondureñas dice más adelante: "Esta ofensiva golpista ha sido planificada y ejecutada de manera articulada entre el Congreso Nacional fascista, los medios de comunicación y sus dueños, el Ministerio Público, los empresarios más poderosos del país y las Fuerzas Armadas, que han venido actuando en franco desacato a las decisiones del poder ejecutivo; por eso denunciamos que el ejército ha asumido un papel similar al de los años ochenta, cuando servía de instrumento de desestabilización y represión. A esta campaña, se han unido algunos sectores de las jerarquías de las iglesias evangélicas y católica, quienes han intermediado, alentado y justificado los hechos de connotación golpista." Tras otras consideraciones finaliza afirmando que el COPINH reconoce como único presidente constitucional de la república a Manuel Zelaya Rosales, por lo que rechazamos cualquier "sustituto" impuesto por los poderes fácticos e imperialistas". El comunicado emitido el miércoles 24 en la ciudad de La Esperanza, Intibucá, concluye afirmando: "con la fuerza ancestral de Iselaca, Lempira y Etempica se levantan nuestras voces de vida, justicia, dignidad, libertad y paz."

"Con la reforma constitucional, los hijos pasarán al Estado"

Las iglesias evangélicas han tenido un papel significativo dentro del bloque que procura desplazar del gobierno al presidente Zelaya. En San Pedro Sula, una de las principales ciudades hondureñas, las expresiones religiosas vinculadas a Iglesias Evangélicas de Miami, como la "Alianza de Miami por una Honduras en Paz y democracia", convocaron a sus fieles para manifestarse contra la consulta al pueblo sobre la modificación de la actual constitución. El pastor Misael Argeñal dijo en su mensaje ante miles de personas que "Honduras no necesita una nueva Constitución". Luego, y para que no quedaran dudas de que su incursión desde lo religioso tenía claro contenido político expresó el pastor: "Honduras no será jamás de la extrema izquierda", mientras los adherentes evangelistas exclamaban "libertad y Cristo vive". Los organizadores afirmaron que era una manifestación " a favor de Dios", y que contaba con la participación de los estudiantes de las escuelas y colegios religiosos. Eso sí, el pastor Misael Argeñal aclaró que era una caminata "sin colores políticos". Por su parte un portavoz de la jerarquía de la Iglesia Católica marcó claramente su distancia con el presidente, y al ser preguntado si la Iglesia apoyaba la consulta popular, expresó que la Iglesia "no podía apoyar un acto ilegítimo, y así lo ha definido la justicia." Monseñor Darwin Andino, obispo auxiliar de Tegucigalpa, sugirió el alejamiento del presidente Zelaya, quien en realidad concluye su mandato a fin de año.

Otro factor decisivo es el de los medios de comunicación. Con excepción de algunas radioemisoras, que quizás por las mismas características técnicas del medio están más próximas a la espontaneidad de los acontecimientos, diarios y canales "apuntan" en una sola dirección: todas las informaciones coinciden en su carácter adverso al presidente, destacan "el patriotismo" de los mandos de las FF.AA. y exageran los vínculos de Honduras con los países del ALBA con titulos catastróficos señalando que el país corre el riesgo de "caer en manos de Chávez". Un ex diputado hondureño - Leonel Ayala - llegó a afirmar el riesgo de que la reforma de la Constitución supondrá que los padres pierdan a sus hijos, y lo completó con la falsedad "tal como pasó en Venezuela". Eso fue suficiente para que uno de los principales diarios hondureños titulara "Los hijos pasarán a poder del Estado".

Las Fuerzas Armadas

Las Fuerzas Armadas que durante los últimos 20 años han tenido reformas en su estructura y en la formación de sus mandos, no experimenta cambios sustanciales con esos cuerpos que en los años 80 ejercieron acciones represivas contra movimientos sindicales, campesinos y populares. También Honduras fue utilizada como base de operaciones para asistir logísticamente a la "contra" nicarguense que realizaba ataques y sabotajes en la Nicaragua sandinista. En esa época contaron con la asistencia de expertos norteamericanos, argentinos e israelíes en lo que se denominaba "contra-insurgencia", y que en la práctica se traducía en secuestros, torturas y asesinatos de militantes de izquierda. Durante la gestión del presidente liberal Roberto Suazo Córdoba, entre 1982 y 1986, se creó el llamado "Batallón 316" que fue utilizado para asesinar a opositores Es difícil valorar cuánto han cambiado esas Fuerzas Armadas en estos años de procesos constitucionales. Tras su destitución, y ser repuesto en sus funciones por la Corte Suprema de Justicia, el general Romeo Vázquez formuló declaraciones que en su retórica, le alejan de una posición golpista, al menos en sus términos clásicos. Ha llamado a la calma y además afirmó que "está a cargo" de sus funciones, pero pendiente de ser relevado por el presidente, con lo cual dá a entender que sigue reconociendo que su superior en línea jerárquica sigue siendo el Comandante en Jefe, o sea el presidente Zelaya. Argumentó estar dispuesto a cumplir cualquier órden que le imparta el presidente, menos aquellas que impliquen actos ilegales o contrarios a la constitución.

Situación indefinida

Tras los momentos de extrema tensión que siguieron a la posición del Congreso y de la Corte Suprema de Justicia, que en la práctica desconocían las resoluciones presidenciales de destituír al jefe del Estado Mayor y de seguir adelante con la consulta popular convocada para el domingo, al concluír la jornada de viernes la situación parece más tranquila a pesar de que el quiebre institucional sigue abierto. El presidente en tono sereno pero firme, reiteró que las 15.000 urnas recuperadas tras la marcha popular de miles de partidarios que encabezó ayer hasta una base de la Fuerza Aérea, serán utilizadas el domingo en todo el país, distribuídas en diversos lugares públicos para que el pueblo pueda expresar su opinión en la consulta. Internamente, Zelaya cuenta con el respaldo de organizaciones sociales, sindicales, campesinas e indígenas. No tiene mayoría en el Congreso, donde el presidente Morichetti llegó a considerarlo como "perturbado" e insinuó la posibilidad de que se estudie su inhabilitación por su "incapacidad mental". Zelaya le respondió que a el le eligió el pueblo, no el Congreso. Y desafió: "si (a la legislatura) tanto le molesto, por qué no vamos a una consulta a ver que quiere el pueblo: si sacar al Congreso o al presidente".

En el ámbito internacional, el presidente de la Asamblea de las Naciones Unidas, Miguel D'Escotto emitió una declaración condenando "la tentativa de golpe de estado en Honduras". La Unión Europea pidió que todas las partes implicadas en la crisis mantengan la calma y aseguren el orden democrático en el país. El ALBA, la Alternativa Boliviariana a la que pertenece Honduras también expresó su rechazo a un golpe de estado y su apoyo al presidente Manuel Zelaya. Los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) en pleno extraordinario apoyaron la propuesta de Honduras de aplicar en este país centroamericano la Carta Interamericana a fin de promover la institucionalidad democrática y el gobierno legalmente constituido, tras el intento de golpe de Estado técnico.

Al cierre de este envío de SERPAL, y a menos de 48 horas de la consulta del domingo, personal de reparticiones del estado y voluntarios, preparan y distribuyen las urnas y las papeletas para que los hondureños expresen su opinión. Gran parte del Congreso desconoce la convocatoria, mientras que la Suprema Corte la considera "ilegal". Las Fuerzas Armadas tienen un jefe de estado mayor relevado por el presidente, pero no reemplazado. Se supone que la cadena de mandos seguirá funcionando en los aspectos fundamentales en cuanto a orden y seguridad, manteniendo una forma de "neutralidad" con respecto al diferendo institucional.

La tranquilidad actual permite suponer incluso que la consulta podría realizarse sin incidentes importantes el próximo domingo. Con el transcurrir de las horas, parecen tener más peso aquellas opiniones que "empujan" hacia una salida negociada que permita una continuidad institucional. Hay quienes suponen que la llegada de una misión de la OEA puede generar un diálogo.

Lo que ha quedado en evidencia es que la oligarquía hondureña intenta e intentará frenar el referéndum de noviembre, que teme el veredicto popular y la posibilidad de que los ciudadanos al elegir a sus constituyentes, opte por representantes populares independientes y relegue a los políticos tradicionales. Ese es el temor de este bloque social.

El presidente Zelaya tendrá que tener en cuenta el poder real de ese bloque opositor en los meses que le restan de mandato y evitar dar pretextos a quienes quieren frenar el proceso de cambios.

- Redacción de SERPAL, Servicio de Prensa Alternativa

Fuente: ALAI
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