LA CUMBRE FRACASA EN EL INTENTO DE DAR UNA RESPUESTA COORDINADA AL CAMBIO CLIMÁTICOLa incapacidad de los países ricos para aceptar su responsabilidad en la crisis ambiental marca la cumbre de Copenhague.
LILIANE SPENDELER ES DIRECTORA DE ÁREAS AMBIENTALES DE LA ORGANIZACIÓN AMIGOS DE LA TIERRA. 25 de diciembre de 2009
Lo que se estaba jugando en Copenhague iba más allá del hecho de intentar preservar el planeta -y por ende a la humanidad- de un cambio climático catastrófico, tarea ya de por sí ambiciosa, compleja y sobre todo urgente. Estaba en juego la construcción de una sociedad global justa y equitativa. Y no es para menos dado que en la actualidad estamos cada vez más alejados de ella, tanto si comparamos países o individuos.
Lo que se estaba jugando en Copenhague iba más allá del hecho de intentar preservar el planeta -y por ende a la humanidad- de un cambio climático catastrófico, tarea ya de por sí ambiciosa, compleja y sobre todo urgente. Estaba en juego la construcción de una sociedad global justa y equitativa. Y no es para menos dado que en la actualidad estamos cada vez más alejados de ella, tanto si comparamos países o individuos.
Desde la revolución industrial, los países ricos han emitido gases de efecto invernadero (GEI), provocando un aumento de las temperaturas del planeta cuyas consecuencias más graves padecen los países del Sur global. Así, los países desarrollados han ido utilizando el espacio ambiental global a costa de los países pobres, sobreexplotando recursos y emitiendo contaminantes, generando así una gran deuda ecológica. Las emisiones de CO2 acumuladas entre 1850 y 2005 por persona son de 1.073 toneladas para América del Norte, 590 para Europa, 67 para América del Sur, 61 para Asia y 24 para África, con una media mundial de 173. Estas cifras podrían parecer frías si no tuvieran como consecuencia la desaparición bajo las aguas de islas del Pacífico, las hambrunas por sequías en África, la desolación de ver sus pueblos aniquilados por huracanes para la gente de los trópicos…
Pero nuestros representantes políticos no toman conciencia de esta responsabilidad, ni para avanzar compromisos de reducciones de emisiones, ni para aportar los fondos que los países no industrializados necesi- tan. La UE ha condicionado en toda la negociación su propuesta de reducción del 30% para 2020 a las propuestas de otros países, en particular China, que no tiene ni mucho menos la misma responsabilidad histórica, ni todavía hoy en día los mismos niveles de emisiones por habitante (5,5 toneladas de CO2/año/pers. comparado con las 10,2 de España por ej.).
Lo que tenía que haber puesto la UE sobre la mesa, de entrada, es un compromiso de reducir sus emisiones en un 40% para 2020 sobre la referencia de 1990 mediante medidas internas, es decir, sin comprar créditos de carbono fuera para seguir contaminando dentro, mecanismos que globalmente no son eficaces para una verdadera reducción de los GEI en la atmósfera. Este objetivo es de posible alcance, según demostraron el Instituto de Medio Ambiente de Estocolmo y Amigos de la Tierra en un informe presentado a principios de diciembre. En cuanto a financiación, las cifras de fondos para los países del Sur global ofrecidas por la UE no son lo justo según su responsabilidad histórica y capacidad económica. El mismo informe estima que a la UE le correspondería aportar una financiación de entre 150 y 450 mil millones anuales hasta 2020, cifras por supuesto nunca avanzadas a lo largo de toda la negociación.
El papel de la agricultura
La agricultura merece una mención cuando tratamos el asunto del cambio climático. Según estimaciones de Vía Campesina, la agricultura industrializada y globalizada es responsable de entre el 44% y el 57% de las emisiones de GEI, tomando en cuenta las actividades de producción y transformación, la deforestación para obtener tierras y el transporte. De allí el potencial de contribuir a la lucha contra el cambio climático de unas políticas que devuelvan un modelo social y ambientalmente responsable de agricultura: uso de la materia orgánica en los suelos, profundo cambio en la producción animal, mercados autóctonos y alimentos frescos y locales, terminar con las deforestaciones y, sobre todo, control de la producción y distribución en manos de los pequeños agricultores y no de las multinacionales agroalimentarias.
En el contexto actual de grave crisis ambiental, lo justo es reparar la deuda ecológica que los países del Norte han contraído con los países del Sur y llegar a igualar los niveles de emisiones de todas las personas del planeta dentro de límites ecológicos. La conversión de la agricultura en una actividad de nuevo controlada por los campesinos tiene un papel básico que jugar. Es tiempo de aplicar la justicia climática y construir la soberanía alimentaria.
Pero nuestros representantes políticos no toman conciencia de esta responsabilidad, ni para avanzar compromisos de reducciones de emisiones, ni para aportar los fondos que los países no industrializados necesi- tan. La UE ha condicionado en toda la negociación su propuesta de reducción del 30% para 2020 a las propuestas de otros países, en particular China, que no tiene ni mucho menos la misma responsabilidad histórica, ni todavía hoy en día los mismos niveles de emisiones por habitante (5,5 toneladas de CO2/año/pers. comparado con las 10,2 de España por ej.).
Lo que tenía que haber puesto la UE sobre la mesa, de entrada, es un compromiso de reducir sus emisiones en un 40% para 2020 sobre la referencia de 1990 mediante medidas internas, es decir, sin comprar créditos de carbono fuera para seguir contaminando dentro, mecanismos que globalmente no son eficaces para una verdadera reducción de los GEI en la atmósfera. Este objetivo es de posible alcance, según demostraron el Instituto de Medio Ambiente de Estocolmo y Amigos de la Tierra en un informe presentado a principios de diciembre. En cuanto a financiación, las cifras de fondos para los países del Sur global ofrecidas por la UE no son lo justo según su responsabilidad histórica y capacidad económica. El mismo informe estima que a la UE le correspondería aportar una financiación de entre 150 y 450 mil millones anuales hasta 2020, cifras por supuesto nunca avanzadas a lo largo de toda la negociación.
El papel de la agricultura
La agricultura merece una mención cuando tratamos el asunto del cambio climático. Según estimaciones de Vía Campesina, la agricultura industrializada y globalizada es responsable de entre el 44% y el 57% de las emisiones de GEI, tomando en cuenta las actividades de producción y transformación, la deforestación para obtener tierras y el transporte. De allí el potencial de contribuir a la lucha contra el cambio climático de unas políticas que devuelvan un modelo social y ambientalmente responsable de agricultura: uso de la materia orgánica en los suelos, profundo cambio en la producción animal, mercados autóctonos y alimentos frescos y locales, terminar con las deforestaciones y, sobre todo, control de la producción y distribución en manos de los pequeños agricultores y no de las multinacionales agroalimentarias.
En el contexto actual de grave crisis ambiental, lo justo es reparar la deuda ecológica que los países del Norte han contraído con los países del Sur y llegar a igualar los niveles de emisiones de todas las personas del planeta dentro de límites ecológicos. La conversión de la agricultura en una actividad de nuevo controlada por los campesinos tiene un papel básico que jugar. Es tiempo de aplicar la justicia climática y construir la soberanía alimentaria.
Foto: Islas Maldivas. AUDE RAUX
Fuente: Periódico Diagonal
Licencia: Creative Commons
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