21/11/2009
En los últimos tiempos, España ha vivido un proceso de incorporación en la agenda política la violencia contra las mujeres. En el ámbito social, ha habido en los últimos años una mayor visualización de la lacra que supone este fenómeno, emparejada a la emergencia, trágica, de los casos mortales. En vísperas del Día Internacional contra la Violencia machista, he creído oportuno hacer una valoración de cómo están las cosas hoy en día en nuestro país y en el mundo.
Posiblemente, la creciente visualización del fenómeno de la violencia machista fue iniciada por los medios de comunicación desde una lógica “no política”, pero ha removido el silencio sobre esta cuestión en los ámbitos social y político. También los grupos de mujeres y sus contribuciones en este ámbito han tomado un mayor protagonismo. Se aprobó la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, entre otras medidas tanto por parte del Gobierno central, como por los gobiernos autonómicos –por ejemplo, en el caso de Catalunya, la Llei del dret de les dones a eradicar la violència masclista, actualmente en fase de despliegue-.
Posiblemente, la creciente visualización del fenómeno de la violencia machista fue iniciada por los medios de comunicación desde una lógica “no política”, pero ha removido el silencio sobre esta cuestión en los ámbitos social y político. También los grupos de mujeres y sus contribuciones en este ámbito han tomado un mayor protagonismo. Se aprobó la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, entre otras medidas tanto por parte del Gobierno central, como por los gobiernos autonómicos –por ejemplo, en el caso de Catalunya, la Llei del dret de les dones a eradicar la violència masclista, actualmente en fase de despliegue-.
La violencia machista tiene una naturaleza estructural y su erradicación dependerá de la capacidad de transformar los fundamentos de un orden social que discrimina a las mujeres sólo por el hecho de serlo; siendo el asesinato de mujeres, por violencia machista, la expresión más extrema de dicha discriminación. Hacen falta muchos cambios sociales a todos los niveles para que vivamos en una sociedad dónde hombres y mujeres seamos libres e iguales.
Las leyes nos sitúan en el buen camino, pero todavía queda mucho camino por recorrer, tal y como evidencia el hecho que los asesinatos de mujeres por violencia machista no cesan. Desde la aprobación de la Ley integral de violencia de género, el número de mujeres asesinadas en el Estado Español ha sido de 82 en 2005, 99 en 2006, 94 en 2007, y 102 en 2008. Éste incremento se debe, seguramente, a que la creación de instrumentos específicos contra la violencia machista ha incrementado, por fin, los casos que salen de la esfera privada.
A raíz de la aprobación y la posterior entrada en vigor de la denominada ley, las cifras de denuncias por violencia no han parado de aumentar, y uno de los aspectos más graves que los poderes públicos deben abordar es que continúan muriendo un importante número de mujeres que habían denunciado previamente.
Este año se cumple el quinto aniversario de la aprobación, en diciembre de 2004, de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Aprobada por unanimidad, dicha ley convertía la violencia de género en “un asunto de Estado”. Esta ley introdujo por primera vez, de forma explícita, la perspectiva de género en el ordenamiento jurídico; puesto que definió la violencia que sufren las mujeres en la pareja, como una manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres.
En aquel momento, la ley suscitó un gran debate social. Parte de este debate se produjo fruto de la precipitación, y de la falta de un consenso suficientemente amplio, tanto con los grupos que apoyaban al Gobierno, como con el conjunto de los agentes sociales implicados. Pero, sobre todo, dicho debate estuvo mediatizado por el intento sistemático de los sectores conservadores de cuestionar los fundamentos generales de la ley que, como hemos dicho, reconoce el machismo como fenómeno social sobre el que hace falta intervenir.
Las cuestiones de inconstitucionalidad que se presentaron, las críticas que afirmaban que los menores u otros familiares quedan desprotegidos en esta ley, la manipulación que supuestamente las mujeres podrían llevar a cabo en los procesos de separación y divorcio… son algunas de las grandes polémicas que acompañaron el proceso de creación de la ley, y que se han mantenido vivas hasta hoy.
Poner en entredicho la constitucionalidad de dicha ley supone no entender la dimensión excepcional que tiene la violencia contra las mujeres. Es una lacra que atenta contra la vida y la dignidad de las mujeres y se basa en unas relaciones de poder desiguales, por lo que requiere una respuesta excepcional y actuaciones contundentes. Se cuestiona esta ley porque introduce la acción positiva en el ámbito penal, cuando el Código penal ya recoge otras acciones positivas para evitar la discriminación por motivo de etnia, edad o discapacidad. Hace falta preguntarse, pues, por qué sólo se cuestiona la acción positiva cuando se trata de mujeres.
Seguramente, la respuesta tenga que ver con la creencia de que la igualdad formal es efectiva a día de hoy. Pero los datos existentes sobre desigualdad entre mujeres y hombres y, en concreto, sobre violencia machista en nuestra sociedad, muestran precisamente lo contrario. Sobre las denuncias falsas, uno de los debates más controvertidos vinculados a esta ley, el análisis realizado recientemente por el CGPJ, es contundente al respecto: de las resoluciones judiciales dictadas entre el 1 de enero de 2007 y el 1 de marzo de 2008, sólo en un caso el juez infiere que la supuesta víctima podría haber inventado la agresión. Dichas cifras son mucho menores que las que encontramos en otro tipo de delitos.
Sin duda, la aprobación de la ley integral supuso un gran paso y desde aquí quiero reivindicarla como una ley necesaria, oportuna y pionera en el conjunto de Europa. Pero lo dicho, no quita que aún estemos muy lejos de presenciar el final de la violencia contra las mujeres. Todavía queda mucho camino por recorrer y hace falta instar al conjunto de instituciones gubernamentales, al personal profesional implicado y a la ciudadanía en general, a mejorar los instrumentos que esta ley prevé, así como a introducir las modificaciones necesarias para incrementar su efectividad.
Las leyes nos sitúan en el buen camino, pero todavía queda mucho camino por recorrer, tal y como evidencia el hecho que los asesinatos de mujeres por violencia machista no cesan. Desde la aprobación de la Ley integral de violencia de género, el número de mujeres asesinadas en el Estado Español ha sido de 82 en 2005, 99 en 2006, 94 en 2007, y 102 en 2008. Éste incremento se debe, seguramente, a que la creación de instrumentos específicos contra la violencia machista ha incrementado, por fin, los casos que salen de la esfera privada.
A raíz de la aprobación y la posterior entrada en vigor de la denominada ley, las cifras de denuncias por violencia no han parado de aumentar, y uno de los aspectos más graves que los poderes públicos deben abordar es que continúan muriendo un importante número de mujeres que habían denunciado previamente.
Este año se cumple el quinto aniversario de la aprobación, en diciembre de 2004, de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Aprobada por unanimidad, dicha ley convertía la violencia de género en “un asunto de Estado”. Esta ley introdujo por primera vez, de forma explícita, la perspectiva de género en el ordenamiento jurídico; puesto que definió la violencia que sufren las mujeres en la pareja, como una manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres.
En aquel momento, la ley suscitó un gran debate social. Parte de este debate se produjo fruto de la precipitación, y de la falta de un consenso suficientemente amplio, tanto con los grupos que apoyaban al Gobierno, como con el conjunto de los agentes sociales implicados. Pero, sobre todo, dicho debate estuvo mediatizado por el intento sistemático de los sectores conservadores de cuestionar los fundamentos generales de la ley que, como hemos dicho, reconoce el machismo como fenómeno social sobre el que hace falta intervenir.
Las cuestiones de inconstitucionalidad que se presentaron, las críticas que afirmaban que los menores u otros familiares quedan desprotegidos en esta ley, la manipulación que supuestamente las mujeres podrían llevar a cabo en los procesos de separación y divorcio… son algunas de las grandes polémicas que acompañaron el proceso de creación de la ley, y que se han mantenido vivas hasta hoy.
Poner en entredicho la constitucionalidad de dicha ley supone no entender la dimensión excepcional que tiene la violencia contra las mujeres. Es una lacra que atenta contra la vida y la dignidad de las mujeres y se basa en unas relaciones de poder desiguales, por lo que requiere una respuesta excepcional y actuaciones contundentes. Se cuestiona esta ley porque introduce la acción positiva en el ámbito penal, cuando el Código penal ya recoge otras acciones positivas para evitar la discriminación por motivo de etnia, edad o discapacidad. Hace falta preguntarse, pues, por qué sólo se cuestiona la acción positiva cuando se trata de mujeres.
Seguramente, la respuesta tenga que ver con la creencia de que la igualdad formal es efectiva a día de hoy. Pero los datos existentes sobre desigualdad entre mujeres y hombres y, en concreto, sobre violencia machista en nuestra sociedad, muestran precisamente lo contrario. Sobre las denuncias falsas, uno de los debates más controvertidos vinculados a esta ley, el análisis realizado recientemente por el CGPJ, es contundente al respecto: de las resoluciones judiciales dictadas entre el 1 de enero de 2007 y el 1 de marzo de 2008, sólo en un caso el juez infiere que la supuesta víctima podría haber inventado la agresión. Dichas cifras son mucho menores que las que encontramos en otro tipo de delitos.
Sin duda, la aprobación de la ley integral supuso un gran paso y desde aquí quiero reivindicarla como una ley necesaria, oportuna y pionera en el conjunto de Europa. Pero lo dicho, no quita que aún estemos muy lejos de presenciar el final de la violencia contra las mujeres. Todavía queda mucho camino por recorrer y hace falta instar al conjunto de instituciones gubernamentales, al personal profesional implicado y a la ciudadanía en general, a mejorar los instrumentos que esta ley prevé, así como a introducir las modificaciones necesarias para incrementar su efectividad.
Clara Bosch es Licenciada en Ciencias Políticas
Fuente: elplural.com
Licencia: Creative Commons
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