Susan Abad
23/10/2009
Falta de voluntad política de gobierno e indiferencia de sociedad civil retardan justicia para víctimas de la violencia paramilitar.
Pese a que se han producido significativos avances, la búsqueda de la verdad, justicia y reparación de las víctimas de la violencia paramilitar en Colombia sigue siendo lenta e ineficiente, y es preocupante la tendencia por parte de las autoridades a dejar en la impunidad miles de crímenes contra los derechos humanos.
Eduardo Pizarro Leóngomez, presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación —creada en el marco de la Ley 975 del 2005, que facilita la desmovilización de los paramilitares, para garantizar a las víctimas de la violencia ejercida por estos grupos su participación en procesos de esclarecimiento judicial y reivindicación de sus derechos—, explica a Noticias Aliadas que “estamos trabajando en dos frentes: la reparación individual y la reparación colectiva. En cuanto a la reparación individual, la Ley 975 del 2005, también llamada Ley de Justicia y Paz, había aprobado una reparación por la vía judicial. Eran los jueces quienes debían reparar a las víctimas con base en los bienes entregados por los victimarios. Para ello se conformó un fondo de reparación a las víctimas, pero dada la lentitud de los procesos penales, el gobierno decidió hacer una reparación por la vía administrativa”.
Pizarro reconoce que esas reparaciones no son suficientes. “Este año el gobierno aprobó US$100 millones para reparar por la vía administrativa a 12,000 víctimas que van a recibir esa indemnización en diciembre, independientemente de las sentencias judiciales, sólo con la certificación de la CNRR. Para el próximo año se aprobaron $150 millones que van a indemnizar a 18,000 víctimas. A estas se debe sumar unas 39,000 víctimas que ya habían sido indemnizadas mediante leyes anteriores”, indica. La CNRR ha recogido las denuncias de unas 250,000 víctimas en total.
Casi medio siglo de espera
Iván Cepeda, director del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, revela a Noticias Aliadas que “desde la aprobación de la Ley de Justicia y Paz, que permitió la desmovilización de más de 31,000 paramilitares, se han realizado sólo 82 audiencias preliminares a una mínima parte de los 3,983 particulares —en su mayoría empresarios, terratenientes, políticos y miembros de las fuerzas públicas— involucrados en esas versiones”.
“Este universo supremamente reducido ha sido menguado además con la extradición [a EEUU por casos de narcotráfico] de los principales 18 jefes paramilitares que están por fuera de cualquier investigación seria de parte de los operadores de la justicia colombiana”, añade, asegurando que “la extradición es claramente una estrategia de impunidad. En el caso del jefe paramilitar Salvatore Mancuso —que desde el año pasado cumple condena en una cárcel de EEUU— se requerirían 47 años para que confiese lo que tiene que decir sobre los 10,000 delitos que él mismo ha dicho va a confesar ante los fiscales”.
Otra estrategia de impunidad, dice, “es el hecho de que han sido asesinados, en una evidente estrategia y planificación para silenciarlos, más de 1,700 desmovilizados, testigos y lugartenientes paramilitares que tenían información sustancial para las víctimas”.
Un componente importante en la reparación es la restitución de bienes. “La población desplazada por la violencia dejó atrás alrededor de 4 millones de hectáreas de tierras. El fracaso de la Ley de Justicia y Paz no significa el fracaso de toda la política de reparación pero sí lo es en [no haber encontrado] instrumentos positivos para acelerarla” asegura Pizarro. “Las tierras que se han restituido constituyen un número muy poco significativo frente a las dimensiones del problema”.
“Al gobierno poco le interesa una perspectiva integral de la reparación”, dice el legislador Guillermo Rivera. “Se está tomando un sentido de la reparación que es la indemnización; además esta reparación está enmarcada en el estilo asistencialista del gobierno, de armar todo un escenario mediático para entregar un cheque que genera un sentimiento de gratitud en el destinatario”.
“Y en términos de la verdad, si bien no tenemos pruebas que acusen directamente al presidente Álvaro Uribe, sí conocemos que personas muy cercanas a él tienen interés en que no se sepa toda la verdad”, agrega. “La extradición de los jefes paramilitares ha generado un enorme déficit de verdad que difícilmente se va a lograr superar”.
Asegura que “quien ha permitido que la verdad aflore no total, pero sí en gran medida, es la Corte Suprema de Justicia, que es la que ha asumido la investigación de las relaciones entre el paramilitarismo y los congresistas”.
“No ha sido igual la celeridad y rigor en la Fiscalía, lo que ha permitido que militares y empresarios vinculados con paramilitares no hayan sido aún juzgados”, agrega Rivera.
Indiferencia, apatía e inercia
Juan Carlos Palou, investigador de la no gubernamental Fundación Ideas para la Paz, precisa que otra “importante amenaza para este proceso es la indiferencia, la apatía o la inercia de la opinión pública. Existe una relativa distancia o indiferencia de la sociedad civil frente al tema”.
El hecho de que no se haya podido lograr verdad, justicia, ni reparación se debe, según Cepeda, a cinco puntos:
Primero, no se ha llegado al juzgamiento de los máximos responsables de los crímenes de lesa humanidad y otras formas de violación a los derechos humanos.
Segundo, porque este proceso debería implicar una efectiva disolución de las estructuras que están siendo desmanteladas y un debilitamiento sustancial de la base política y económica de estas estructuras.
Tercero, no se ha logrado un punto cero en la comisión de estos crímenes de lesa humanidad y de otros comportamientos atroces, que es lo que se denomina en el lenguaje del derecho internacional el principio de la no repetición.
Cuarto, no ha habido un cambio sustancial que sea verificable en la situación de las víctimas, y que signifique una modificación sustancial, no solamente en su situación de vida, sino en su libertad, a su participación política y a la posibilidad de resarcir el daño del que han sido objeto.
Quinto, la carencia de un relato histórico y de una cultura de la memoria acorde con los crímenes contra la humanidad cometidos. —Noticias Aliadas.
Pizarro reconoce que esas reparaciones no son suficientes. “Este año el gobierno aprobó US$100 millones para reparar por la vía administrativa a 12,000 víctimas que van a recibir esa indemnización en diciembre, independientemente de las sentencias judiciales, sólo con la certificación de la CNRR. Para el próximo año se aprobaron $150 millones que van a indemnizar a 18,000 víctimas. A estas se debe sumar unas 39,000 víctimas que ya habían sido indemnizadas mediante leyes anteriores”, indica. La CNRR ha recogido las denuncias de unas 250,000 víctimas en total.
Casi medio siglo de espera
Iván Cepeda, director del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, revela a Noticias Aliadas que “desde la aprobación de la Ley de Justicia y Paz, que permitió la desmovilización de más de 31,000 paramilitares, se han realizado sólo 82 audiencias preliminares a una mínima parte de los 3,983 particulares —en su mayoría empresarios, terratenientes, políticos y miembros de las fuerzas públicas— involucrados en esas versiones”.
“Este universo supremamente reducido ha sido menguado además con la extradición [a EEUU por casos de narcotráfico] de los principales 18 jefes paramilitares que están por fuera de cualquier investigación seria de parte de los operadores de la justicia colombiana”, añade, asegurando que “la extradición es claramente una estrategia de impunidad. En el caso del jefe paramilitar Salvatore Mancuso —que desde el año pasado cumple condena en una cárcel de EEUU— se requerirían 47 años para que confiese lo que tiene que decir sobre los 10,000 delitos que él mismo ha dicho va a confesar ante los fiscales”.
Otra estrategia de impunidad, dice, “es el hecho de que han sido asesinados, en una evidente estrategia y planificación para silenciarlos, más de 1,700 desmovilizados, testigos y lugartenientes paramilitares que tenían información sustancial para las víctimas”.
Un componente importante en la reparación es la restitución de bienes. “La población desplazada por la violencia dejó atrás alrededor de 4 millones de hectáreas de tierras. El fracaso de la Ley de Justicia y Paz no significa el fracaso de toda la política de reparación pero sí lo es en [no haber encontrado] instrumentos positivos para acelerarla” asegura Pizarro. “Las tierras que se han restituido constituyen un número muy poco significativo frente a las dimensiones del problema”.
“Al gobierno poco le interesa una perspectiva integral de la reparación”, dice el legislador Guillermo Rivera. “Se está tomando un sentido de la reparación que es la indemnización; además esta reparación está enmarcada en el estilo asistencialista del gobierno, de armar todo un escenario mediático para entregar un cheque que genera un sentimiento de gratitud en el destinatario”.
“Y en términos de la verdad, si bien no tenemos pruebas que acusen directamente al presidente Álvaro Uribe, sí conocemos que personas muy cercanas a él tienen interés en que no se sepa toda la verdad”, agrega. “La extradición de los jefes paramilitares ha generado un enorme déficit de verdad que difícilmente se va a lograr superar”.
Asegura que “quien ha permitido que la verdad aflore no total, pero sí en gran medida, es la Corte Suprema de Justicia, que es la que ha asumido la investigación de las relaciones entre el paramilitarismo y los congresistas”.
“No ha sido igual la celeridad y rigor en la Fiscalía, lo que ha permitido que militares y empresarios vinculados con paramilitares no hayan sido aún juzgados”, agrega Rivera.
Indiferencia, apatía e inercia
Juan Carlos Palou, investigador de la no gubernamental Fundación Ideas para la Paz, precisa que otra “importante amenaza para este proceso es la indiferencia, la apatía o la inercia de la opinión pública. Existe una relativa distancia o indiferencia de la sociedad civil frente al tema”.
El hecho de que no se haya podido lograr verdad, justicia, ni reparación se debe, según Cepeda, a cinco puntos:
Primero, no se ha llegado al juzgamiento de los máximos responsables de los crímenes de lesa humanidad y otras formas de violación a los derechos humanos.
Segundo, porque este proceso debería implicar una efectiva disolución de las estructuras que están siendo desmanteladas y un debilitamiento sustancial de la base política y económica de estas estructuras.
Tercero, no se ha logrado un punto cero en la comisión de estos crímenes de lesa humanidad y de otros comportamientos atroces, que es lo que se denomina en el lenguaje del derecho internacional el principio de la no repetición.
Cuarto, no ha habido un cambio sustancial que sea verificable en la situación de las víctimas, y que signifique una modificación sustancial, no solamente en su situación de vida, sino en su libertad, a su participación política y a la posibilidad de resarcir el daño del que han sido objeto.
Quinto, la carencia de un relato histórico y de una cultura de la memoria acorde con los crímenes contra la humanidad cometidos. —Noticias Aliadas.
Fuente: Noticias Aliadas
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