Noticias Aliadas
23/10/2009
Miles se movilizan en defensa de la naturaleza.
Bajo el lema “Salvemos el Planeta”, del 12 al 16 de octubre se realizó la Minga Global por la Madre Tierra, movilización mundial contra la contaminación, la mercantilización de la vida y los bienes naturales, la militarización y la criminalización social.
Esta iniciativa fue lanzada por las organizaciones indígenas durante el Foro Social Mundial 2009, llevado a cabo en enero en Belem, Brasil, y ratificada en la IV Cumbre de Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Abya Yala, reunida en Puno, Perú, en mayo.
Esta iniciativa fue lanzada por las organizaciones indígenas durante el Foro Social Mundial 2009, llevado a cabo en enero en Belem, Brasil, y ratificada en la IV Cumbre de Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Abya Yala, reunida en Puno, Perú, en mayo.
“La Tierra es un ser vivo y está gravemente enferma. Somos quienes vivimos en ella quienes la estamos afectando con el virus del desarrollismo. Vivimos en un océano llamado atmósfera, así como los peces en el agua. Sin ella no habría vida, porque contiene el oxígeno y el agua, y con ellos los bosques y las lluvias que dan sustento a los seres vivos. Pero la estamos afectando terriblemente”, dice la convocatoria.
Con marchas, plantones y ceremonias, los pueblos indígenas latinoamericanos, acompañados por organizaciones de la sociedad civil participaron en la Minga Global.
En el marco del evento, el Tribunal Internacional de Justicia Climática (TIJC) realizó su primera sesión el 13 y 14 de octubre en Cochabamba, Bolivia, donde se analizaron siete denuncias sobre el impacto del cambio climático y la vulneración de los derechos de las comunidades.
El TIJC fue creado en la IV Cumbre de Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Abya Yala con el objetivo de juzgar a los responsables por el cambio climático y sus efectos sobre los derechos humanos. El jurado del tribunal estuvo integrado por dirigentes indígenas, especialistas y personalidades de Argentina, Chile, EEUU, El Salvador, Holanda, Irlanda, Perú y Puerto Rico.
Entre los casos revisados por el tribunal se encuentran los impactos causados por la Iniciativa de Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA) y la contaminación por plomo en las ciudades peruanas de Cerro de Pasco y La Oroya.
EL TIJC llegó a la conclusión de que en los siete casos revisados se vulneraron los derechos a la vida y a la seguridad, a la salud, al agua, a la alimentación, a un nivel de vida adecuado, a la subsistencia, a la libre determinación, a la cultura, a la propiedad, a la libertad de movimiento y residencia, a un medio ambiente sano, a la consulta, y a la manifestación pública y libre asociación.
El tribunal, cuyos fallos no son vinculantes, recomendó “avanzar en la adopción de medidas cautelares que puedan incidir en la no-repetición de los crímenes aquí denunciados, incluyendo la no mercantilización de las respuestas al cambio climático, el fin del rol evidenciado de las instituciones financieras internacionales en el financiamiento del cambio climático y las falsas soluciones al mismo, y la no-generación de nuevo endeudamiento como respuesta a la crisis”. —Noticias Aliadas.
Con marchas, plantones y ceremonias, los pueblos indígenas latinoamericanos, acompañados por organizaciones de la sociedad civil participaron en la Minga Global.
En el marco del evento, el Tribunal Internacional de Justicia Climática (TIJC) realizó su primera sesión el 13 y 14 de octubre en Cochabamba, Bolivia, donde se analizaron siete denuncias sobre el impacto del cambio climático y la vulneración de los derechos de las comunidades.
El TIJC fue creado en la IV Cumbre de Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Abya Yala con el objetivo de juzgar a los responsables por el cambio climático y sus efectos sobre los derechos humanos. El jurado del tribunal estuvo integrado por dirigentes indígenas, especialistas y personalidades de Argentina, Chile, EEUU, El Salvador, Holanda, Irlanda, Perú y Puerto Rico.
Entre los casos revisados por el tribunal se encuentran los impactos causados por la Iniciativa de Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA) y la contaminación por plomo en las ciudades peruanas de Cerro de Pasco y La Oroya.
EL TIJC llegó a la conclusión de que en los siete casos revisados se vulneraron los derechos a la vida y a la seguridad, a la salud, al agua, a la alimentación, a un nivel de vida adecuado, a la subsistencia, a la libre determinación, a la cultura, a la propiedad, a la libertad de movimiento y residencia, a un medio ambiente sano, a la consulta, y a la manifestación pública y libre asociación.
El tribunal, cuyos fallos no son vinculantes, recomendó “avanzar en la adopción de medidas cautelares que puedan incidir en la no-repetición de los crímenes aquí denunciados, incluyendo la no mercantilización de las respuestas al cambio climático, el fin del rol evidenciado de las instituciones financieras internacionales en el financiamiento del cambio climático y las falsas soluciones al mismo, y la no-generación de nuevo endeudamiento como respuesta a la crisis”. —Noticias Aliadas.
Fuente: Noticias Aliadas
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