Lima, 22/10/2009 (CNR) -- Instituciones organizadas en el Grupo de Trabajo de Reparaciones de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) lanzaron la campaña: “Señor Presidente, Reparar es Urgente”, que tiene como finalidad comprometer al Gobierno a no postergar por más tiempo la implementación de las reparaciones económicas individuales a las víctimas del conflicto armado.Rocío Paz, coordinadora del citado grupo, indicó que en el marco de dicha iniciativa ayer se desarrolló una reunión con las autoridades regionales de Ayacucho. Se prevé hacer lo propio en Apurímac, Junín y Húanuco como antesala a la audiencia pública programada para el 11 de noviembre en el Congreso. +Audio
En la sesión, con el apoyo de los parlamentarios de las regiones antes mencionadas, se levantará un memorial para exigir al presidente Alan García iniciar la entrega de reparaciones a partir del próximo año.
Recordó que en la actualidad existen más de 30 mil víctimas inscritas en el registro del Consejo de Reparaciones (CR), reconocidas por el Estado como beneficiarias directas de reparación económica individual.
Sin embargo, la ley del Plan Integral de Reparaciones (PIR) establece que la entrega de estas reparaciones se haga efectiva recién cuando se complete el Registro Único de Víctimas. Empero, se sabe que, debido a la falta de recursos, el CR no podría dar cumplimiento a esa tarea.
"Ya no se puede esperar mas; teniendo los nombres y apellidos de los afectados, toca al Estado entregar las reparaciones (...) Lamentablemente, el RUV está en un momento crítico. Tendría que cerrar o reducir su funcionamiento pues no tiene recursos para que funcione", señaló Rocío Paz, coordinadora del Grupo de Trabajo de Reparaciones de la CNDDHH.
En ese contexto, es indispensable que la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN), órgano estatal del ámbito de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), y las instancias del Estado que corresponda, aseguren una partida presupuestal para el inicio de las reparaciones económicas individuales a las víctimas de la violencia política, atendiendo de manera urgente a las personas de la tercera edad.
Cabe recordar que Teodora Pariona y Delfina Chávez, fueron dos tenaces madres integrantes de la Asociación Nacional de Familiares Secuestrados y Desaparecidos del Perú (ANFASEP), quienes durante más de 25 años hicieron denodados esfuerzos para que se les reconozca sus derechos a la verdad y a la justicia. Ellas fallecieron recientemente sin alcanzar a recibir reparación.
El Grupo de Trabajo de Reparaciones de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos está conformado por activistas e instituciones de derechos humanos que realizan un permanente monitoreo de la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en materia de reparaciones a las víctimas de la violencia.
Recordó que en la actualidad existen más de 30 mil víctimas inscritas en el registro del Consejo de Reparaciones (CR), reconocidas por el Estado como beneficiarias directas de reparación económica individual.
Sin embargo, la ley del Plan Integral de Reparaciones (PIR) establece que la entrega de estas reparaciones se haga efectiva recién cuando se complete el Registro Único de Víctimas. Empero, se sabe que, debido a la falta de recursos, el CR no podría dar cumplimiento a esa tarea.
"Ya no se puede esperar mas; teniendo los nombres y apellidos de los afectados, toca al Estado entregar las reparaciones (...) Lamentablemente, el RUV está en un momento crítico. Tendría que cerrar o reducir su funcionamiento pues no tiene recursos para que funcione", señaló Rocío Paz, coordinadora del Grupo de Trabajo de Reparaciones de la CNDDHH.
En ese contexto, es indispensable que la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN), órgano estatal del ámbito de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), y las instancias del Estado que corresponda, aseguren una partida presupuestal para el inicio de las reparaciones económicas individuales a las víctimas de la violencia política, atendiendo de manera urgente a las personas de la tercera edad.
Cabe recordar que Teodora Pariona y Delfina Chávez, fueron dos tenaces madres integrantes de la Asociación Nacional de Familiares Secuestrados y Desaparecidos del Perú (ANFASEP), quienes durante más de 25 años hicieron denodados esfuerzos para que se les reconozca sus derechos a la verdad y a la justicia. Ellas fallecieron recientemente sin alcanzar a recibir reparación.
El Grupo de Trabajo de Reparaciones de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos está conformado por activistas e instituciones de derechos humanos que realizan un permanente monitoreo de la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en materia de reparaciones a las víctimas de la violencia.
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Foto: Gobierno se comprometió a entregar reparaciones individuales a partir del 2010 • CNR
Fuente: CNR
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