Lima, 22/10/2009 (CNR) -- La impunidad a miembros de las Fuerzas Armadas vinculados a graves violaciones de derechos humanos en los años de la guerra contrasubversiva se está gestando desde la Sala Penal Nacional, que tiende a absolver sucesivamente a mandos militares, denunciaron hoy abogados representantes de organizaciones defensoras de derechos humanos.En los últimos años, las estadísticas señalan que el número de absoluciones ha sido de 82%, y sólo el 18% restante han sido fallos condenatorios. Hubo 52 policías y militares absueltos, y sólo doce condenados. Según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), esto crea una jurisprudencia peligrosa que busca restar responsabilidad de los responsables de los crímenes. +Audio
El secretario ejecutivo de la organización, Ronald Gamarra, lamentó que los magistrados de la Sala Penal Nacional cedan a las presiones de autoridades del Ejecutivo y del Congreso que buscan consagrar la impunidad. Por ello, emplazó al presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein, a dar explicaciones sobre ese conjunto de sentencias y aclarar si es una política de la Judicatura.
Gamarra, además, le enmendó la plana al ministro de Defensa, Rafael Rey, quien hace días afirmó que los delitos cometidos por agentes del Estado, como la masacre de Putis, no constituyen delitos de lesa humanidad sino sólo un asesinato. “Lo que diferencia a los delitos comunes de los de lesa humanidad es que éstos se cometen de forma sistemática y generalizada”.
“Es sistemática porque hay forma de demostrar que todos estos delitos se parecen y hay un modus operandi en común en la ejecución; y generalizada porque hay un número muy grande de casos. Eso determina la condición de crimen de lesa humanidad”, indicó, por su parte el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Carlos Rivera.
Rivera acotó que hay una marcada tendencia por parte de la Sala Penal Nacional para exigir pruebas directas y documentos escritos que acrediten la comisión de los delitos. “Durante el juicio a (el ex presidente Alberto) Fujimori se ha demostrado que las órdenes para este tipo de crímenes nunca son escritas; es más, hay un interés por ocultar cualquier tipo de evidencia”.
El letrado aclaró que muchas de las pruebas documentales que la Sala Penal Nacional exige al Ministerio Público están en manos del Ministerio de Defensa, y, como se sabe, es sistemática la negativa de este portafolio a proporcionar información alguna.
En otro momento, Ronald Gamarra negó con énfasis la acusación de diversos sectores del Estado que afirman que la CNDDHH ejerce una defensa velada del terrorismo. Recordó al respecto la defensa que han asumido de los comuneros de Lucanamarca, víctimas de una masacre senderista.
Subrayó que, como institución, hacen visitas continuas al hospital militar y dan asistencia humanitaria a soldados que retornan de la lucha contra el narcoterrorismo en el Valle del Río Apurímac y Ene (VRAE). “La documentación respecto a las labores que hacemos en ese sentido está a disposición de quien lo requiera”.
Cabe recordar que en el 2004, por recomendación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), se creó la Sala Penal Nacional para procesar crímenes contra los derechos humanos y empezó a emitir sentencias desde el 2005.
Los activistas por derechos humanos concluyeron que “si Fujimori o Montesinos habrían sido juzgados por la Sala Penal Nacional, no habrían sido condenados”.
Gamarra, además, le enmendó la plana al ministro de Defensa, Rafael Rey, quien hace días afirmó que los delitos cometidos por agentes del Estado, como la masacre de Putis, no constituyen delitos de lesa humanidad sino sólo un asesinato. “Lo que diferencia a los delitos comunes de los de lesa humanidad es que éstos se cometen de forma sistemática y generalizada”.
“Es sistemática porque hay forma de demostrar que todos estos delitos se parecen y hay un modus operandi en común en la ejecución; y generalizada porque hay un número muy grande de casos. Eso determina la condición de crimen de lesa humanidad”, indicó, por su parte el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Carlos Rivera.
Rivera acotó que hay una marcada tendencia por parte de la Sala Penal Nacional para exigir pruebas directas y documentos escritos que acrediten la comisión de los delitos. “Durante el juicio a (el ex presidente Alberto) Fujimori se ha demostrado que las órdenes para este tipo de crímenes nunca son escritas; es más, hay un interés por ocultar cualquier tipo de evidencia”.
El letrado aclaró que muchas de las pruebas documentales que la Sala Penal Nacional exige al Ministerio Público están en manos del Ministerio de Defensa, y, como se sabe, es sistemática la negativa de este portafolio a proporcionar información alguna.
En otro momento, Ronald Gamarra negó con énfasis la acusación de diversos sectores del Estado que afirman que la CNDDHH ejerce una defensa velada del terrorismo. Recordó al respecto la defensa que han asumido de los comuneros de Lucanamarca, víctimas de una masacre senderista.
Subrayó que, como institución, hacen visitas continuas al hospital militar y dan asistencia humanitaria a soldados que retornan de la lucha contra el narcoterrorismo en el Valle del Río Apurímac y Ene (VRAE). “La documentación respecto a las labores que hacemos en ese sentido está a disposición de quien lo requiera”.
Cabe recordar que en el 2004, por recomendación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), se creó la Sala Penal Nacional para procesar crímenes contra los derechos humanos y empezó a emitir sentencias desde el 2005.
Los activistas por derechos humanos concluyeron que “si Fujimori o Montesinos habrían sido juzgados por la Sala Penal Nacional, no habrían sido condenados”.
Audio
Foto: Del total de militares procesados, el 82% fueron absueltos por la Sala Penal Nacional • CNDDHH
Fuente: CNR
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